Establecen campamento para exigir la aprobación de proyecto que protegería pensiones
Este viernes se cumple el plazo de 30 días para que el mandatario apruebe o vete el Proyecto de la Cámara 2038, medida que aumentaría anualmente el subsidio de los empleados públicos jubilados de acuerdo al costo de vida.
Un día antes de cumplirse el plazo de 30 días para que el gobernador Pedro Pierluisi firme o vete un proyecto que incrementa las pensiones de ciertos empleados públicos, el Frente en Defensa de las Pensiones estableció, este jueves, un campamento frente a La Fortaleza para que la medida legislativa se convierta en ley.
El Proyecto de la Cámara 2038 incrementa las pensiones de los empleados públicos jubilados, con excepción de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Universidad de Puerto Rico (UPR), a un 10% en su primera fase, para luego otorgar incrementos anuales de acuerdo al ajuste del costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés) que emite la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) cada año.
"Estamos aquí en representación de los pensionados y pensionadas para exhortar al gobernador a que nos llame, para que le acompañemos a firmar el Proyecto 2038 por el cual él se comprometió a defender a los pensionados y a protegerlos", expresó Eulalia "Lali" Centeno Ramos, maestra jubilada y representante del Junte de Jubiladas y Jubilados.
Hace más de un mes, Pierluisi condicionó la firma del proyecto de ley a que fuese "consistente" con el plan fiscal del gobierno y con el Plan de Ajuste de la Deuda.
Por otro lado, la pieza legislativa no cuenta con el aval de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) debido a que el presupuesto aprobado por la Legislatura no podía certificarse.
"El alto costo de vida no nos está protegiendo, al contrario, nos sigue bajando las pensiones (...) Yo tengo el privilegio de poder llegar aquí (a La Fortaleza), pero hay muchos jubilados y jubiladas que no pueden llegar aquí", agregó.
Hace seis años, Centeno Ramos se acogió a la jubilación luego de ejercer como maestra elemental y de educación especial en el Departamento de Educación (DE) por 32 años.
Nunca pensó que al salir de la escuela Salvador Brau en Cayey, la última aula donde sirvió como educadora, se iría sin ningún tipo de beneficio.
"Yo salgo sin plan médico y sin ningún tipo de bono. ¿Qué implica esto? Que con mi ingreso, yo tengo que cubrir agua, luz, plan médico, todos los gastos básicos y medicamentos. No tengo otro ingreso en estos momentos, el costo de vida sigue aumentando y la pensión sigue bajando", contó la instructora a NotiCel.
Según se indicó, sobre 160,000 pensionados en la isla no han recibido un aumento en sus pensiones desde el 2007, lo que implicaría que dichos subsidiarios han hecho frente a los efectos de la inflación obteniendo la misma cantidad de hace 17 años.
"Un aumento a nuestra prensión abonaría aún más a la economía del país, y por consiguiente, aumentarían los recaudos por concepto del IVU", puntualizó el Frente, el cual también reveló que tuvieron la oportunidad de reunirse con un empleado de la Oficina de Asuntos Legislativos el lunes pasado para someter propuestas.
El análisis legislativo al Proyecto reflejó que la medida tendría un impacto al fisco de $194 millones en el 2025 y otros $55.4 millones en el 2026 con el primer aumento fijo al COLA.
"(La JSF) sabe que el dinero está identificado para financiar el Proyecto", dijo el portavoz del capítulo de la FMPR, Pedro Pastrana.
"(El gobernador) tiene dos opciones, la opción que le estamos solicitando desde la calle, que es que convierta el Proyecto en ley, o la opción de darle la espalda a los 160,000 jubilados de este país vetando el mismo. Nosotros estamos esperanzados en que se firme el proyecto hoy o mañana", añadió Pastrana.
Por otro lado, ante la reciente emergencia por el paso de la tormenta tropical Ernesto, el Frente entiende que "con más razón se debe garantizar la seguridad de nuestros jubilados subiéndoles sus pensiones".
De no aprobarse la medida, Pastrana manifestó que dicha acción también traería repercusiones a los miles de dependientes de pensionados.
"(No firmarlo) tendría unas consecuencias inmensas para los 320,000 dependientes directos de nuestros pensionados, por eso nuestro llamado es a la cordura, a que firme el Proyecto y que contribuya, de esa forma, a la economía del país", concluyó.
El Frente en Defensa de las Pensiones se compone de diversas organizaciones de pensionados, entre ellos, los capítulos de jubilados de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR), la Federación de Asociaciones Gerenciales (FAEGELA), el Programa de Solidaridad de la UTIER, entre otros.
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