La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico le salió al paso a la Coalición de Operadores de Máquinas de Videojuegos para Adultos.

La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico aclaró que no es correcta la interpretación de un grupo de operadores de máquinas ilegales, autoproclamados como Coalición de Operadores de Máquinas de Videojuegos para Adultos, que se atribuyen haber prevalecido ante el Tribunal Supremo y alegan que este foro declaró ilegal los reglamentos que regulan la industria de juegos de azar en ruta.

El director de la Comisión de Juegos (CJ), Orlando Rivera, explicó que el Tribunal Supremo ordenó de manera temporal la paralización de la implementación de los reglamentos que regula la industria de máquinas, conocidas como tragamonedas en ruta, hasta tanto el foro de mayor jerarquía evalúe los méritos del caso y pronuncie su determinación.

“Concluir que el Supremo declaró ilegal los reglamentos, evidencia la intención maliciosa de manipular la verdad para burlar la ley, por parte de un grupo de operadores de máquinas, que no cuentan con licencias expedidas por la Comisión de Juegos, por lo que su actividad es una ilegal”, dijo el titular de la agencia en un comunicado de prensa.

Este agregó que los reglamentos impugnados por estos operadores de máquinas ilegales fueron aprobados por la Asamblea Legislativa y pasaron por vistas públicas, un periodo que se extendió por meses, por lo que estos tuvieron la oportunidad de expresarse en múltiples instancias. Luego de estos procesos, los reglamentos fueron aprobados y se tornaron vigentes desde hace dos años, de conformidad con las disposiciones transitorias que establece la Ley 81.

“Mientras 110 operadores se han regido por la ley y están cumpliendo con su deber ciudadano, este otro grupo persigue continuar por la libre, operando de manera ilegal. Estos han recurrido a radicar una demanda como subterfugio para dilatar el proceso de implementación de los reglamentos, que tendría el efecto de emitir multas e incluso, hasta radicar cargos criminales por violaciones de ley”, señaló Rivera.

El director de la CJ indicó, además, que mientras el Tribunal realiza su análisis, la Comisión de Juegos tiene el deber de cumplir con la Ley que le ordena la implementación del proceso de legalización de las máquinas de juegos de azar en ruta.

“Confiamos en que el Tribunal Supremo, luego de analizar la totalidad del expediente, concluya que los procedimientos se han efectuado conforme a derecho y en el mejor interés del pueblo de Puerto Rico, así como para beneficio del retiro de la Policía y la aportación del Plan de Salud por parte de los municipios”, concluyó Rivera.

La Ley 11 de 22 de agosto de 1933, según enmendada por la Ley 257, que fue aprobada en 2018, ordenó a la Comisión de Juegos crear los reglamentos que establecen los procedimientos internos de evaluación de solicitudes para las licencias de operadores de máquinas y la fiscalización de la industria.

Se estima que existen alrededor de 100,000 máquinas tragamonedas que, por décadas, han operado de manera ilegal sin rendir contribuciones al fisco ni pagar licencias. La Comisión de Juegos proyecta ingresos estimado de $260 millones anuales como resultado de la implantación de esta Ley y el cobro de licencias y porcientos de las ganancias producidas por las jugadas de las máquinas. Según la Ley, el 50% de los recaudos que genere la regulación de las máquinas se destinará al retiro de la Policía de Puerto Rico y otro 45% para el pago de la partida del Plan de Salud del Gobierno que corresponde a los municipios. El restante 5% irá dirigido a la operación de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, que permitirán alegar recursos en pro de la fiscalización y cumplimiento de la ley.