El informe señala nueve hallazgos para el periodo entre el 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre de 2018.

El Municipio de Toa Baja invirtió sobre medio millón de dólares en la construcción de un albergue de animales y un centro comunal que en la actualidad están deteriorados y abandonados, según se desprende de un informe de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico.

La Contraloría emitió opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Toa Baja. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El informe cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018, es decir, los últimos dos años de la administración del exalcalde Aníbal Vega Borges y los primeros dos de Bernardo “Betito” Márquez García.

El Informe revela que del 7 de abril de 2015 al 11 de agosto de 2016, el Municipio de Toa Baja invirtió $588,026 en la construcción tanto del albergue de animales como del centro comunal que actualmente están en desuso. Además, El Municipio adquirió ocho viviendas por $645,450 bajo el Neighborhood Stabilization Program (NSP) y una de ellas, con valor de $48,600, estaba abandonada, y la utilizan como vertedero clandestino, según indicó.

“Estas situaciones propiciaron una inversión sin utilidad, posible demanda del contratista por incumplimiento de contrato y que el Municipio se vea afectado en futuras asignaciones presupuestarias de fondos federales (ver Anejo 1 y 2 del Informe)”, explicó la oficina de la contralora en comunicado de prensa.

La auditoría de nueve hallazgos señala que los alcaldes en funciones aprobaron transferencias de créditos por $5,106,914 sin las certificaciones requeridas sobre asignaciones presupuestarias, desembolsos girados y el importe no obligado entre otros. Una situación similar se había publicado en el Informe de Auditoría M-16-22 del 7 de abril de 2016.

Al 31 de marzo de 2019, el Municipio tenía una deuda de $22,468,685 con la Administración de Sistemas de Retiro, con el Departamento de Hacienda, con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, y con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Esta situación de atrasos, y pagos de intereses, penalidades y recargos se atribuye a los directores de Finanzas en funciones no administraron eficientemente las finanzas del Municipio, según el informe.

“Nuestros auditores identificaron que los informes fiscales, no estaban firmados por el funcionario que los preparó, ni por la directora de finanzas, y tampoco se habían registrado los ajustes recomendados por el contratista en el sistema mecanizado. Además, el examen realizado a 13 conciliaciones bancarias, de una muestra del 2017 y 2018, de la cuenta nómina, la corriente y las especiales, revelaron que los balances de los estados bancarios no se conciliaban con los registros de contabilidad del Municipio. Estas situaciones impiden mantener un control adecuado de las finanzas y tener información confiable”, detalló la oficina de la Contralora.

Por otro lado, detalló que desde el 2007, el Municipio acumulaba $5,288,806 en cuentas por cobrar por concepto de patentes municipales y renta de nichos en el cementerio. El 70% de dicho importe era de cuentas con más de cinco años de vencidas y no se habían evaluado para declarar incobrables.

Asimismo, contrario a la ley y reglamentación vigente, el reporte sostiene que el Municipio no remitió al secretario de Justicia la información y los documentos requeridos en 72 demandas resueltas y activas. Al 31 de diciembre de 2018, se habían presentado contra el Municipio 140 demandas por $49,609,714. \

“Esta situación impidió que el Departamento de Justicia estuviera informado de la existencia de las demandas y que el Registro de Demandas Civiles estuviera actualizado”, sostiene la contralora.

El Informe devela que del 2015 al 2018 el encargado de la propiedad del Municipio, no realizó los inventarios físicos anuales de la propiedad mueble. Además, el hurto de 18 unidades de propiedad con valor de $208,247, se notificó a la Oficina del Contralor con tardanzas de hasta tres años, y no se realizaron las investigaciones requeridas para fijar responsabilidades.

La auditoría publica otras deficiencias como el pago de $2,015 por 69 multas expedidas a 20 vehículos municipales por pasar sin balance por los peajes y la compra de marbetes por $444 para 12 vehículos en desuso. Además, en 10 comprobantes de desembolso por cash on delivery, el Municipio no obtuvo las facturas ni los justificantes de los bienes y servicios adquiridos.

El Informe de Toa Baja también comenta que el municipio tenía un déficit acumulado en el Fondo Operacional de $20,289,704, $27,360,299, $21,219,415 y $21,068,108 para los años de 2015 al 2018. El porciento de déficit acumulado para el 2018 alcanzó el 69% del presupuesto total.

La directora de Recursos Humanos del Municipio certificó que 335 empleados estaban nombrados en puestos transitorios al 30 de noviembre de 2018; de estos 311 eran pagados del Fondo Operacional. El 95% del personal transitorio llevaba hasta 25 años desde su nombramiento.

El Municipio tenía 30 demandas civiles pendientes de resolución en los tribunales por $9,648,836 al 30 de septiembre de 2020. Del 2014 al 2019, Toa Baja había pagado $398,916 por 22 demandas resueltas en los tribunales.

Este primer informe de Toa Baja está disponible en www.ocpr.gov.pr.