Presentó ayer un recurso de mandamus para obtener esta información pública del DE

La lista de las escuelas cerradas después del huracán María; las inspecciones de todos los planteles hechas luego del huracán; el presupuesto del Año Fiscal vigente detallado por área, oficina o programa, y por escuela; el directorio u organigrama vigente de la agencia con sus oficinas y personal de contacto; la cantidad de auditores internos y nombres de las firmas contratadas para las auditorías anuales que debe hacer el Departamento de Educación (DE).

Estas son solo algunas de las informaciones que desde hace seis meses está solicitando el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) pero que luego de muchas gestiones de seguimiento infructuosas, ahora están ante la consideración de la jueza Lauracelis Roques Arroyo, tras la presentación este jueves de un recurso de mandamus para obtener esta información pública del DE.

“En vista de lo que parece ser un problema severo de falta de transparencia en el Departamento de Educación, el CPI no tiene otra alternativa que acudir al tribunal. Entre casi una docena de peticiones acumuladas, estamos solicitando datos relacionados con la recuperación de las escuelas después del huracán María y su preparación en caso de terremotos; el presupuesto de la agencia y los fondos federales devueltos en los pasados años; los fondos de recuperación recibidos y su uso. También requerimos el número de usuarios únicos de las plataformas en línea del DE que se han usado durante la pandemia del COVID-19, un dato que no se ha ofrecido mientras se ha querido proyectar que la educación en línea está funcionando. El Departamento de Educación debería tener toda esta información disponible, no solo para la prensa, sino para los ciudadanos. Pero ha optado por ignorar las peticiones”, señaló Carla Minet, directora ejecutiva del Centro.

Roques Arroyo estableció el jueves en la noche un término de 10 días al secretario del DE, Eligio Hernández Pérez, para mostrar causa por la cual no deba entregarse la información solicitada por el CPI.

El recurso legal está amparado en disposiciones de leyes y la Constitución del Estado Libre Asociado, además de la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

“La información solicitada por el CPI no está protegida de forma alguna por confidencialidad o privilegio alguno, y tampoco está cobijada bajo alguna de las excepciones al derecho de acceso a la información”, indica el escrito presentado este jueves en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan.

Las solicitudes al DE las originó entre diciembre de 2019 y enero de 2020 la periodista Tatiana Díaz Ramos, que es parte de un proyecto de investigaciones sobre el área de educación que lleva a cabo el CPI. Como parte del proyecto luego se añadieron otras peticiones de datos relacionadas con los terremotos y la pandemia.

Entre la información solicitada se encuentra también el informe de incidentes de acoso en las escuelas para los años 2018 y 2019, que el Secretario del DE debe someter anualmente a la Asamblea Legislativa, y la lista de integrantes de un “task force” presupuestario mencionado en la reunión de la Junta de Control Fiscal en noviembre de 2019, los objetivos establecidos y las fechas y actas de reuniones sostenidas, si alguna.

La petición de mandamus fue presentada por los abogados Luis José Torres Asencio y Steven P. Lausell Recurt integrantes de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

“El acceso a información pública continúa siendo un gran reto para la ciudadanía, por lo que el CPI no cesará en agotar todos los remedios para combatir la temeridad con que algunos funcionarios públicos ignoran este derecho fundamental en un país que aspira a ser democrático”, afirmó la directora de la organización.