Vea el mensaje íntegro aquí

El presidente del Senado, José Luis Dalmau, ofreció un mensaje hoy, domingo, a través de las redes sociales en el que cuestionó el plan de transición hacia la Estadidad que prometió la delegación del Partido Nuevo Progresista tras la consultada de estatus de noviembre pasado.

A continuación; la transcripción íntegra del mensaje del presidente de la Cámara Alta.

Hace seis semanas asumí la presidencia del Senado de Puerto Rico.

Desde entonces, iniciamos diálogos constantes con el señor gobernador, Pedro Pierluisi, para encaminar legislación de consenso y de beneficio para Puerto Rico.

Igualmente, desde esta presidencia, hemos encaminado acciones sobre temas urgentes tales como: mejorar los servicios de vacunación y muestras de rastreo del coronavirus; requerir los planes de trabajo para la reapertura de escuelas al Departamento de Salud y de Educación; y, hemos exigido, acciones al secretario de la Vivienda para atender a miles de familias que aún viven bajo toldos azules.

Cónsono con eso, en los próximos días, pasaremos juicio sobre las iniciativas del componente de seguridad sobre el problema del crimen y la violencia que arropa nuestras calles; incluyendo la violencia de genero y la declaración de emergencia emitida a esos efectos por el señor gobernador.

En la capital federal, sometimos comunicación escrita al presidente Joe Biden y al liderato demócrata y republicano en el Congreso, para que se haga extensivo a Puerto Rico el seguro social suplementario, los programas de salud de Medicare y Medicaid; los programas, créditos y asignaciones para familias y niños de bajos ingresos; y, asimismo, estamos abogando para que se le otorgue a la isla un incentivo o un nuevo programas federal que promueva la actividad económica de la industria de la manufactura, muy particularmente, para traer de regreso a las farmacéuticas que representarían miles de empleos para Puerto Rico.

Con ese propósito, esta semana, sostuvimos reuniones de trabajo con la Asociación de Industriales y la Cámara de Comercio para la coordinación de iniciativas para reactivar la economía y unir esfuerzos en la capital federal para lograr las metas comunes.

Como verán, desde el primer día, nuestras acciones han estado enfocadas en los temas prioritarios que el país reclama, buscando consensos y actuando con responsabilidad.

Hay, sin embargo, un asunto importante que requiere - igualmente - la atención de la Asamblea Legislativa. Me refiero al tema del estatus político de Puerto Rico.

El pasado año, específicamente el 16 de mayo del 2020, el gobierno del Partido Nuevo Progresista decidió aprobar una consulta de estadidad Si o No, a pesar de que no existía el consenso del resto de los partidos políticos ni el insumo de todos los sectores.

Esa consulta, tampoco siguió las exigencias del Departamento de Justicia Federal sobre la revisión de las definiciones; y, mucho menos, logró un compromiso vinculante del Congreso federal en atención a sus resultados.

Aun así, la pasada administración, insistió en realizarlo.

La consulta, se celebró el día de las elecciones y un 52% de los votos favoreció la petición de estadidad; mientras un 48% la rechazó.

Eso fue lo que se legisló antes de las elecciones; eso fue lo que se le consultó al país y eso fue lo que se votó.

Como fiel creyente en la democracia - aún sin coincidir son su resultado - tengo el firme convencimiento de que esa votación en favor de la estadidad, debe recibir una respuesta honesta y directa del Congreso de los Estados Unidos y de todos aquellos que tengan responsabilidad sobre sus consecuencias.

Ahora bien, lo que nunca se le consultó al pueblo de Puerto Rico, fue el uso de fondos públicos para pagar salarios exorbitantes a seis personas que pretenden ir a Washington a hacer la misma función que han estado haciendo por los pasados 17 años, tres comisionados residentes de los gobiernos estadistas: cabildear en favor de la anexión.

Ese gasto, nunca estuvo en la papeleta.

Por otro lado, el estatuto que viabilizó esa consulta, dispuso en su Artículo 4.2 que de resultar el “SI” como la alternativa mayoritaria – como en efecto ocurrió – se supone que se haya iniciado un proceso de transición para la admisión de Puerto Rico como estado de la Unión, aunque sea mediante la declaración de la isla como un “territorio incorporado” que no es otra cosa que pagar contribuciones sin representación congresional.

En ese artículo, además, se dispuso que el resultado… y cito: “deberá implementarse en el menor tiempo posible y no más tarde de un año a partir del 3 de noviembre de 2020.”

Es decir, según la propia ley que aprobó dicha consulta, el mandato del SI está sujeto a una respuesta del Congreso en un año, de los cuales - por si no lo sabían - ya solo restan 8 meses y una semana.

Como si fuera poco, según la ley de la consulta, se supone que 30 días después de la certificación de sus resultados, la actual comisionada residente haya sometido un plan de transición detallado hacia la estadidad.

Deseamos examinar ese plan, si es que existe.

Este último dato es fundamental porque cualquier cambio de estatus – como lo sería la estadidad – tendría efectos sobre los ingresos del fondo general que son los recursos que se utilizan para el pago de nómina de empleados públicos, los sistemas de retiro e inclusive, para financiar los pagos de los futuros acuerdos de reestructuración de la deuda pública, que actualmente la Junta de Supervisión Fiscal negocia, a nombre del gobierno de Puerto Rico, con los acreedores.

Trastocar las relaciones de Puerto Rico y los Estados Unidos es un asunto serio y no un juego político. Por esa razón, se hace impostergable que se le hable al país con la verdad y absoluta transparencia.

Si bien los estadistas merecen una respuesta sobre sus votos, el resto del país también merece información certera sobre las serias consecuencias de una decisión tan trascendental como lo es un cambio de estatus.

De hecho, el Informe de la Oficina de Contabilidad General del gobierno federal ha expresado que la estadidad tendría un costo de sobre $6,000 millones en aumento de contribuciones y/o reducción de ingresos propios del gobierno de Puerto Rico.

Ese cambio trastocaría todos los planes fiscales futuros porque los fondos federales que llegarían bajo la estadidad, no se pueden utilizar para el pago de la deuda. Nadie ha dado explicaciones sobre esto.

Así las cosas, este tema no puede tomarse a la ligera ni verse desde la óptica partidista para complacer a las gradas. Por eso, ante la ausencia de datos y de respuestas, hoy les anuncio que, como Presidente del Senado, estaré tomando las siguientes cinco (5) acciones concretas:

Primero: De conformidad a la ley habilitadora, el término de un año que impuso la administración pasada al Congreso de los Estados Unidos, para responder sobre los resultados de esta consulta, será - para efectos de esta Asamblea Legislativa - un termino fatal de legitimidad de esa votación; por lo que una inacción congresional o la no-aprobación de una medida a esos efectos, será interpretada por esta Asamblea Legislativa como una negativa inequívoca del Congreso al objetivo de esa votación.

Segundo: Por carecer del mandato del pueblo y ser totalmente injustificable, este Senado ordenará la reducción de $1,250,000 del presupuesto destinado para el próximo año fiscal en la Oficina de Puerto Rico en Washington, para pagarle el salario a seis cabilderos de la estadidad con fondos públicos. Si el señor gobernador desea enviar a seis cabilderos a la Capital federal para hacer el trabajo de su comisionada residente, deberá pagarlo de los fondos de su partido político.

Tercero: Esta semana estaremos radicando una Resolución Concurrente – que es una expresión de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico – para reclamarle al Congreso de los Estados Unidos que se exprese claramente y responda las siguientes interrogantes:

1.¿La consulta del pasado 3 de noviembre, cumplió con las disposiciones del Departamento de Justicia federal adoptado desde el 2014?

2.Una petición de estadidad, ¿requerirá como paso inicial convertir a Puerto Rico en un territorio incorporado – como Alaska y Hawaii - que obligue el inicio del pago de contribuciones federales por décadas sin representación congresional?

3.¿Está el Congreso dispuesto a que los Estados Unidos proceda a anexar a una nación latinoamericana, caribeña e hispanoparlante, estableciendo un precedente de convertir a los Estados Unidos en un país con dos naciones distintas dentro de su sistema constitucional?

4.¿Cuál será el proceso de transición y cuando se comenzará a pagar contribuciones federales por individuos y corporaciones?

5.¿Reconocerá el Congreso que el 52% de los votos, es una cantidad suficiente para otorgar la estadidad?

Cuarto: Estaremos requiriendo mediante una Resolución Concurrente a la Junta de Supervisión Fiscal, que sometan un memorando explicativo, de análisis financiero y legal sobre las implicaciones y obligaciones que presentaría un cambio de estatus en Puerto Rico bajo la opción de estadidad que provocará una reducción de las tasas contributivas locales que nutren el fondo general que resulta ser la fuente de financiamiento del pago de la deuda y las operaciones del gobierno por las próximas cuatro décadas.

Igualmente, requeriremos por escrito, un informe sobre si la Junta de Supervisión Fiscal ha contemplado en sus proyecciones económicas, planes fiscales y el plan de ajuste de deuda, el impacto de un aumento en contribuciones federales sobre individuos y empresas que traería la estadidad.

Quinto: Estaremos radicando una Resolución del Senado para crear una comisión especial sobre el tema del estatus, la cual tendrá diversas responsabilidades, entre ellas, examinar todas las implicaciones de cada formula de estatus, así como los mecanismos procesales que puedan implantarse mediante legislación, una vez concluya la fecha fatal que la administración pasada le otorgó al Congreso para responder.

Estas incluirán: la asamblea constitucional del estatus, los comités negociadores, plebiscitos y cualquiera otro método de atención de este importante tema y cuyo informe final tenga que someterse al Cuerpo antes del fin de la presente sesión ordinaria. En esa comisión participarán todas las delegaciones representadas en el Senado.

Como podrán ver, este Senado actuará con responsabilidad en este tema, respetando la expresión del pueblo, exigiendo respuestas a quien realmente deben darlas y defendiendo el uso prudente de los fondos públicos.

Finalmente, sobre las acciones afirmativas que las delegaciones del Partido Popular Democrático en la legislatura, harán de forma institucional sobre este tema, les adelanto que me estaré expresando con igual claridad en los próximos días incluyendo nuestra posición sobre la radicación de nuevos proyectos congresionales.

El tema del estatus es un asunto importante que debe atenderse con prudencia; pero sin desviarnos de la atención de los serios problemas que enfrentamos como sociedad, los cuales no tienen colores ni banderas.

Sobre ellos, pueden tener la certeza, que continuaremos atendiéndolos con mayor ímpetu y alto sentido de responsabilidad. Muchas gracias.