Esta orden establece que habrá un enlace entre Salud, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el Tribunal federal para rendir cuentas y asegurar el cumplimiento del decreto judicial.

El secretario del Departamento de Salud (DS), doctor Carlos Mellado López dijo el martes que el juez federal Gustavo Gelpí reconoció este martes una orden administrativa que resuelve los problemas plasmados en el pleito sobre discapacidad intelectual.

“Puerto Rico lleva más de 20 años gastando millones de dólares en un litigio federal que pretende corregir las fallas de servicios a la población de discapacidad intelectual. Esto, tras el decreto judicial adoptado entre el Gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Justicia de los Estados para corregir las deficiencias de los servicios que se brindan a personas con discapacidad intelectual.

Por años, el Gobierno ha enfocado sus recursos en litigar este caso mientras ha dejado en segundo plano la implementación de medidas administrativas para dar servicios a esta población vulnerable. Consistente con la política pública de esta Administración, nos hemos dado a la tarea de reducir los esfuerzos litigiosos del caso y enfocar nuestros recursos en cumplir con los señalamientos para mejorar los servicios a esta población. Por ello, emitimos la Orden Administrativa Número 2021-488 el pasado 12 de marzo del 2021.

Esta orden adopta una política de cumplimiento del decreto judicial para mejorar los servicios para personas con discapacidad mental. Además, establece que habrá un enlace entre el Departamento de Salud y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el Tribunal federal para rendir cuentas y asegurar el cumplimiento del decreto judicial.

El Juez federal Gustavo Gelpí emitió una Orden resolviendo que la orden administrativa del Departamento de Salud es consistente con el decreto judicial y aplaude la nueva política de cooperación para salvaguardar los derechos constitucionales de los participantes del programa”, dijo Mellado López.

La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia federal demandó el 21 de abril de 1999 al gobierno de Puerto Rico para vindicar los derechos constitucionales de los ciudadanos con discapacidad intelectual.

Para el 19 de octubre de 2011 las partes llegaron a un acuerdo en el que el gobierno estatal asigna un presupuesto de entre 35 a 40 millones de dólares anuales para la prestación de servicios para esta población.