Anticipo de $19 millones a Apex General Contractors incumple con reglamentos del Gobierno
La orden de compra de las pruebas rápidas para detectar COVID-19 fue cancelada por no tener el aval de la FDA y no llegar a tiempo, a pesar que la factura de compra establece que los suministros ya habían sido recibidos.
En momentos en que se cuestiona si la gobernadora Wanda Vázquez Garced, sabía o no si su gobierno ordenó comprar un millón de pruebas rápidas para detectar Coronavirus (COVID-19) a contratistas sin ninguna experiencia en manejo de suministros médicos, al menos cinco agencias gubernamentales conocían de la transacción que ascendió a $38 millones, una de las más grandes de todas las que se han realizado para atender la pandemia en la Isla.
Una carta suscrita por el Departamento de Seguridad Pública (DSP) deja en evidencia la comunicación con el Departamento de Hacienda. En esta carta se incluye además al Departamento de Salud.
En la misiva, con fecha del 27 de marzo de 2020, se buscaba autorización para efectuar el pago por adelantado de $19 millones a Apex General Contractors LLC. (APEX), empresa que prometió entregar el 31 de marzo un millón de pruebas rápidas a un costo de $38 millones.
“Conforme al Reglamento número 31 de Pago por Anticipado de Bienes o Servicios al Gobierno de Puerto Rico, solicitamos su autorización para efectuar un pago por anticipado mediante el comprobante número 20210618 a nombre de APEX GENERAL CONTRACTORS LLC, para propósito del pago de la adquisición de COVID-19 RAPIT TEST. Para la realización de esta compra el suplidor requiere un pago por adelantado del 50% de la misma, por la cantidad de $19,000,000.00 millones. Debido al momento de la emergencia que está atravesando el país, a raíz de la pandemia declarada por el Coronavirus (COVID-19), este servicio es indispensable y con carácter de urgencia para que el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) y el Departamento de Salud puedan estar preparado para enfrentar cualquier situación de mayor envergadura’’, lee parte de la misiva cursada por la directora interina de Asuntos Fiscales y Presupuesto del DSP, Arlene Disdier Ortiz pero firmada por Vanessa Figueroa Colón del Área de Finanzas y Presupuesto del NMEAD, agencia bajo la sombrilla del DSP.
En la carta, la cual fue dirigida al secretario auxiliar de Contabilidad Central de Gobierno del Departamento de Hacienda, Alfonso Rossy Raíces, el DSP justificó su pedido a base de la Orden Ejecutiva Núm. OE2020-020 firmada por la gobernadora para declarar a Puerto Rico en estado de emergencia ante la propagación del COVID-19.
Además, fundamentan la necesidad del adelanto millonario a base de un reglamento en el que no surge de su lectura que el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, tuviera la potestad de autorizar el anticipo millonario a la mencionada empresa.
La base legal del Reglamento Núm. 31 promulgado por el Área de Contabilidad Central de Gobierno establece que los pagadores podrían efectuar pagos por adelantado “de aquellos servicios o suministros que según costumbre o práctica comercial se pagaren por anticipado, cuando la necesidad del servicio así lo requiera”.
Más adelante, se mencionan un total de 14 instancias específicas en las que procedería que el titular de Hacienda autorizase el pago por adelantado. Ninguna de estas incluye la compra de materiales o suministros médicos o cualquier instrucción de la cual razonablemente pueda inferirse que la compra de pruebas está mencionada en la reglamentación.
Fecha de la carta crea confusión
La carta de autorización cursada por el DSP a Hacienda tiene fecha del viernes, 27 de marzo de 2020, un día después de que la secretaria interina de Salud, la doctora Concepción Quiñones de Longo, hiciera efectiva su renuncia inmediata, lo cual crea serias dudas sobre el tracto que se siguió para ordenar el millón de pruebas rápidas a APEX a un costo que se alega está por encima de lo que se ofrece en el mercado mundial.
De acuerdo a la factura 102026 fechada el jueves 26 de marzo, APEX requirió el pago adelantado de $19 millones al NMEAD.
Al día siguiente, NMEAD envió la petición para que Hacienda autorizara el anticipo millonario.
Ese mismo día, la factura de APEX aparece firmada por el comisionado de NMEAD, general José Burgos, quien no solo certifica que se ha autorizado el pago anteriormente, sino que da fe de que “los artículos o servicios indicados en esta factura se recibieron”.
Esta aseveración de que l“los artículos o servicios indicados en esta factura se recibieron" se contradice con el mismo documento que establece que la fecha de entrega (On Delivery) de las pruebas rápidas era el martes, 31 de marzo.
Se desconoce si esta solicitud al Departamento de Hacienda para adelanto de pago por parte del DSP fue contestada el mismo viernes o en una fecha posterior.
Tampoco se sabe la razón por la que el DSP realizó la orden más grande de pruebas rápidas registradas a la fecha.
El resto de las órdenes de compra han sido solicitadas formalmente por el Departamento de Salud, aunque fuentes de este periodista aseguran que los pedidos de cotización y gestiones para hacer posible la adquisición de las pruebas rápidas se realizaron desde La Fortaleza.
La gobernadora Vázquez Garced rechazó tener relación con APEX.
“¿Mi relación? Ninguna absolutamente. Primero que no tengo ninguna relación y segundo que no tuve absolutamente nada que ver con la contratación, con las órdenes de compra. Todos esos documentos lo tienen los medios, se los entregó el secretario de Salud, así que cualquier cuestionamiento pueden hacerlo directamente, tienen ahí los documentos. Son los mismos suplidores que le han dado servicio al Departamento de Salud”, afirmó Vázquez Garced en conferencia de prensa la noche del pasado domingo para desvincularse de la controversia.
“Ninguna intervención, eso es una función del Departamento de Salud. Lo hizo el Departamento de Salud. No tenía por qué dudar de las actuaciones que tomaron los secretarios y la secretaria interina, al contrario, entiendo que son personas que conocen su trabajo, así que confío, obviamente, en el funcionamiento de estos secretarios, y obviamente cuando llegó el secretario (González Feliciano), lo que hemos visto el día de hoy”, añadió la mandataria durante la conferencia de prensa.
El secretario de Salud sostuvo el domingo que la orden fue cancelada porque el cargamento no llegó en la fecha prometida, ni tenía aval de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).
NotiCel solicitó al Departamento de Hacienda el tracto del desembolso para conocer si APEX solo recibió una transferencia electrónica con el adelanto de $19 millones, debido a que la factura firmada por el comisionado de NMEAD certifica el montil total y que "los artículos o servicios indicados en esta factura se recibieron". Al momento de esta publicación se esperaba por una respuesta.
Ayer trascendió que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) autorizó la erogación de fondos pero su directora Iris Santos aclaró que su gestión se limita a certificar que el dinero está disponible.