La funcionaria sostuvo que ha tomado medida correctivas.

La directora ejecutiva del instituto de Ciencias Forenses (ICF), María Conte Miller reaccionó el jueves sobre el informe del Contralor.

“Desde que asumí la dirección del Instituto de Ciencias Forenses en octubre de 2019 y advine en conocimiento de los hallazgos preliminares del Contralor, me ocupé de implantar las medidas correctivas de aquellos señalamientos sobre las operaciones del Instituto que requerían acción inmediata. Si bien es cierto que existen situaciones que hay que corregir, es importante contextualizar el informe del Contralor en lo que se refiere al análisis de evidencia. No toda la evidencia que se somete, tiene valor analítico o científico pertinente a la investigación para acusar o exonerar a un imputado de delito”, dijo Conte Miller en declaraciones escritas.

“Por eso, comenzamos a trabajar en un cernimiento para disponer de toda la evidencia que no requiere análisis por parte de los tribunales o los investigadores porque el caso ha sido resuelto o porque no es útil para su esclarecimiento. Eso debe bajar ese número de evidencia no analizada, en un 70 u 80 porciento”, añadió.

“Expuesto lo anterior, si debo explicar las medidas correctivas sobre la evidencia acumulada en el periodo auditado. La acumulación de evidencia sin analizar es algo que nos tomamos muy en serio y esto es lo que hemos hecho para completar los análisis:

Completamos 3,408 protocolos (informes) de autopsia

Se analizaron 318 armas de fuego

Se comenzó un proceso de depuración para eventualmente entregar a la Policía aquellas armas que no requieren un análisis pericial

De 2 mil “safe kits” que habían en custodia y que cualificaban para ser analizados, 1,500 fueron enviados al laboratorio de referencia y hemos recibido resultados de 333 y 256 están en proceso de análisis.

5 mil perfiles de ADN han sido enviados al laboratorio de referencia en Estados Unidos para análisis.

Al comienzo del 2020 se contrataron 52 peritos para diferentes disciplinas científicas para nuestros laboratorios

De esos, 8 son peritos de ADN que están en adiestramiento. Esto unido a la automatización del proceso de análisis, agilizará el análisis de evidencia

Se adquirió equipo para automatizar los análisis de ADN. El equipo está en el proceso de validación y esperamos que comience a funcionar en 15 días.

Se contrataron 8 investigadores forenses que ya recibieron su adiestramiento y están listos para investigar escenas

Se compró una cámara tridimensional que reduce el tiempo de análisis de escena

Se contrataron transportistas que apoyan a los investigadores en el traslado de cadáveres. Esto nos ayuda a reducir el tiempo que permanece el cadáver en una escena y los investigadores se concentran en su trabajo que es la investigación

Próximamente se reclutaran 5 balísticos y 5 químicos

Nuestros esfuerzos por llevar al Instituto de Ciencias Forenses al nivel de calidad y cumplimiento que fortalece nuestro sistema de Justicia no se detiene. Todos los días trabajamos por la excelencia en nuestros procesos y en el cumplimiento de nuestro deber”, concluyó.

La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Negociado de Ciencias Forenses (NCF) del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico.

Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados, se indicó en una comunicación escrita.

El informe revela que han transcurrido hasta 36 años sin que el Laboratorio de Criminalística examinara unos 76,128 casos. Los auditores de la Contraloría hallaron que la sección de Armas de Fuego tenía 41,918 casos de armas de fuego y proyectiles sin analizar, el laboratorio forense de ADN/Serología tenía 2,245 casos por agresión sexual sin analizar, y la sección de sustancias controladas tenía 16,243 casos sin analizar, entre otros.

Esta situación contraria a la Ley 20-2017, del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, ha privado a las agencias de ley y orden, del resultado de los exámenes de ciencias forenses y criminología, en las investigaciones, esclarecimientos y radicación de casos criminales.

La auditoría de 10 hallazgos señala que el Negociado tenía 2,156 casos pendientes de determinar la causa, manera y circunstancias de la muerte.

Además, el Laboratorio de Toxicología, tenía 1,848 muestras de tejidos y fluidos biológicos pendientes de analizar, según el Informe de casos pendientes de toxicología al 15 de octubre de 2018. Esta situación puede propiciar que, en los casos de personas sospechosas de un delito, no se puedan procesar criminalmente por falta de evidencia.

El informe devela el hallazgo de 13,382 muestras de ADN sin analizar desde diciembre de 2013. Esta situación propicia que el Banco de Datos no esté actualizado y priva a las entidades federales y estatales, de información actualizada que pueda ayudar al esclarecimiento de un crimen.

La Junta Directora no preparó ni remitió al gobernador ni a la Asamblea Legislativa del 2015 al 2017, los informes anuales sobre las operaciones del Instituto. El entonces comisionado ni los comisionados interinos tampoco remitieron al secretario de Seguridad Pública, el informe anual de 2018 sobre las operaciones del Negociado.

La auditoría revela la falta de gestiones de cobro, deficiencias con las cuentas por cobrar y funciones conflictivas por el encargado de cobrar. Al 14 de mayo de 2018, quedaban 762 cuentas por 542,501 dólares pendientes de cobro, pero el oficinista 1 no realizaba las gestiones correspondientes.

De hecho, del 2016 al 2017, un oficinista 1 realizó las funciones conflictivas de recaudación auxiliar, preintervención, preparación de facturas y registro al cobro. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría DB-08-22 del 15 de mayo de 2008.

El informe identifica múltiples fallas de control en el área de recaudaciones como: la ausencia de un inventario físico de los libros de recibos oficiales en blanco, el que estos libros no sean custodiados por un funcionario ajeno a la función de recaudación, y el que una oficinista 1, no complete el formulario que indica el Reglamento de Recaudaciones.

Además, el último informe físico anual que se realizó, data del 2008, y una certificación de disposición de emergencia de 573 unidades de propiedad afectadas por un derrame de diésel, no contaba con las firmas autorizadas.

Otras fallas de control se registraron en el uso de los vehículos de motor en los cuales no se realizó el cuadre de millaje vs consumo de combustible, ni se estableció un itinerario para el mantenimiento mensual de los vehículos. Además, los documentos para decomisar pertenencias (dinero, relojes, pantallas, celulares o carteras), de los cadáveres reclamados, carecía de información como: el nombre del fallecido, fecha de recibo o el valor de las pertenencias.

Este Informe cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2019, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.