Del tracto que compartió ante la Comisión de Salud de la Cámara, se desprende una larga trayectoria en el servicio público y la cercanía con las personas adecuadas para tramitar el contrato investigado hoy y que le dejaría una ganancia de $10 millones.

En su cita ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, el licenciado Juan Maldonado de Jesús se reafirmó en que la fallida compra de un millón de pruebas para detectar el coronavirus no prosperó por situaciones ajenas a su control, como lo fueron las intervenciones de dos bancos y las alegadas directrices inconsistentes por parte del Departamento de Salud.

Sin embargo, su extenso testimonio también reveló que, para bien o para mal, estuvo en el lugar indicado, en el momento idóneo y contaba con los contactos necesarios para encaminar una compra de $38 millones a la empresa Apex General Contractors (APEX), a la cual suponía representar como abogado, aunque no pareció identificarse como tal en sus comunicaciones electrónicas relacionadas a la transacción, según documentos en poder de la Comisión de Salud.

De concretarse, la compra hubiera resultado en una ganancia cercana a los $10 millones para APEX, tajada que sería dividida entre él y otras personas.

Al preguntársele si recibió ayuda de sus conocidos en el servicio público para priorizar su propuesta en medio de la emergencia, Maldonado de Jesús no pudo precisar si se encontró en el lugar o en el momento equivocado, en referencia al conocido refrán.

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El abogado ocupó la dirección de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) hasta febrero de 2019, fecha en que renunció luego de que residentes de la isla-municipio de Vieques denunciaran que autorizó el viaje de un “ferry” de carga desde Ceiba hacia el Puerto Mosquito para una boda, cuando ese mismo día se habían averiado las únicas dos embarcaciones disponibles para transportar a los residentes.

Vínculo temprano con APEX

Su llegada a la ATM estuvo precedida por experiencia laboral en oficinas y agencias que ayudaron a amasar un listado de conocidos, quienes eventualmente lo ataron a APEX y a otras empresas bajo escrutinio de la Comisión de Salud.

Antes de la ATM, el licenciado fue reclutado -- a inicios de cuatrienio -- por el actual secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras Aponte, como asesor legal, principal oficial de cumplimiento y otras funciones. Maldonado de Jesús aseguró que llegó a ocupar cinco posiciones de manera simultánea.

Aunque con una “carga de trabajo inmensa”, durante el período de emergencia tras el paso del huracán María, Maldonado de Jesús trabajó desde el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) en el Centro de Convenciones, donde firmó un contrato entre APEX y el DTOP.

“El contrato lo debe establecer, pero lo firmaba el representante de la empresa. El presidente es Robert Rodríguez”, indicó Maldonado de Jesús. Al preguntársele quién era Robert Rodríguez, respondió, en medio de risas, “Robert Rodríguez es Robert Rodríguez”.

Experiencia laboral previa de Maldonado de Jesús:

Según su relato, comenzó a trabajar en el Gobierno bajo la administración de Pedro Rosselló González, en lo que posteriormente se convirtió en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

Bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá, fue vicepresidente de asuntos legales de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA).

Mientras tanto, bajo la administración de Luis Fortuño Burset, laboró en la administración de Reglamentos y Permisos.

A Rodríguez lo conoce desde el 2012, relación que surgió porque los hijos de ambos tienen edades similares y estudian en el mismo lugar. Según su descripción, le ha provisto consultas legales en el pasado, alegadamente libre de costo, y gozan de una amistad cercana, en la que comparten en actividades y reuniones de negocios.

“Yo no trabajo con APEX, mi relación particular es como abogado de la transacción. Anteriormente le he provisto asesoría al presidente, al señor Rodríguez, pero no ocupo ninguna posición como tal, ni contrato. Nada”, declaró.

Una vez fue promovido a director ejecutivo de la ATM, Maldonado de Jesús conoció a Aaron Vick, quien obtuvo un contrato con la dependencia mediante la empresa Fortress Maritime, con el propósito de proveer consultoría para la apertura del muelle de Ceiba.

Vick es quien aparece como firmante en el contrato de APEX, porque, según Maldonado de Jesús, utilizar un nombre “americano” funciona en los contratos locales, toda vez que lo ayudaba a mantenerse al margen de la transacción. La prestación de la firma le generaría un tipo de ganancia a Vick, pero no se especificó cuánto.

Al igual que Rodríguez, Maldonado también describió a Vick como su “amigo”.

“Luego de este proceso tengo que ser bien cándido. La palabra amistad quizás hay que limitarla de alguna manera. En ese sentido pues la relación es una mayormente de negocios. Sí, nos hemos sentado a cenar en casa”, relató Maldonado de Jesús.

También ligado a 313, LLC. y Grupo Lemus

El recuento de Maldonado de Jesús lo ató a la empresa 313, LLC, que enmendó sus artículos de incorporación dos días antes de ser contratada por el Departamento de Salud para incluir entre sus ofrecimientos la venta de productos relacionados a esa industria.

La empresa que fue contratada para proveer 101,500 pruebas serológicas que detectaran el COVID-19, cuenta con Ricardo Vázquez como presidente, y sumó como socios a Wilfredo Rodríguez Moreno y a Miguel García Robles, así como a Juan Suárez Lemus, del Grupo Lemus.

Vázquez, también amigo de Maldonado de Jesús, fue el “agente residente” en la empresa Alister McKinley LLC, que el abogado incorporó en el 2019, dos meses después de su salida de la ATM.

“Cuando salí de la administración, Grupo Lemus me ofreció la oportunidad de unirme al grupo. Estuvimos varios meses, pero vamos a decir que por diferencias profesionales cesamos. Se me invita a ser socio del grupo y eso nunca se llegó a materializar. La documentación legal que me hubiera otorgado eso nunca se hizo. [Me hizo el acercamiento] el señor Juan Suárez Lemus, que es el dueño. Lo conozco desde que me incorporé en Alternate Concepts Inc., para allá del 2004, 2005. Tenemos una relación de amistad de todos estos años y él es el padrino de mi hija menor”, explicó Maldonado de Jesús.

La empresa 313, LLC demandó al Departamento de Salud por alegado incumplimiento de contrato, tras la agencia negarse a recibir 51,000 de las pruebas con el fin de renegociar su precio.

La conexión final

La introducción de APEX al proceso de evaluación en el Departamento de Salud tomó varios mensajes de texto antes de llegar a las manos que finalmente lo encaminarían.

En síntesis, las empresas con interés en suplir mercancía relacionada al COVID-19 no podían hacer negocios en Puerto Rico porque no se encontraban en el registro de licitadores autorizados, por lo que se le dio a entender a Maldonado de Jesús que APEX podía convertirse en el distribuidor autorizado de estos productos en la Isla.

Es decir, APEX requeriría de un intermediario y no se lo informó al Departamento de Salud.

Otras labores de Maldonado de Jesús:

Fue asesor legal del portavoz de mayoría en el senado, Roberto Arango. Luego, también bajo servicios profesionales, laboró con el senador Thomas Rivera Schatz y después con Jenniffer González Colón cuando presidió la Cámara de Representantes.

Según Maldonado de Jesús, el 14 o el 15 de marzo recibió una llamada de su amigo William Tress, que le habló de una empresa en los Estados Unidos —con negocios en el estado de California— que podía ayudar a Puerto Rico. Esa misma tarde, recibió la llamada de “otro amigo”, Manuel Agosto, quien habló sobre Macro Healthcare, una propuesta similar a la de Tress, pero sin idea de cómo enviarlas a las personas adecuadas.

“Tress me envía un primer contrato con la empresa para que lo revisara y lo empiezo a hacer. En el transcurso comienzan a consultarme y empezamos a ponderar cómo podía ser si ninguno de los dos estaba inscrito en el Gobierno para hacer negocios. Posterior a eso veo un mensaje en Twitter que el señor ‘Tito’ Laureano estaba apoyando a Segundo (Rodríguez) para secretario de Salud. Me comunico con Laureano para ver cómo puedo contactar a Segundo”, esbozó Maldonado de Jesús.

Eduardo “Tito” Laureano trabajó en La Fortaleza bajo la Administración del exgobernador Pedro Rosselló González. Fue asesor legislativo y tuvo contratos en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, donde el doctor Segundo Rodríguez Quilichini todavía se desempeña como rector.

Este intercambio, con fecha del 22 de marzo, fue el que se catalogó como el contacto inicial con quien luego se revelaría como APEX.

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Rodríguez Quilichini, según Maldonado de Jesús, le envió la información de contacto de Mabel Cabeza Rivera, a quien identificó como la jefa de personal en Salud, pese a que para esa fecha ya no ocupaba ese cargo. Al no responder, Maldonado de Jesús regresó a Laureano para indicarle que no había tenido suerte.

“Me daría pena que se pierda la oportunidad. No quiero que se haga lucir mal a la gobernadora [Wanda Vázquez Garced], que hasta ahora está luciendo de show”, señaló Maldonado de Jesús a Laureano. Este último le compartió la información de contacto del doctor Roberto Rosso Quevedo, exayudante especial en la Secretaría de Salud.

El 16 de abril, Vázquez Garced ordenó la cancelación de todos los contratos del gobierno con Maldonado de Jesús.

Rosso Quevedo explicó que el proceso debía seguirse “por las reglas”, sin trato especial, aunque ya al otro día Maldonado de Jesús recibió un mensaje de Cabeza Rivera, quien le indicó que pasaría su información a la secretaria auxiliar de Salud, Adil Rosa Rivera, quien estaba trabajando con el proceso de compras.

De ahí en adelante, su comunicación fue directa con Rosa Rivera y la analista de compras de Salud, Mariel Rivera Rivera, hasta conseguir un contrato en tiempo récord, al que se le adelantaron $19 millones y cuya cancelación desató múltiples investigaciones estatales y federales.

Así, y según la evidencia de la Comisión de Salud, el contrato fue firmado al menos una hora antes de recibir las certificaciones requeridas, por lo que saltó el proceso administrativo estipulado.