Dos proyectos están relacionados al comienzo de la temporada de huracanes.

A tono con el comienzo de la temporada de huracanes, que inicia este próximo 1 de junio, el gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi Urrutia, convirtió en ley dos proyectos camerales que garantizan servicios esenciales durante cualquier Declaración de Emergencia por parte del Gobierno Central o del Gobierno Federal a raíz de fenómenos atmosféricos y que entran en vigor de manera inmediata.

Al darle paso al Proyecto de la Cámara 854, aprobado de manera unánime en ambos cuerpos legislativos, se crea la Ley para Garantizar el Acceso a Servicios Esenciales en Situaciones de Emergencia. Esta nueva ley establece que desde el momento en que la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), emita un aviso de tormenta tropical o huracán o desde que el presidente de Estados Unidos o el gobernador de Puerto Rico declare un Estado de Emergencia o Desastre, no se podrán interrumpir, por falta de pago, los servicios de energía eléctrica y de acueductos y alcantarillados. Esto aplicará hasta pasados 10 días de la culminación del Estado de Emergencia o del fenómeno atmosférico. Las disposiciones de la ley fueron favorecidas por el Negociado de Energía y los Departamentos de Seguridad Pública (DSP) y Justicia (DJ).

Por otra parte, al firmar el Proyecto de la Cámara 984 que crea la Ley de Fe en Emergencias el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) deberá crear, como parte del Plan Estatal de Manejo de Emergencias, uno enfocado en los servicios que proveen las organizaciones con base de fe. A esos efectos, tendrán acceso al área afectada por una emergencia (siempre y cuando medie una Declaración de Emergencia o Desastre) y a la distribución de combustible-alimentos-agua-suministros-equipos y cualquier otro material necesario para poder mantener en operaciones los centros de ayuda a los ciudadanos afectados. Tanto el DSP como el DJ y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) se expresaron a favor de lo expuesto en la nueva ley.

Estas son solo dos de las 10 piezas legislativas firmadas por el gobernador que incluyen al Proyecto de la Cámara 890 que crea en el Banco de Desarrollo Económico (BDE) un Programa de Garantía de Créditos de Inversión. De esta forma, y mediante una asignación de $4 millones del Fondo General, se facilitarán líneas de garantía o crédito para la concesión de préstamos, incentivos o cualquier otra ayuda económica a centros de cuidado diurno para la niñez y de personas de edad avanzada, centros de actividades múltiples o establecimientos de cuidado prolongado para adultos mayores. Al igual que el BDE, la AAFAF endosó la medida porque provee mecanismos para que los solicitantes de préstamos cumplan con requisitos que garanticen el repago de estos. También ya es ley el Proyecto de la Cámara 1639 para que todas las facturas de compañías de telecomunicaciones incluyan la información de contacto del Negociado de Telecomunicaciones (NET).

En torno a los municipios, el gobernador convirtió en ley el Proyecto del Senado 747 para que el Departamento de Hacienda devuelva a los municipios la totalidad de lo recaudado por multas y penalidades como resultado de violaciones a ordenanzas municipales. La pieza legislativa, que fue aprobada por unanimidad, fue avalada por la Federación y la Asociación de Alcaldes.

Precisamente en el tema de los municipios, ya es ley la Resolución Conjunta de la Cámara 437 que reasigna $22,356.29 a Yauco mientras que con la Resolución Conjunta del Senado 277 se ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), a ejecutar de manera prioritaria las obras de repavimentación de las carreteras PR-309, PR-3334 y PR-344 en el municipio de Hormigueros bajo el programa Cambiando Carriles.

También, Pierluisi firmó recientemente la Resolución Conjunta del Senado 104 que ordena al DTOP realizar un estudio de viabilidad para la construcción de un puente peatonal en la carretera PR-908 a la altura de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Lo mismo sucedió con la Resolución Conjunta de la Cámara 172 presentada con el objetivo de permitir la construcción de instalaciones que alberguen dependencias y servicios del municipio de Cidra en una serie de terrenos junto a la Escuela de Bellas Artes. Otra medida firmada es el Proyecto del Senado 257 que declara el 6 de abril de cada año como el ‘Día de la Actividad Física en Puerto Rico’.

Por otra parte, y aunque tenía la intención de firmar la medida, el gobernador emitió un veto expreso al Proyecto del Senado 487 que pretendía crear la Ley de Recreación Inclusiva. El objetivo principal era que todos los parques públicos estén preparados para personas con impedimentos. Sin embargo, durante el proceso legislativo no se integraron enmiendas presentadas por la Defensoría de las Personas con Impedimentos, agencia que debió ser la encargada de la ejecución e implantación de lo que hubiese sido esta ley y no la Oficina de Protección y Defensa de las Personas con Impedimentos, como lo aprobó la Legislatura.

“Esta medida es, en principio cónsona con la política pública de mi administración para poder ofrecer más y mejores servicios a las personas con impedimentos. No obstante, el trámite legislativo de este proyecto de ley demuestra que el lenguaje aprobado contiene ciertos errores insalvables”, destacó el gobernador en su carta a los presidentes legislativos.

El Proyecto asignaba responsabilidades a la Oficina de Protección y Defensa de las Personas con Impedimentos. Sin embargo, dicha Oficina se creó mediante ley en el 2021 como una entidad pública para operar el Sistema de Protección y Defensa para la protección y defensa de los derechos de las personas con impedimentos, según el Developmental Disabilities Assistance and Bill of Rights Act of 2000. La Oficina está sujeta a regulaciones federales, por lo que no procede asignarle roles estatales, ni utilizar fondos de la agencia para cumplir con responsabilidades del Estado.

“Dado a que por motivo de tiempo no hay oportunidad de devolver la medida a la Asamblea Legislativa para que sea corregida conforme a lo anteriormente expresado, he tenido que impartir un veto expreso al Proyecto del Senado 487. Sin embargo, de ser presentado nuevamente y aprobado de conformidad con el estado de derecho, estaré en la disposición de impartir mi firma a esta meritoria iniciativa”, indicó Pierluisi sobre la medida que fue enviada por la Legislatura a la Fortaleza el pasado 5 de mayo.