La Resolución Conjunta de la Cámara 368 autoriza dicha transferencia a la custodia del Departamento de Hacienda utilizando fondos sobrantes de años fiscales previos.

Con el propósito de financiar la compra de la Cartera de Capital Privado del Sistema de Retiro de los Empleados (SRE) del Gobierno, según lo establece el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD), el gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, anunció hoy que firmó la Resolución Conjunta de la Cámara 368 que autoriza dicha transferencia a la custodia del Departamento de Hacienda utilizando fondos sobrantes de años fiscales previos.

Esta medida, favorecida por la Autoridad de Asesoría Financiera y Fiscal (AAFAF) y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), dispone la creación de un Fideicomiso, para conservar el interés del SRE en la Cartera de Capital Privado y el derecho del Gobierno de adquirir dicha Cartera cuya ventana de compra es desde el 15 de marzo de este año hasta el 10 de abril de 2023. Luego, este derecho pasaría a los acreedores y de estos no ejercerlo, se convierte en una obligación del Gobierno adquirirla.

La AAFAF explicó que la Orden de Confirmación del PAD contempla la creación de este Fideicomiso, a la fecha de la efectividad del Plan, para conservar los intereses del SRE y el derecho del Gobierno central de adquirir la Cartera al precio de $70,750,000.00. Por su parte, la OGP detalló que el Gobierno se encuentra en posición de ejercer este derecho y destacó que la compra de esta Cartera resultará en ahorros para el Gobierno. Así las cosas, y al enmendarse el presupuesto vigente, no se afectarán las operaciones del Gobierno.

Por otra parte, Pierluisi dio paso a un Proyecto Sustitutivo de la Cámara que contempla los objetivos principales del Proyecto de la Cámara 988 y del Proyecto del Senado 183 para que el dinero devengado por los policías municipales por horas extras sea eximido del pago de contribuciones sobre ingresos, efectivo este año fiscal.

El gobernador también firmó el Proyecto de la Cámara 207 que enmienda la Carta de Derechos de las Personas que tienen el Síndrome Down para que los Departamentos de Educación (DE), Recreación y Deportes (DRD), Salud (DS), Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) y la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV) le entreguen al primer ejecutivo y a la Asamblea Legislativa, cada año fiscal, un informe anual detallado sobre el cumplimiento de la ley.

El informe también deberá contener información relativa a la implementación, resultados y efectividad de todos los programas, beneficios, servicios y actividades disponibles en sus respectivas agencias para la población con Síndrome Down.

Otra medida que Pierluisi firmó es la Resolución Conjunta de la Cámara 250 que reasigna a la Autoridad de Tierras $54,667.30 para los municipios de Ponce, Juana Díaz y Jayuya con el fin de llevar a cabo obras y mejoras permanentes, estudio, diseños, permisos, mejoras a viviendas y materiales de vivienda. Asimismo, mejoras a instalaciones recreativas y deportivas y para atender situaciones relacionadas con los servicios directos y esenciales a la ciudadanía.

Por último, el gobernador dio paso a la Resolución Conjunta de la Cámara 300 que designa las instalaciones que conforman el parque de béisbol ubicado en la comunidad Limones en el km. 12, hm. 2, en el municipio de Yabucoa con el nombre de Julio Rubén “Jerry” Morales Torres.

Mientras, después de hacer varios intentos para que la Legislatura solicitara la devolución del Proyecto de la Cámara 299, el mismo fue vetado. Esta pieza legislativa pretendía, entre otras cosas, otorgar al Departamento de la Vivienda (DV), en coordinación con el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), la responsabilidad de establecer seis refugios regionales a través de todo Puerto Rico.

En una carta a los presidentes legislativos, el gobernador explicó que “resulta más ágil y eficiente que el DV, el NMEAD y la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO, por sus siglas en inglés), identifiquen de antemano las posibles facilidades industriales que pudieran servir como refugios regionales, sin necesidad de enmendar la Ley Habilitadora del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles

De otra parte, el primer mandatario explicó que las enmiendas a la Ley 26-2017 pudieran resultar en un “atraso significativo” en la evaluación y aprobación de las transacciones ante el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI), toda vez que se requeriría que se pase primero por la evaluación del NMEAD y luego por la evaluación y certificación del DV, antes de poder seguir con el proceso que establece dicha Ley sobre la disposición de bienes inmuebles en desuso.

“Es necesario considerar cuidadosamente la manera en la que la medida incide en los refugios establecidos o por establecer por los municipios. Este análisis es imperioso, para poder prevenir la duplicidad de esfuerzos y recursos. Es sabido que estos han solicitado planteles escolares en desuso para fines de habilitar refugios para casos de emergencias y desastres naturales. Hemos intentado lograr la posibilidad de que esta pieza legislativa sea devuelta para consideración de algunas de estas objeciones, sin embargo, esto no ha sido posible”, concluyó Pierluisi en la misiva.