El gobernador adelantó la acción que tomará su administración ante el anuncio de la JSF de que intentará anular la Ley 41 de 2022 en el foro judicial.

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia informó hoy que su administración litigará en los tribunales el caso de la Reforma Laboral, medida que ya había tomado la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ante la negativa del gobierno de no suspender la implementación de la Ley 41 de 2022.

Pierluisi Urrutia dijo que la decisión del gobierno se da “porque tenemos la razón. Hace todo el sentido del mundo el que mejoremos la oferta de empleo, que haya un período de vacaciones razonable para todos los empleados en Puerto Rico, incluyendo el sector privado”.

Además, afirmó tras acudir a una actividad en el Departamento de Justicia que “los cambios que se hicieron no son radicales, son mesurados, y lo que buscan es que sea más atractivo trabajar. Ahora mismo en Puerto Rico tenemos el desempleo más bajo en nuestra historia; ahora mismo la cantidad de ofertas de empleo es enorme. Y lo que queremos es que se llenen esas vacantes”.

De acuerdo con el mandatario, “la Junta tiene que reconocer que no hay manero que uno determinar en este momento cuál es el impacto de algo que acaba de legislarse. Es totalmente especulativo ese ejercicio. Si acaso, la Junta ni nadie ha podido demostrar que desde que se hizo la Reforma Laboral aumentó el empleo, mejoró la economía porque se hizo esa Reforma Laboral, eso nadie la ha podido probar. Entonces, si no han podido probar cuál fue el beneficio de esa reforma laboral, pues menos aún pueden entonces estar hablando -ahora que hemos hecho algunos cambios a esa Reforma Laboral- que no podemos probar que el impacto va a ser beneficioso”.

Para el primer ejecutivo del país, “es lógico pensar que si tú tienes una fuerza laboral mejor compensada y descansada, va a se más productiva y eso va a ser bueno para Puerto Rico”.

El pasado 23 de agosto, la JSF anunció que iba a acudir a los tribunales para intentar anular la Reforma Laboral.

En una carta dirigida a Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), la JSF comunicó que tomarán acciones legales ante la negativa del gobierno de no suspender la implementación de la Ley 41 de 2022 (Reforma Laboral).

Ya la Junta había advertido al Gobierno de Puerto Rico que tenía hasta el 4 de agosto para dejar sin efecto la Reforma Laboral por entender que no era cónsona con la Ley Promesa o, de lo contrario, acudirían a los tribunales.

''La Junta de Supervisión aprobó una resolución confirmando sus determinaciones previas con respecto a la Ley 41 y autorizando acciones legales para anular la Ley. En nuestra carta del 30 de julio de 2022, ofrecimos un enfoque para evitar litigios; a saber, dar su consentimiento a una orden simple que suspenda la Ley 41 mientras las partes discuten más a fondo las cuestiones planteadas por la Ley 41", reza la carta firmada por David A. Skeel Jr., presidente de la JSF.

Agrega que “aunque el Gobierno ha rechazado este enfoque, le pedimos que lo reconsidere y nos informe de inmediato si el Gobierno ha cambiado de posición", agrega al final de la misiva.

La JSF recordó que en repetidas ocasiones le informó al Gobierno su preocupación sobre el impacto negativo de la Ley en los ingresos del Estado Libre Asociado y el Plan Fiscal.

Sin embargo, ''el Gobierno promulgó una ley que impacta a todos los empleadores privados en Puerto Rico sin comprender su impacto fiscal, en violación de Promesa'', estableció el organismo que maneja las finanzas del gobierno de Puerto Rico.

Según la Junta, “el Gobierno aún no ha preparado ni proporcionado una estimación formal, o incluso informal, del impacto de la Ley en los ingresos, como lo requiere Promesa. En ausencia de tal análisis, que la Junta de Supervisión ha solicitado repetidamente, y el Gobierno no ha proporcionado, el Gobierno no tiene ninguna base para sacar conclusiones sobre el impacto de la Ley en los ingresos y gastos del Estado Libre Asociado”.