Solo Charlie Delgado y Pedro Pierluisi mantienen protección de la Policía.

El desenlace de las elecciones generales trajo otro cambio… el final de algunas escoltas.

Luego de conocerse los resultados preliminares, el Negociado de la Policía terminó la asignación de escoltas al candidato a la gobernación por el Proyecto Dignidad, César Vázquez Muñiz, y al candidato a comisionado residente por el Partido Popular Democrático, Aníbal Acevedo Vilá.

Pero el candidato a la gobernación por la Pava, Carlos Delgado Altieri, y el virtual gobernador electo Pedro Pierluisi Urrutia todavía mantienen sus escoltas.

La portavoz de prensa de la agencia de seguridad pública, Kiara Hernández, explicó a NotiCel que Delgado Altieri y Pierluisi Urrutia continuarán con el servicio de protección hasta que finalice el conteo y la Comisión Estatal de Elecciones certifique a un ganador. Hasta ahora, el ente electoral sólo ha emitido certificaciones parciales que consignan que el candidato de la Palma mantiene una leve ventaja sobre su adversario político.

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Desde que inició el conteo de votos la noche del martes, Pierluisi Urrutia ha mantenido la delantera. En ocasiones ese estrecho margen se ha achicado, pero en el último día volvió a ampliarse. Con el 98% de los resultados de los colegios reportados, amasaba 405,648 votos (32.90%), mientras que Delgado Altieri acumulaba 388,950 votos (31.55%).

“Él que sea certificado como gobernador electo continuará con escolta”, afirmó Hernández.

Los cuatro candidatos solicitaron el servicio de escolta personal al Negociado de la Policía al amparo del Código Electoral, que “ordena proveer protección a los candidatos a Gobernador y a Comisionado Residente, desde el momento en que estos figuren oficialmente como candidatos en unas Elecciones Generales; y hasta que se certifiquen los resultados finales”. Ninguno justificó la petición alegando amenazas o preocupaciones por su integridad física, confirmó en aquel momento Henry Escalera Rivera, comisionado de la Policía

Pese a que se trata de un derecho por Ley, la noticia de la asignación de escoltas causó malestar porque constituye un gasto innecesario en un país en quiebra. La función de estos agentes de la policía consistía en acompañar a los candidatos a citas personales o abrirle paso en eventos proselitistas.

En el último tramo de la contienda electoral, el propio secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, alertó que algunos candidatos estaban usando las escoltas para violentar la orden ejecutiva vigente que prohíbe las aglomeraciones de personas como medida cautelar para evitar la propagación del Covid-19. Después de ese reclamo público, Escalera ordenó que no participaran en las caravanas.