La ACLU de Puerto Rico, el Colegio de Abogados y Abogadas y Amnistía Internacional expresaron su preocupación ante las denuncias y querellas presentadas por irregularidades en los procesos de inscripción electoral.

Las entidades independientes responsables de defender y promover las protecciones y libertades civiles, ACLU de Puerto Rico (ACLU-PR), el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) y Amnistía Internacional, Sección de Puerto Rico (AIPR) se han unido para exigirle al gobierno facilitar el proceso electoral y que se adopten todas las garantías necesarias para proteger el derecho de participación política en la Isla.

El emplazamiento van dirigido a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), al Contralor Electoral y a los funcionarios encargados del proceso electoral.

Además, las entidades no partidistas hicieron hincapié, en una conferencia de prensa, en que el voto es un derecho humano “fundamental, inalienable y crítico para la seguridad y confiabilidad de la gobernanza democrática”.

Asimismo, manifestaron su preocupación ante las violaciones a la confidencialidad de la información personal de electores, las múltiples fallas en el sistema de registro electrónico, la falta de controles en los procesos de solicitud y el trámite del voto adelantado en todas sus modalidades.

"Exigimos transparencia, pulcritud y confiabilidad en el proceso electoral de Puerto Rico", comentó la directora ejecutiva de la ACLU Puerto Rico, Annette Martínez Orabona.

Las tres entidades entienden que debe extenderse el periodo de inscripción de votantes al menos hasta 30 días antes de los comicios, asegurando suficiente tiempo para el registro, y aumentando la cantidad de funcionarios disponibles para atender a los electores en los centros de inscripción.

Esto trastocaría todo el calendario electoral.

Ante esto, Martínez dijo que "si fuera necesario, esta no sería la primera ocasión que se presenta algún tipo de acción judicial cuando se entiende que se ha violentado la posibilidad de participar en el proceso electoral".

"No es un secreto que ha habido montones de imposibilidades y de limitaciones para lograr el registro adecuado de votantes en Puerto Rico y entendemos que lo propio debe ser extender el proceso de inscripción", añadió Martínez.

Por su parte, la licenciada Vivian Godineaux del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico entiende que el código electoral aprobado es deficiente y "no tiene las mejoras garantías democráticas para nuestro país".

Del mismo modo, solicitaron a la CEE que informe "claramente a los electores sobre la forma y manera en que se permite el ejercicio del voto adelantado en todas sus modalidades establezca un proceso de notificación adecuada para informar a los familiares o encargados de las personas que viven en égidas y centros de cuido, sobre las visitas de funcionarios electorales, o de terceros vinculados a partidos o candidatos políticos".

También entienden que se debe asegurar la investigación a las denuncias de visitas a égidas y centros de envejecientes para la obtención y uso de información personal y confidencial de los electores de edad avanzada, así como a las denuncias de divulgación de información confidencial de electores a terceras personas.

Asimismo, exigieron a la (CEE) la acreditación como observadores independientes en todos los componentes del proceso electoral "durante el día de las elecciones, el proceso de escrutinio y en todas las etapas de trámite y procesamiento del voto adelantado o ausente ante la Junta Administrativa del voto ausente y voto adelantado".

Por su parte, la directora de la ACLU comentó que, en gran parte, la razón por la cual convocaron a la prensa ayer es para alertar a la ciudadanía sobre el derecho que tienen de presentar una querella, por lo que hicieron un llamado a todas las personas que entiendan que sus derechos han sido violentados, a presentar las querellas correspondientes ante la CEE, la Policía de Puerto Rico, el Procurador de las Personas de Edad Avanzada, el Departamento de Justicia y al Departamento de Justicia Federal. Ademas, solicitaron a la ciudadanía a hacerle llegar copia de dichas querellas a sus instituciones.

"Todos somos responsables de asegurarnos que la democracia se respete", puntualizó Martínez.

Por otro lado, esta expresó que aún esperan respuestas por parte de la CEE ante las peticiones que hicieron sobre observadores independientes otros temas, por lo cual están exigiendo la entrega de todo tipo de información ante sus solicitudes.

Con respecto a preguntas de la prensa sobre si entienden que la CEE está asumiendo una postura para beneficiar a un partido político en especifico, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Puerto Rico, Liza Gallardo Martín dijo que "nosotros no podemos decir lo que está asumiendo la Comisión. Lo que sí podemos hacer es seguir exigiéndole al Estado que garanticen que las personas puedan inscribirse".