Pero el Departamento de Educación decidió donar los alimentos a organizaciones sin fines de lucro.

Los comedores escolares en Puerto Rico bien pudieron haber estado brindando alimentos a los niños que cualificaban bajo el programa de alimentación del Departamento de Agricultura federal (USDA, por sus siglas en inglés) desde el pasado mes de marzo, cuando se flexibilizaron los requisitos del acceso a los alimentos, con la llegada del COVID-19.

Este programa, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, es bastante regulado. Sin embargo, el 9 de marzo, el Food and Nutrition Program, comenzó a aprobar exenciones que hacían posible que se sirvieran comidas en “un entorno no congregado” —como los comedores escolares— durante el cierre de planteles debido al coronavirus. Esta exención se otorgó a los 50 estados, Washington, D.C., Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Las reglas para servir alimentos a los estudiantes del sistema público en medio de la pandemia permite a los padres recoger los alimentos de los menores, utilizando, entre otros, el método de servi-carro, algo que en una situación normal, no ocurriría.

“En un momento fuera de la emergencia, los alimentos no pueden salir del comedor escolar. Esto es la primera vez que ocurre, para eso es la flexibilización. Para que el alimento pueda ser recogido”, señaló el exsecretario de Educación Rafael Román, cuando fue consultado por NotiCel sobre el tema de las exenciones en los comedores escolares a causa de la pandemia.

Pese a que las nuevas reglas permitían a la agencia implementar medidas para evitar el contagio o la propagación del peligroso virus, el actual secretario del Departamento de Educación, Eligio Hernández, siempre se mantuvo firme en que su decisión de mantener los comedores escolares cerrados era una estrategia para proteger a sus empleados, que, en su mayoría, pertenecían al grupo más vulnerable ante la enfermedad.

“Nosotros tenemos una situación muy particular y es que, en nuestros comedores escolares, el 65 por ciento del personal son mujeres que están entre los 50 y los 70 años. Todos sabemos que este es uno de los grupos poblacionales más vulnerables al COVID-19. La situación en Puerto Rico es muy diferente a la de otras jurisdicciones", afirmó en una entrevista con este medio digital hace unas semanas.

"En Puerto Rico, se disfruta de la comida caliente, y los alimentos son preparados a diario. No son comidas prehechas como en los Estados Unidos. Aquí se come avena caliente, se almuerza arroz con gandules. Y estos alimentos son preparados por empleadas mayores, que puede ser que sean retiradas y no quieren dejar a sus niños y siguen trabajando. Entonces, son un grupo vulnerable que pudiera estar en riesgo”, agregó.

En esa ocasión, Hernández destacó que abrir los comedores escolares requeriría la activación de más de 3,000 empleados y lo describió como un proceso complejo.

Fue para el mismo momento en que se anunciaba que su estrategia de repartición de alimentos consistía en donar los alimentos a organizaciones sin fines de lucro, que pudieran hacerse cargo de la repartición de los alimentos.

Sin embargo, una de las exigencias del programa de alimentos del sistema público es que se garantice que el alimento, en efecto, llega al niño participante del programa, algo que no se sabe si ha ocurrido con la entrega realizada por las organizaciones que han recibido los alimentos como donativo.

“Cualquier persona no puede entrar a un comedor escolar. Es bastante regulado y tiene su explicación, por el asunto de salubridad, pero el tema más preocupante, que es el de la comida, es que debe llegar al menor. A modo de ejemplo, hoy día, en un momento regular, un papá no puede entrar al comedor a comer con el niño. No se supone. Eso no se puede hacer, aunque suene insensible. Ahora el panorama cambia y el padre puede recoger el alimento, por el asunto de la emergencia”, detalló Román.

Aclaró, además, que en el periodo del verano, aunque no todos los comedores están abiertos, el DE establece por distrito algunos de ellos para que los niños pueden ir a comer, así como un programa federal que también les provee alimentos.

Después del debate sobre la apertura de los comedores escolares para alimentar a los niños de las comunidades más vulnerables, la gobernadora Wanda Vázquez autorizó al Departamento de Educación para que, en coordinación con los alcaldes que lo soliciten, trabaje la confección de alimentos en los planteles escolares o centros Head Start. Estos alimentos serán distribuidos por empleados municipales a los niños y niñas cuya necesidad haya sido identificada previamente.

La gobernadora insistió en que la agencia había tomado la determinación “para evitar el aglomeramiento y filas de personas en los comedores escolares, además, de la preocupación del personal que allí labora”. No obstante, dijo haber cedido tras escuchar reclamos de diversos sectores.

El martes, un grupo compuesto por siete familias y cinco organizaciones sin fines de lucro radicó una demanda ante el Tribunal de San Juan para que ordenara al Departamento de Educación y a su secretario cumplir con su deber ministerial de abrir y operar los comedores escolares durante la crisis de salud pública que enfrenta el país.

Como parte de sus alegaciones, las demandantes establecieron que al inicio del año escolar en curso la agencia informó que tenía una matrícula de 259,369 estudiantes. De esta cifra, cerca de 180,000 estudiantes vivía bajo los niveles de pobreza previo a la pandemia, que llevó al gobierno a imponer un toque de queda y un cierre de negocios desde el 15 de marzo pasado.

NotiCel solicitó una entrevista con Hernández para indagar sobre las exenciones, pero su oficina de prensa indicó que se encontraba ocupado atendiendo otros asuntos.