La Mesa Social tildó de "negligencia criminal" decisión de la agencia de no acatar la sentencia del tribunal, que ordena la reapertura de todas las salas de comida.

La Mesa Social censuró hoy las acciones legales del Departamento de Educación, que intenta dilatar la sentencia del Tribunal de San Juan, que ordenó la apertura inmediata en todos los comedores escolares del país.

“Cuando un gobierno se niega a cumplir con su deber y se niega a obedecer una sentencia del Tribunal que le ordena alimentar a quienes los necesiten, es hora de que el país haga su parte para que se haga lo correcto. Estamos ante la misma negligencia criminal que negó nuestros muertos de María, que dejó expirar agua y comida a la intemperie o en almacenes. Hoy empieza la temporada de huracanes: ¿Alguien le cree a la Gobernadora que su gobierno está listo? Nos siguen mintiendo y el pueblo pagando”, expresó el colectivo en una declaración escrita tras celebrar una conferencia de prensa virtual.

“El Gobierno de Puerto Rico y la gobernadora Wanda Vázquez Garced tienen el deber de cumplir con la sentencia emitida por el Tribunal el 22 de mayo y que le ordenó abrir todos los comedores del país para ofrecer alimentos a toda persona que lo necesite. Sin embargo, han dado largas al asunto e insisten en decir que no tienen el deber de velar por la vida, dignidad y bienestar de nuestra gente”, agregó Carmen Warren del Comité Timón de Madres y Padres de Educación Especial, una de las organizaciones que demandó a la agencia para que abra los comedores y distribuya alimentos.

El pasado viernes, el Tribunal de Apelaciones denegó la moción de auxilio radicada por el (DE) que buscaba paralizar la orden de apertura inmediata emitida por la corte inferior.

Amárilis Pagán Jiménez, de Proyecto Matria y portavoz de la Mesa Social explicó que la apelación radicada por el Gobierno no paralizó la sentencia. Esto significa que si la agencia no abre los comedores comete un desacato.

"Están violando los derechos humanos de las personas que se niegan a atender. Estamos ante un gobierno genocida. Lo que nosotras nos preguntamos es qué opinan los alcaldes y alcaldesas que tienen que dar cara a la gente de sus pueblos. Ellas y ellos conocen de la sentencia y tampoco les hemos visto exigir que se abran los comedores en sus pueblos. ¿Se harán cómplices de la gobernadora?”, apuntaló.

“En Puerto Rico hay más de 300 residenciales públicos. Súmenle las barriadas, las comunidades que viven en pobreza y la gente que está encerrada en sus casas sin trabajo, ni PAN ni desempleo. ¿Cómo alguien se atreve a decir que con 80 o 90 escuelas abiertas es suficiente? A mi residencial aún no llegan esos almuerzos que el gobierno nos debe. Ya están más que tarde. Casi tres meses tarde. ¿Van a seguir esperando?”, abundó Lucía Santana, de la organización Solidaridad Humanitaria del Residencial Manuel A. Pérez en San Juan.

Ante esta actitud del secretario de Educación, Eligio Hernández, el colectivo exigió su renuncia puesto que no vela por el bienestar de niñez.

“Es imposible que el Gobierno alegue que está preparado para la temporada de huracanes cuando ha sido incapaz de abrir y operar los comedores escolares durante estos casi tres meses de encierro. Ha habido energía eléctrica, agua potable, carreteras hábiles y gente dispuesta a ayudar. Ha tenido las mejores condiciones posibles para abrir y operar los comedores pero sigue dando excusas. Eso nos obliga a pensar: Si ahora dice que no puede, ¿qué dirán la Gobernadora y el Secretario de Educación si nos pasa por encima un huracán? ¿Cuáles serán sus nuevas excusas?”, señaló Janice Soliván Roig de Casa Juana Colón de Comerío.

La Mesa Social explicó que la apertura parcial de cerca de un 10 por ciento de los comedores no cumple con la sentencia.

“En Puerto Rico hay más de 800 escuelas que tienen comedores funcionales. Puntualizamos, además, que en la zona sur, el gobierno debe tomar medidas adicionales para sustituir los comedores inutilizados por los terremotos”, acentuó Soliván.

“El trabajo de las organizaciones sin fines de lucro- aunque valioso- NO sustituye el deber del gobierno. Aún haciendo nuestro trabajo con amor y con personas voluntarias, estamos conscientes de que es el gobierno el que posee la infraestructura y el presupuesto millonario para distribuir alimentos a través de todo Puerto Rico. Esta vez no hay excusas de falta de dinero. El Gobierno Federal les otorgó el presupuesto necesario no solo para niñas y niños, sino para personas adultas que también necesiten comida”, añadió Pagán.

Citando datos del Censo y de Kids Count, el grupo destacó que en la isla hay cerca de 1 millón de personas que necesita alimentos.

"Nuestras organizaciones de servicios hemos sido testigos del hambre de las familias que atendemos o que nos han solicitado servicios”, insistió Warren.

“Al día de hoy el Gobierno no ha logrado demostrar que esté satisfaciendo la necesidad alimentaria de la niñez que vive en pobreza. Ni siquiera de la que vive en extrema pobreza (208,000 menores). El Gobierno debe proveer mínimamente 562,742 comidas diarias si quiere satisfacer la necesidad de alimentos de menores de 18 años y de jóvenes hasta 24. Al 2018 había 581,000 menores viviendo en zonas de alta pobreza en Puerto Rico y al menos 48,000 menores viven en casas sin automóvil. Esas familias nunca llegarán a los cascos urbanos a buscar alimentos. Los alimentos deben llegar a sus comunidades. Además, como el deber de alimentar va más allá de la infancia, debemos mirar la estadística de pobreza en general en Puerto Rico. Eso nos lleva a un cálculo inicial de 1,364,000 personas que necesitan acceso a comida. Este número puede ser mayor pues las estadísticas del informe del Kids Count PR se basan en datos previos a la debacle económica del COVID19 y la falta de acceso al PAN y al Desempleo de familias que estaban trabajando antes del 15 de marzo de 2020. A la luz de estos datos, podemos concluir que toda la estrategia gubernamental de justicia alimentaria debe pensarse desde dos puntos claves: (1) Abrir TODA la red de comedores escolares para facilitar alcance geográfico; (2) Usar los comedores como centros de distribución a cada comunidad para que aún sin transporte privado o público las familias pueda recoger sus alimentos. El Gobierno tiene la infraestructura y el dinero para cumplir con esto”, abundó Pagán.

Las peticiones de la Mesa Social y las más de 50 organizaciones civiles que se han unido al reclamo de #AbranLosComedoresYa son las siguientes:

1- Pedimos a todos los alcaldes y alcaldesas que también exijan el cumplimiento del Departamento de Educación con la apertura de los comedores escolares.

2- Las casi 800 escuelas del sistema de educación pública son la infraestructura más amplia y completa existente en el país para mitigar el hambre de la gente. Deben usarlas todas e incluso sumar otras cocinas o vagones de cocinas para áreas que así lo necesiten.

3- Crear una red de distribución que llegue a zonas en las que las familias carecen de transporte.

4- Estamos solicitando la renuncia del Secretario de Educación, Eligio Hernández, por su incompetencia y negligencia en el cumplimiento de su deber hacia la niñez de Puerto Rico.

Las próximas acciones de la Mesa Social y sus aliadas son las siguientes:

1- Enviaremos copia de la Sentencia traducida al inglés al Congreso y a las agencias federales que han otorgado fondos al Gobierno de Puerto Rico para atender esta emergencia.

2- Ya creamos y estamos usando un correo electrónico en el cual estaremos recibiendo informes de los 78 pueblos acerca de la apertura de los coemdores. Queremos saber qué comedores han abierto y cómo están operando. Queremos saber si están dando alimentos sin importar la edad.

3- Estamos exhortando al país entero a que se una a este llamado teniendo claro que en Puerto Rico sí hay pobreza y que hay gente en zonas rurales, sin auto propio y sin acceso a tecnología que necesita que les contemos y les incluyamos en la distribución de alimentos.

4- Estamos invitando a los grupos hermanos de la diáspora a que nos apoyen en estas acciones. Nuevamente repetimos: Estamos ante una situación de alarma por las implicaciones que tienen las acciones del gobierno en el presente pero también en el futuro inmediato.

Algunos datos a considerar:

Según el Kids Count de 2017:

· 57.3% de la niñez vivía bajo nivel de pobreza (416,742 niñas y niños)

· 75.4% de les que viven en hogares liderados por mujeres, viven bajo nivel de pobreza (246,435 niñas y niños)

· 35% viven en lo que el informe describe como EXTREMA pobreza (208,000) Esta estadística se refiere a menores de 18 años que viven en familias cuyo ingreso es menos del 50% del nivel de pobreza federal. El nivel de pobreza federal (basado en una familia de dos personas adultas y dos menores) es de un ingreso de $12,732. Quiere decir esto que en Puerto Rico hay 208,000 menores que viven en casas cuyo ingreso anual es de menos de $6,300.

Además:

· En 2018, 47% de las personas entre 18 y 24 años vivían en pobreza (146,000).

· Y de la población en general, un 43% vivía en pobreza (1,364,000).

· 48,000 menores viven en hogares SIN vehículos de motor.

· 84% de nuestra niñez vive en zonas de alto nivel de pobreza (581,000). Según el informe, esto les pone en mayor riesgo de violencia, problemas de salud física y mental y sus familias se ven expuestas a mayores tasas de desempleo. En Estados Unidos solo el 10% de la niñez vive en zonas de alta pobreza.