La agencia todavía no ha culminado el trámite por una disputa con la firma seleccionada.

Hace meses el Departamento de Educación recibió la aprobación del Departamento de Educación federal para contratar a la firma de consultoría Álvarez & Marsal como su síndico de fondos federales, pero no ha completado el trámite, que mantiene $650 millones congelados, por una disputa por cláusulas contractuales.

El secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, indicó ayer durante las vistas de transición que ante el tranque en la negociación procuró la ayuda de La Fortaleza y de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

“Ha habido una extensa y basta negociación con el contrato. El proveedor seleccionado desea que el contrato no contenga unas cláusulas que la ley estatal de Puerto Rico establece que son medulares dentro y que son requisitos de Ley. No puedo entrar a identificar específicamente esas cláusulas porque estamos todavía finalizando la discusión. Ellos traen su experiencia en otras jurisdicciones, pero el Secretario del Departamento de Educación no puede violar la Ley estatal ni la puede dejar pasar por alto”, apuntó a preguntas de la prensa.

“La conclusión es que hay unos requisitos de Ley estatal que tienen que estar en el contrato. Así que se le envió una misiva oficial a nombre del Pueblo de Puerto Rico de que ellos como proveedores no tienen la discreción para eliminar unas cláusulas que están contenidas en legislaciones estatales”, agregó.

Explicó que la búsqueda del síndico inició el año pasado con la publicación de una solicitud de propuesta (RFP, por sus siglas en inglés). Luego de evaluar las tres propuestas recibidas, el comité evaluador recomendó a Álvarez & Marsal, que obtuvo la mayor puntuación. Hernández Pérez no ofreció los nombres de las otras empresas que participaron en el proceso.

Minutos antes, el director de asuntos federales de Educación, Francisco Martínez enfatizó a preguntas de Juan Carlos Blanco Urrutia del Comité de Transición Entrante, en la necesidad de afinar los detalles del contrato porque la compañía consultora ofreció servicios en Guam y “fue difícil sacarlos”. La firma de consultoría recibiría un contrato de $43 millones.

Debido a la complejidad de la negociación en curso, el Comité Ejecutivo del Comité de Transición del Gobierno Entrante se reunió ayer con los funcionarios de Educación en vista ejecutiva o privada para continuar la discusión del asunto.

Pero antes de ese encuentro a puerta cerrada, el presidente del Comité de Transición Entrante, Ramón Luis Rivera Cruz, planteó que correspondía al nuevo gobernador Pedro Pierluisi Urrutia determinar si se firmaba o no ese contrato.

“La negociación tiene que continuar y el Gobernador a base de la información que reciba decidirá qué pasos él va a dar, una alternativa podría ser que se declare desierta ese RFP y vamos a empezar. Él tiene otra alternativa pero no quiero cruzar el río antes de llegar a él”, apuntó.