Escasea el equipo de protección personal.

“Nos sentimos vulnerables. Nos sentimos inseguros. Nos sentimos menospreciados”.

Ese grito de ayuda es de una persona que integra la clase médica del país, que está desprovista de equipo de protección personal para atender la emergencia del coronavirus, o COVID-19, pandemia que a nivel local ha cobrado la vida de al menos una enfermera y ha contagiado a otros 40.

Es, además, un testimonio que deja plasmada la realidad que enfrentan cientos de enfermeros, doctores, escoltas en salas de emergencia, personal de seguridad ambiental y otros empleados de hospitales alrededor de la Isla que, con turnos de ocho, 12 horas o más, tienen asegurado algún nivel de exposición a este temible virus ante la cantidad limitada de equipo protector, así como “hand sanitizer”.

“Las instrucciones fueron que esa mascarilla sea para cinco días”, contó un profesional de la salud que permanecerá en el anonimato para proteger su empleo.

Labora en el hospital HIMA San Pablo, en Caguas, donde los recursos, relató, han estado limitados desde antes del huracán María, pero con el COVID-19 se ha hecho más urgente la inhabilidad de adquirir inventario.

La vida útil de estas mascarillas, que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recién recomendaron que sean utilizadas en todo momento por las personas, es alrededor de ocho horas.

“Nosotros tenemos turnos 12 horas, sumado a eso, tenemos que llevarlas a las casas, usarlas por cinco días. Es como darle pon al virus”, comentó.

En esta institución, según el relato, los enfermeros y médicos recibieron este acceso limitado a mascarillas luego de haber interactuado por espacio de una semana con una paciente que resultó ser positiva a COVID-19. La muestra fue enviada a un laboratorio en California, razón por la cual tardó tanto tiempo en revelarse el diagnóstico.

Se alega que la mujer, de 94 años, con Alzheimer y sin historial de viaje, fue contagiada por su hija, quien estuvo recluida en el Hospital de Veteranos en San Juan.

Tras una semana en un cuarto regular, o sea, que comparte su aire con el hospital, la paciente fue movida a la Unidad de Cuidado Intensivo a un cuarto de “presión negativa”, o aire que sale fuera del hospital.

NotiCel contactó al hospital para conocer las medidas de protección para el personal que labora en las instalaciones y los protocolos en casos de contagio. Sin embargo, la institución indicó que "no vamos a expresarnos sobre el tema. Muchas gracias por la comprensión".

En un comunicado de prensa, la red de Hospitales HIMA San Pablo aseguró que todas sus salas de emergencia atendían posibles contagiados con COVID-19 desde el inicio de la emergencia, especialmente en Bayamón, donde reciben este tipo de pacientes todos los días.

En los protocolos del equipo médico creado por la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, o “task force”, se recomienda el uso de mascarilla regular y guantes desde el área de servicio no clínico o área clínica ambulatoria de menor riesgo, así como en la evaluación de paciente ambulatorio. De ahí en adelante, las precauciones deben ser mayores, como el uso de batas, gafas protectoras, gorros y protectores de zapatos.

“Se desarrollaron múltiples protocolos abordando esos problemas, que incluyen la protección de acuerdo con el nivel de contacto de cada persona en Puerto Rico, desde el contacto casual”, señaló el “task force” a este diario en declaraciones escritas.

El CDC, por su parte, no actualizan sus guías de protección para personal de la salud desde el 7 de marzo. No obstante, hacen constar que los especialistas que interactúan en lo mínimo con contagiado tienen igual nivel de riesgo de exposición.

Como medida preventiva, la agencia federal recomienda excluir del trabajo a esos empleados por 14 días luego del último día en que fueron expuestos.

Ya el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos, había confirmado a NotiCel el contagio de al menos cuatro profesionales de la salud y la necesidad de allegarle equipo protector los hospitales y sus empleados.

Mientras, Gerson Guzmán López, presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), dijo que "el problema es sumamente serio, no solamente para la clase médica, sino personal clínico, enfermería, personal técnico de sala de emergencia, radiología. Es una realidad que estamos enfrentando. A nivel internacional es un problema similar de demanda y abastecimiento".

De acuerdo al líder sindical, fijar un número de personal en riesgo es una tarea complicada, ya que no todas las instituciones médicas cuentan con un sindicato, pero aseguró que se trataba de miles de personas.

La UGT nada más, por ejemplo, representa a más de 6,000 profesionales de la salud.

“Si no protegemos los cuidadores, va a pasar como en Europa que esta fuerza laboral disminuye y la atención al paciente se afecta porque no recibe el 100 por ciento como se supone que suceda. Ha sido crítico en otras jurisdicciones y si pasa en Puerto Rico sería catastrófico, porque además a través de los años ha habido un éxodo de profesionales. El talento joven lo expulsaron de Puerto Rico”, exclamó Guzmán López.

El viernes, el Hospital Auxilio Mutuo confirmó la muerte de la enfermera Sonia Román, quien trabajaba en el Departamento de Enfermería y es el primer deceso de una profesional de la salud que batallaba contra el COVID-19 en la Isla.

La preocupación yace en que, más allá de aumentar las posibilidades de un contagio comunitario, se trata del personal de la primera línea de respuesta a esta pandemia.

“Estoy insistiendo sobre esto porque está mal. No es seguro. Nunca vamos a ‘aplanar la curva’ de los casos si los sistemas de hospitales siguen actuando de esta manera. Mucha gente no puede hablar porque tienen miedo o porque saben que los van a despedir”, según la doctora Neilly Buckalew en entrevista con NPR.

Buckalew, una médico itinerante, viaja a distintos estados de los Estados Unidos a los hospitales en que se necesite su ayuda. En Idaho, fue despedida por llegar con su propio equipo de protección personal. Según el reportaje, le indicaron que la acción atentaba contra la política del hospital, que podría provocar entre los demás empleados querer sus propias máscaras y que los CDC no exigían aún ese tipo de protección.

En Italia, hasta el 22 de marzo, 1 de cada 10 casos de COVID-19 correspondían a profesionales de la salud, según la revista VOX. En la ciudad de Boston, en Massachusetts, más de 100 trabajadores de los tres hospitales más grandes han contraído el coronavirus.

En Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo imploró a médicos de otras áreas para ayudar a las instituciones hospitalarias en necesidad, no solo por el alto volumen de casos, sino porque el personal especializado también escasea.

A nivel local, algunos enfermeros han recibido ofertas de trabajo en la nación norteamericana por un salario de $6,000 semanales para atender pacientes de COVID-19, considerado “una misión suicida” por las volatilidad de la situación.

Guzmán López nombró estados como Nueva York, Florida, Chicago, Texas y Massachusetts, que han ofrecido alrededor de $103 la hora por ocho semanas de trabajo. En turnos de 12 horas, eso se traduciría a $1,236 al día.

“Eso obviamente es llamativo y lo van a considerar. Ahora sí, hemos visto que el epicentro es la ciudad de Nueva York y pudiera de alguna instancia frenar el éxodo. En Puerto Rico hay un problema más allá de eso. Aquí desde que se puso la reforma de Salud bajo el gobernador Pedro Rosselló González, se afectaron y cerraron los servicios primarios y secundarios en los pueblos, que eran los CDT y hospitales regionales. Eso provocó que todos acudieran a Centro Médico y ASEM. Hemos visto en los pasados años el hacinamiento de pacientes. No caben. Es parte de lo que provocó cerrar servicios primarios y secundarios. Ahora mismo hubiera sido una forma muy eficiente de atender el COVID-19”, explicó Guzmán López.

Además de los médicos, personal del Departamento de Seguridad Pública (DSP) —que incluye policías, bomberos, patólogos forenses y personal de manejo de emergencias, entre otros— ha demostrado estar en alto peligro de contagio. Más de 300 empleados de esta agencia encuentran aislados, en su mayoría policías.

La paralización nacional provocada por el COVID-19 ha dejado en suspenso otros servicios de los hospitales, razón por la cual el San Jorge Children & Women's Hospital suspendió a la mitad de sus empleados en plena pandemia, número ascendente a 244 personas, como técnicos, enfermeras y trabajadores en la línea clerical, entre otros.