Sindicatos de múltiples agencias públicas afirmaron que tomarán las medidas necesarias en caso de que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia no enmiende su decisión

En conferencia de prensa, ofrecida frente a la Fortaleza, empleados públicos de diversos sindicatos expresaron su repudio ante la exclusión de sus agencias en el nuevo bono que se otorgará el 1 de diciembre a los empleados públicos.

Pese a que el bono va dirigido a empleados públicos, el proyecto tiene exclusiones, y no aplica a todos los trabajadores de la industria pública. Los sindicatos convocaron a la prensa para hacer un llamado a Fortaleza.

“Si los recaudos identificados como excedentes se canalizan hacia los trabajadores no puede haber exclusión, no puede haber discrimen, no se puede penalizar a los que no negociaron con la Junta dictatorial. El gobernador criticó la dictadura en otros países y aquí se hace cómplice de la dictadura colonial de la Junta. Exigimos que se nos incluya en el pago de este bono. Los principios que fundamentan nuestros reclamos es la justicia social y laboral de todos los empleados públicos”, expresó Ángel Pinto, presidente de PROSOL UTIER.

El presidente de la Unión Independiente Auténtica (UIA), Luis de Jesús, planteó que “condenan” que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, y la Junta de Supervisión Fiscal haya excluido a más de 13,000 empleados públicos del bono que se va a otorgar. Asimismo, afirmaron su repudio, ya que consideran que Pierluisi Urrutia está utilizando el bono como campaña para su candidatura.

Los miembros de los sindicatos señalaron que no solo es la falta de la bonificación, sino los años atrasados de aumentos, ya que “hace más de 8 años” no reciben un aumento salarial. Un ejemplo de este caso lo brindó la presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la UPR (HEEND), Janell Santana, que compartió que la Universidad de Puerto Rico (UPR) no recibe un ajuste salarial desde el 2013.

Como parte de las oposiciones, la presidenta de la HEEND, afirmó que la UPR ha sido la corporación pública “más maltratada por el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal”, ya que el gobierno ve a la UPR como “un gasto, y no una inversión”.

En la conferencia había representación de las siguientes agencias públicas que quedaron excluidas: la Hermandad Independiente de Empleados Profesionales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (HIEPAAA), la Universidad de Puerto Rico (UPR), Unión Independiente Auténtica (UIA), la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), Prosol UTIER- Capítulo Autoridad de Carreteras, Hermandad de Empleados Exentos no Docentes (HEEND), Unión Independiente Empleados de la Corporación de Fomento Industrial (UIECFI) y la Unión Bonafide de Oficiales de Seguridad de la UPR (UBOS).

En su momento, previo a la aprobación de la medida, el legislador popular de la Cámara de Representantes Jesús Santa Rodríguez, explicó a NotiCel que la Resolución Conjunta de la Cámara 415 (R. C. de la C. 415) busca presupuestar el pago que se hará como bono a los empleados del gobierno de Puerto Rico.

La R. C. de la C. 455 se aprobó el pasado 10 de noviembre, y se mandó el 14 de noviembre para la firma del gobernador Pierluisi Urrutia. Esta medida asigna $556 millones, y $475 millones se le otorgarán a ciertos empleados públicos. Mientras que, el restante ($81 millones), se utilizará para pagarle a los bonistas.

De igual manera, los miembros del sindicato expresaron que hubo un acercamiento, y serían atendidos por la Fortaleza. Sin embargo, recalcaron que le “darán la oportunidad al gobierno a que recapacite, y enmiende esa decisión”, pero en caso de que no se modifique, en o antes del 1 de diciembre, los empleados públicos dejaron claro que tomarán las determinaciones que sean necesarias. Pese a sus declaraciones, no compartieron sus estrategias de acción.