En la vista cameral se denunció la falta de trabajadores sociales en el Departamento de la Familia.

En vista pública de la Comisión de Gobierno, en la Cámara de Representantes, miembros de organizaciones relacionadas a niños y jóvenes respaldaron proyecto cameral que busca declarar estado de emergencia por violencia infantil.

La vista fue presidida por el presidente de la Comisión, Jesús Manuel Ortiz González, y contó con la participación de las siguientes instituciones: el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, la Coalición Paz para la Niñez (CPPN) y la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico (REDENIJ). Las organizaciones discutieron el Proyecto de la Cámara 1333 (P. de la C. 1333) y la Resolución de la Cámara 683 (R. de la C. 683).

“En un tema tan importante como este, es imperativo impulsar los cambios que sean necesarios para que el gobierno pueda cumplir con el rol fundamental de proteger y brindar la seguridad a cada menor de nuestro país. Así que resaltamos nuestro compromiso y solidaridad con este tema que merece toda nuestra atención”, expresó Ortiz González.

El P. de la C. 1333 propone establecer la ley para declarar un estado de emergencia por violencia infantil en Puerto Rico, y declararlo según las disposiciones y términos que establece la ley. Mientras que, la R. de la C. 683 ordena a la Comisión de Gobierno y a la Comisión de Asuntos de la Juventud a realizar “una investigación abarcadora” sobre la violencia juvenil en Puerto Rico, las tasas de muertes violentas de jóvenes, los factores de riesgo que reproduce este fenómeno y elaborar recomendaciones de políticas públicas.

El doctor Francisco Pesante González, gerente de proyectos estadísticos del Instituto, destacó que anteriormente se ha trabajado en proyectos relacionados con implementar los objetivos del Registro Único que propone el P. de la C. 1333. No obstante, la medida consiste, principalmente, “en conciliar los datos de las distintas etapas de intervención y servicios a los menores en un sistema de información estadístico no centralizado y que por regulaciones del gobierno local y federal requiere un alto nivel de seguridad y privacidad en el manejo de datos”.

De igual manera, Pesante González indicó que hace falta infraestructura tecnológica y personal especializado; para lograr estos proyectos se requiere una asignación de recursos fiscales. Según la experiencia del gerente en proyectos similares, se estiman $450,000 anuales.

“La violencia juvenil en su más extrema expresión es un problema de salud pública crónico en Puerto Rico. El contexto en el que mueren jóvenes en la isla exige una estrategia de prevención y reducción de riesgos basada en la evidencia científica, que sea sostenible y a largo plazo’’, planteó Pesante González.

Como parte de la emergencia, la catedrática jubilada del Departamento de Pediatría del Recinto de Ciencias Médicas, Brenda Mirabel Rodríguez, señaló que hay una escasez de trabajadores sociales y falta de supervisión. Asimismo, Rodríguez añadió que parte de este problema es la falta de recursos necesarios y un salario justo para los trabajadores sociales.

“Ante este asunto, resulta imperativo que la Administración de Familias y Niños (AFN) pueda reclutar los 300 trabajadores sociales que han determinado que son necesarios para la investigación, el seguimiento y la supervisión de los casos”, planteó la catedrática.

La doctora indicó que la AFN confirmó que en los primeros ocho días de agosto de este año, el Departamento de la Familia recibió 1,838 llamadas a su línea de maltrato, que se traduce a 820 llamadas más que en julio de 2022.

A través de la vista, se destacó que las problemáticas son producto de la violación de los derechos humanos y es un conflicto de salud pública. Asimismo, el presidente de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud, Marcos Santana Andújar destacó que esta violencia “limita el potencial y plenitud de miles de niños, niñas y jóvenes en Puerto Rico”.

En el memorial explicativo, Santana Andújar resaltó que el Departamento de la Familia tiene para investigar 10,458 casos referidos de posible maltrato. Mientras que 800 de estos casos corresponden al año 2016. Asimismo, en el 2019, 4,738 casos fueron reportados como víctimas de maltrato familiar, y se tradujo a una tasa de 8.3 por cada 1,000 niños.