El legislador Jorge Alfredo Rivera Segarra radicó una resolución a esos efectos en la Cámara de Representantes.

El representante Jorge Alfredo Rivera Segarra, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes, informó que ante los serios cuestionamientos presentados por grupos de agricultores e individuos sobre el funcionamiento del Programa Re-Grow Puerto Rico, radicó una medida para investigarlo (Resolución de la Cámara 347).

“Este es un proyecto de ayuda a la industria agrícola, donde el Fideicomiso de Ciencias y Tecnología, puede facturar hasta $30 millones por servicios administrativos y los señalamientos se dirigen a que esta entidad, junto al Departamento de la Vivienda decidieron dar prioridad a los agronegocios y no a la producción agrícola de fincas de ingresos limitados”, detalló en declaraciones escritas el representante por Adjuntas, Jayuya, Utuado y Lares.

Recientemente, las organizaciones Fundación Bucarabón de Maricao, los Centros de Apoyo Mutuo Jíbaro de Lares y Bartolo, Organización Boricuá de Agricultura Ecológica de Puerto Rico, Organización Agro-Mujer, Mujeres de Islas y el Congreso de Pescadores, realizaron una conferencia de prensa para hacer sus reclamos y solicitar el acceso equitativo a los fondos de recuperación, la minimización de desplazamientos y la participación real y efectiva.

“Hay un reclamo sobre exigencias relacionadas a la titularidad de las fincas, así como a los ingresos y capacidad tecnológica de las empresas, que impiden que la asistencia llegue a las familias agricultoras de menos recursos económicos. Esto afecta, reclaman ellos, a más de la mitad de las fincas activas, que se ubican en la zona central y montañosa de la Isla y apenas generan un ingreso anual de $10 mil dólares”, agregó el legislador.

Los grupos exigen al Departamento de la Vivienda enmendar el contrato con el Fideicomiso y revisar las guías y los criterios del programa para garantizar el acceso equitativo a estos fondos. Este programa, realizado con fondos CDBG-DR para la recuperación del huracán María, supone estar orientado a aumentar la producción de comida y aumentar la seguridad alimentaria de Puerto Rico.

“Estos agricultores señalan que el Fideicomiso no ha realizado actividades de alcance comunitario fuera del área metropolitana y recomendaron que este programa sea administrado por agencias públicas y organizaciones comunitarias experimentadas en el tema”, finalizó Rivera Segarra.