Los integrantes de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) anunciaron el viernes que están a favor de encontrar un acuerdo que permita poner en vigor la Ley 80 de 2020 de retiro temprano.

“Una posible vía para alcanzar un acuerdo podría ser implementar la Ley con respecto a los empleados no esenciales, sujeto a que se satisfagan los requisitos de la orden judicial.

La Junta continúa dispuesta a tratar de llegar a un acuerdo para que se puedan implementar los beneficios de retiro temprano definidos en la Ley 80-2020 que sean consistentes con la orden del 28 de diciembre de 2021 del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

Los beneficios de retiro son uno de los compromisos más importantes que cualquier gobierno hace con su pueblo. El Gobierno de Puerto Rico debe asegurar que realmente puede costear las promesas que les hace a aquellos que dedican su vida profesional al servicio público, a velar por nuestra seguridad y educar a nuestros hijos”, expresó el presidente de la JSF, David Skeel en declaraciones escritas.

De otra parte, se anunció la certificación del presupuesto enmendado del Fondo General del año fiscal 2022 para el Gobierno de Puerto Rico.

“A fin de reflejar un componente del Plan de Ajuste propuesto para reestructurar la deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (ACT).

En concreto, el Plan de Ajuste propuesto establece que la ACT debe realizar ciertos pagos de una sola vez a los acreedores. El primer presupuesto enmendado para el Año Fiscal 2022 incluía una asignación por la cantidad de $314 millones para financiar un préstamo del Gobierno de Puerto Rico a la ACT para facilitar los pagos en efectivo requeridos por el plan, pagadero en 30 años a un interés del 2.50%. El segundo presupuesto enmendado para el año fiscal 2022 incluye una asignación adicional de $48 millones, para aumentar a $362 millones la cantidad total del préstamo a la ACT.

El Plan de Ajuste propuesto para la ACT, presentado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico el 2 de mayo de 2022, reduce la deuda pendiente de la ACT en más del 80%, a $1,200 millones, y ahorra a Puerto Rico más de $3,000 millones en pagos del servicio de la deuda. Proporciona una vía para que la ACT emerja de la quiebra y le permite a la ACT realizar las inversiones necesarias para mejorar y dar mantenimiento a las carreteras y otras infraestructuras de transportación de Puerto Rico”, expuso Skeel.