Según el cuerpo, las autoridades estatales han entregado información incompleta.

La Junta de Control Fiscal (JCF) radicó hoy una demanda ante el Tribunal de Distrito Federal de Puerto Rico para obligar al Gobierno de Puerto Rico a entregar documentos relacionados con las adquisiciones y las negociaciones de los contratos para comprar pruebas de COVID-19 y otros suministros médicos durante el estado de emergencia.

Concretamente, la JCF presentó una petición de mandamus y de interdicto contra la gobernadora Wanda Vázquez Garced y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

Con esta acción legal, la Junta procura información sobre los contratos multimillonarias suscritos con Apex General Contractors y 313 LLC, entre otros, a fin de comprender los procesos y procedimientos conforme a los cuales se aprobaron y firmaron estos contratos, y de esta manera retomar y mejorar la confianza que tiene el pueblo en los procesos de compras del Gobierno en tiempos de emergencia.

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“Las reglas que utiliza el Gobierno para desembolsos de dinero deben ser claras y transparentes en todo momento, en especial durante la inmensa presión que supone una emergencia”, afirmó la directora ejecutiva del cuerpo, Natalie Jaresko en declaraciones escritas informando la radicación de la demanda de 33 páginas.

“Los contratos de esta magnitud deben ser justos y quedar por encima de toda duda”, agregó.

La Ley PROMESA otorga a la Junta de Supervisión la autoridad para revisar y aprobar contratos gubernamentales a fin de garantizar que dichos contratos promuevan una sana competencia del mercado y que sean congruentes con el Plan Fiscal Certificado. Luego de la controversia suscitada con el contrato entre Whitefish Energy Holdings y el Gobierno, tras el paso del huracán María, la Junta implementó una política abarcadora sobre revisión de contratos como parte de su mandato bajo la Ley PROMESA. Esta política de revisión de contratos está publicada en el sitio web de la Junta para que el pueblo de Puerto Rico pueda accederla.

Aun cuando la Junta accedió a flexibilizar temporeramente ciertos procedimientos de contratación como consecuencia de la pandemia del COVID-19, el Gobierno tiene que cumplir con proporcionarle a la Junta una copia de cada contrato para que pueda revisarlo inmediatamente, luego de que se suscriba, explicó Jaresko. El mismo tiene que venir acompañado de una certificación de las contribuciones políticas del contratista a manera de protección contra actos delictivos. El 16 de marzo de 2020, la Gobernadora firmó una Orden Ejecutiva que estableció los procedimientos especiales de compras durante emergencias.

No obstante, el Gobierno suscribió contratos sin haberlos entregado a la Junta para su revisión inmediata. Estos contratos provocaron muchas interrogantes dada su magnitud y las entidades involucradas. Finalmente, el Gobierno canceló su contrato con Apex.

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La Junta de Supervisión lleva dos meses tratando de obtener los contratos de compra de las pruebas de COVID-19, así como la información y los documentos del Gobierno referentes a las negociaciones y el proceso de compras. Desde entonces, la Junta ha recibido algunos de los contratos, pero no todos los documentos solicitados. Los esfuerzos que ha llevado a cabo la Junta para atender estas deficiencias no han sido respondidos y, en algunos de los casos, ignorados.

Las preguntas que prevalecen son qué procedimientos y procesos llevaron a suscribir esos contratos. La Junta de Supervisión desea entender y conocer los detalles en estos documentos, para ofrecer recomendaciones conducentes a mejorar el proceso de contrataciones. Esto contribuirá a una mayor eficiencia y competitividad de los mercados en cuanto al uso de fondos públicos. Como resultado, la Junta de Supervisión presentó una demanda para que se le provea la información retenida y a la cual tiene derecho a tenor con la Ley PROMESA, las políticas de la Junta de Supervisión y la Orden Ejecutiva.

“El Gobierno y el público deben poder confiar en los procesos de compras y contrataciones a nivel gubernamental, particularmente en medio de una emergencia como la que atravesamos en estos momentos”, afirmó Jaresko.

“La rapidez y la urgencia con que se atienden los asuntos en medio de una crisis son de vital importancia, pero también son cruciales la eficiencia, la certeza y la transparencia. Sin transparencia no puede haber confianza, y sin confianza Puerto Rico no podrá superar esta crisis fiscal, que de nuevo se exacerba por otra emergencia trágica”, añadió.

Reacciona la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf)

Tras conocer sobre la demanda de la JCF, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf) dice que sí ha provisto datos sobre los contratos para adquisición de pruebas de COVID-19 y que incluso han invitado al ente al proceso, a lo que estos se han negado.

“Aunque la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no lo menciona en su demanda, el Gobierno de Puerto Rico produjo sobre 1,000 páginas y 202 documentos relacionados a las negociaciones de los contratos para las pruebas del COVID19 y otros equipos o suministros médicos durante el estado de emergencia, decretado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced. Desde el primer día, la AAFAF ha cooperado con la JSF, produciendo documentos a la JSF, solicitando información a las agencias concernidas y ofreciéndole a la JSF la oportunidad de reunirse con funcionarios de las agencias concernidas para explicar la situación y revisar documentos. La JSF se negó a este proceso", expresó el director ejecutivo de la Aafaf, Omar Marrero, en comunicación escrita.

"A pesar de haberse producido sobre 1,000 documentos, la JSF alega que aún falta información por producir. En ese sentido, el Departamento de Salud solicitó a la JSF una prórroga para identificar y/o corroborar la existencia de los documentos solicitados por el ente federal ante la insistencia de entregar documentos, que ellos ya tienen en su poder. Además, PREMA certificó que entregó toda la información concerniente a este asunto. La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), por su parte, ha entregado múltiples documentos a la JSF", continuó.

"Por lo pronto, evaluaremos la demanda, la cual representa un despilfarro innecesario de fondos públicos por parte de la JSF en momentos donde PR atraviesa una pandemia, que ha provocado un impacto severo en la economía de nuestra isla. A pesar de la cooperación del Gobierno durante los últimos meses en cuanto a este asunto, la JSF ha decidido demandar y provocar un cuestionable gasto de fondos públicos para gastos legales”, culminó Marrero.

Mira la demanda aquí.