Se determinó que no existe causa para creer que la exalcaldesa de San Juan y otras funcionarias incurrieron en conducta delictiva o negligencia crasa al administrar los programas Head Start y Early Head Start.

Tras culminar una investigación de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC), el Departamento de Justicia determinó no recomendar la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) contra la exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto y otras funcionarias de dicho municipio, por no existir causa suficiente para creer que incurrieron en conducta delictiva o negligencia crasa al administrar los programas Head Start y Early Head Start.

La evaluación de la prueba no reflejó que Yvette del Valle Soto, ex presidenta de la junta de gobierno de los programas Head Start, Myrna Hernández Serrano, ex directora de los programas Head Start, y la exalcaldesa de San Juan “hubiesen incumplido, intencional o negligentemente, con sus deberes relacionados a la administración de los programas Head Start y Early Head Start, particularmente en lo concerniente al proceso de monitoria, o que ello provocara la pérdida de fondos, según definido este concepto en el Código Penal de Puerto Rico”, lee el resultado del informe de la DIPAC, que fue acogido por el secretario de Justicia, Domingo Emauelli Hernández, y remitido hoy a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI).

El 8 de junio de 2021, el alcalde del Municipio Autónomo de San Juan, Miguel A. Romero Lugo, remitió al Departamento de Justicia una comunicación alegando que la exalcaldesa y las otras dos funcionarias incurrieron en negligencia crasa al administrar los programas Head Start y Early Head Start. Añadió que, como resultado de ello, el municipio perdió la elegibilidad automática a millones de dólares en fondos federales para operar estos programas, lo cual ocasionó el cierre de varios centros y el despido de empleados, entre otras cosas. El alcalde Romero indicó que sus alegaciones estaban sustentadas en el resultado de una monitoria rutinaria a estos programas, llevada a cabo en el 2016 por la Administración de Niños y Familias.

Sin embargo, según la investigación, las deficiencias señaladas en una monitoria no están relacionadas con la administración o aspectos fiscales de los programas, por lo que no hubo participación directa de parte de la exalcaldesa o de las funcionarias aludidas. Además, la investigación reveló que la reducción de los fondos federales asignados al programa Head Start no guarda relación directa con el desempeño de las funcionarias querelladas.

“A tenor con la Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia inició la correspondiente investigación preliminar para auscultar si alguna de las funcionarias incurrió en la comisión de delito. Como parte de dicha investigación, la DIPAC analizó todas las alegaciones, así como toda la documentación provista por el municipio y por las autoridades federales que regulan los programas Head Start y Early Head Start. Además, se realizaron múltiples entrevistas y se evaluaron todas las disposiciones legales locales y federales aplicables”, explicó el secretario en un comunicado de prensa.

Debido a que la investigación continúa, ahora en la OPFEI, el secretario y los funcionarios del Departamento de Justicia no emitirán comentarios adicionales sobre este caso en particular.