Según el primer ejecutivo, “lejos de redundar en beneficios para aquellas personas que enfrentan un proceso civil de confiscación de bienes, podría provocar lagunas en su interpretación y crear confusión en su aplicación”.

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia impartió un veto expreso al Proyecto de la Cámara 989 que enmendaría la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011.

Según el gobernador, como se expone, la medida, “lejos de redundar en beneficios para aquellas personas que enfrentan un proceso civil de confiscación de bienes, podría provocar lagunas en su interpretación y crear confusión en su aplicación”.

“Además, la medida no toma en consideración y tampoco dispone el procedimiento específico que debe seguir la Junta de Confiscaciones en aquellos casos en que se acoge la defensa de impedimento colateral por sentencia en un proceso criminal”, añadió.

A juicio de Pierluisi Urrutia, la propuesta redundaría en pérdidas económicas para la Junta de Confiscaciones, ya que no establece quién sufragará los gastos de almacenaje cuando, habiéndose realizado la confiscación conforme a derecho, el tribunal ordene la devolución del bien mueble, aplicando la doctrina de cosa juzgada o impedimento colateral por sentencia.

El primer ejecutivo también firmó el Proyecto de la Cámara 1160 que enmienda la Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes, a los fines de hacer obligatorio que el secretario convoque el Consejo para la Vinculación del Deporte, Recreación y la Educación Física, al menos dos veces al año y que se remita el Plan para la Recreación y el Deporte por el Consejo para la Vinculación del Deporte, Recreación y la Educación Física, al gobernador y la Asamblea Legislativa. El Plan determinará los objetivos y acciones, así como las responsabilidades que correspondan a cada organismo o entidad que participe en gestiones inherentes a los ámbitos recreativos y deportivos de la Isla.