El Comité de Negociación no ha tomado los talleres requeridos para negociar.

El Departamento de Educación ha evitado negociar el restante del convenio colectivo con los representantes de los trabajadores desde la incumbencia de la ahora acusada federal Julia B. Keleher en el 2017, de acuerdo a denuncias de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR).

Se supone que los secretarios de las agencias públicas designen un Comité de Negociación a su llegada al cargo, grupo que entonces debe tomar un taller para efectuar los acuerdos que ofrece la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), anteriormente conocida como la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos (OCALARH).

“Bueno, la primera reunión que nosotros tuvimos con la doctora Keleher en aquél momento, fue un 5 enero de 2017, se nos indicó que el Comité de Negociación del Departamento de Educación tenía que tomar los cursos de OCALARH. Y siempre que hemos hecho la gestión nuevamente, a pesar de que la hicimos en varias ocasiones con la doctora Keleher, no hubo el proceso. No se dio el proceso [de los talleres]”, explicó Grichelle Toledo Correa, secretaria general de la Local Sindical de la AMPR.

Tras la salida de Keleher y la llegada del doctor Eligio Hernández Pérez, el Comité tampoco tomó los cursos, según Toledo Correa.

“Se nos ha indicado que aparentemente la agencia que tiene que ofrecer los cursos no tiene los recursos humanos, no sé si son humanos, para dar el taller, pero eso no debería constituir una excusa”, señaló Toledo Correa

La AMPR logró negociar 21 cláusulas de un total de 72 en el 2016, última fecha en que se sentaron a conversar. Todas son en materias no económicas porque la Ley Promesa —instaurada en el propio 2016— ha provocado que las discusiones relacionadas a lo económico sean pausadas. De igual forma, no se abordaron todos los puntos importantes en la negociación porque la Veda Electoral ese año impuso ciertas limitaciones.

Esto quiere decir que quedan 51 artículos por discutir del convenio colectivo, que ahora deben ser atemperados a la situación que enfrenta Puerto Rico tras el impacto de dos huracanes en el 2017, terremotos en el 2019 y 2020, así como la pandemia del COVID-19 que continúa latente y que ha obligado nuevas condiciones de trabajo para los maestros en la Isla y personal no docente.

“¿Si el comité no toma los cursos de la OATRH, que ahora es OATRH, no se puede negociar?. No lo podemos dejar a merced del patrono”, declaró el representante Domingo Torres García, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales.

Es por eso que la AMPR clamó por la aprobación del Proyecto de la Cámara 766, que se encuentra bajo la evaluación de la comisión presidida por Torres García y que busca crear la “Ley para garantizar la negociación colectiva”, a los fines de garantizar el funcionamiento del Gobierno y la continuidad de los servicios esenciales a la ciudadanía.

“Si este proyecto de ley no es atendido favorablemente, el 1 de julio del presente año los servidores públicos estarán desprovistos de un convenio colectivo por primera vez en 20 años”, alertó, por su parte, Víctor Bonilla Sánchez, presidente de la AMPR.

Bonilla Sánchez esbozó que Ley 3 de 2017, firmada por el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares, pospuso las negociaciones hasta el 30 junio de 2021, lo que a su vez prohibió la presentación y celebración de elecciones para que los gremios elijan a su representación exclusiva ante el patrono. Según el Presidente de la AMPR, los empleados han tenido representación exclusiva desde la aprobación de la Ley 45 en febrero de 1998.

Falta de liderato

La ausencia de un Secretario en propiedad también incluye en el proceso de las negociaciones, pues el equipo del Comité Negociador es personal de confianza elegido por quien ocupe la titularidad de la agencia.

Actualmente, el licenciado Eliezer Ramos Parés ocupa de manera interina la secretaría de Educación, pues los dos nombramientos que ha hecho el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia de Elba Aponte Santos y Magaly Rivera Rivera han sido rechazados por el Senado.

Ramos Parés se desempeñaba como el secretario asociado de Educación Especial en el Departamento desde el 2017.

“En caso que se repita que no tengamos un Secretario de Educación en propiedad, no importa a quién tengamos al frente de interino, que en los primeros días de administración se designe ese comité, porque el país no se puede castigar porque no haya un secretario en propiedad. No importa cuál sea el departamento. La operación debe de seguir y la paz laboral debe de prevalecer”, exclamó, por su parte, el representante Luis ‘Junior’ Pérez Ortiz, por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Por petición de Pérez Ortiz, la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes citará a la directora ejecutiva de la OATRH para que responda sobre la disponibilidad de los talleres y ver de qué formas desde la legislatura se pueden enmendar las leyes para obligar a los patronos a tomar los talleres con prontitud.