La persona incurrirá en delito grave, con una pena de reclusión por un término fijo de tres años, si el falso aviso resulta en daños al público, a terceros o la propiedad pública o privada que excedan los $10,000

El Senado de Puerto Rico aprobó, en sesión ordinaria, un proyecto de ley que busca ampliar las penalidades para las personas que den información falsa, sobre una emergencia, a las autoridades.

El Proyecto del Senado 945 (P. del S. 945) fue aprobado con 23 votos a favor; uno en contra, y dos abstenidos. La pieza legislativa expone que el propósito de la ley es reducir al mínimo la activación de los mecanismos de rescate, manejo de emergencia y equipos de voluntarios para atender situaciones provocadas por información falsa.

De igual manera, el proyecto pretende que se enmiende la Ley 20-2017, conocida como la “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico” para extender el alcance de las penas y elementos del delito asociado a la “prohibición de proveer información falsa sobre un estado de emergencia general o individual”.

“Esta medida viene encaminada a suplir una intención que se quiso atender a través de una orden ejecutiva y que nuestro Código Penal no atiende estas declaraciones de emergencia con conocimiento que la información que emite a las autoridades es totalmente falso. Esto no se trata de reducir las confidencias a la Policía, aquí de lo que se trata es de gente que negligentemente, y a conciencia divulga información falsa a las autoridades sobre una emergencia”, explicó el senador Javier Aponte Dalmau en se turno explicativo.

La persona incurrirá en delito grave, con una pena de reclusión por un término fijo de tres años, si el falso aviso resulta en daños al público, a terceros o la propiedad pública o privada que excedan los $10,000. Asimismo, califica como delito si la conducta resulta en lesiones o daños físicos de una persona.

El senador Aponte Dalmau abundó que, en los casos bajo el inciso ante mencionado, el tribunal podrá imponer la pena de restitución de fondos públicos o privados que se invirtieron para atender la falsa alarma.

“Además, incurrirá también en delito grave quien haya provisto una declaración falsa sobre una situación de emergencia general o particular, sin tener conocimiento de su falsedad, si posteriormente adquiere conocimiento de su falsedad y no notifica a las autoridades correspondiente sobre tal hecho”, así lo planteó el P. del S. 945.

En el caso del senador independiente José Vargas Vidot, expresó su desacuerdo con la medida y votó en contra. Según Vargas Vidot, este proyecto puede provocar que las personas tengan miedo de llamar a las autoridades para contribuir con información y confidencias.