Chocan por salario mínimo pero coinciden en efecto del COVID-19 en restaurantes
En el evento organizado por ASORE, Pierluisi Urrutia favoreció el aumento al salario mínimo, nuevos y mayores incentivos a la clase empresarial y una revisión de las restricciones a los comercios en la Orden Ejecutiva que intenta controlar el COVID-19.
Ante la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE), el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia estipuló que el salario mínimo de $7.25 no es suficiente para costear la vida en Puerto Rico ni presentar al territorio como uno competitivo a la hora de ofrecer empleos.
No obstante, persiste la renuencia de algunos de los integrantes de este sector de alimentos, que han modificado sus operaciones a raíz de la pandemia del COVID-19 y cuyas proyecciones económicas para los próximos dos años dependen del manejo efectivo de la emergencia.
En su intervención en el evento “Proyecciones 2021”, Pierluisi Urrutia favoreció el aumento al salario mínimo, nuevos y mayores incentivos a la clase empresarial y una revisión de las restricciones a los comercios en la Orden Ejecutiva que intenta controlar la incidencia de la pandemia.
“El 7.25 realmente no da para vivir, a base del costo de vida en Puerto Rico. El presidente [de los Estados Unidos, Joe] Biden tiene un compromiso de aumentarlo a 15 dólares. Sé que eso es un brinco bien sustancial, porque es más del doble”, argumentó Pierluisi Urrutia.
El Gobernador subrayó que trabajaría junto a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, para que el aumento llegue acompañado de alivios contributivos para los empresarios, como los integrantes de ASORE. Descartó, además, que si el aumento salarial se aprueba a nivel federal, en Puerto Rico se harían de la vista larga.
“Que nadie pida que si se da el aumento allá, no se aplique acá. Puerto Rico no es Costa Rica, no es Panamá. Si aquí seguimos pagando 7.25 y en las Carolinas y en Texas pagan 15 dólares, ¿qué ustedes creen que va a pasar? Medio mundo se va a montar en la guagua aérea”, aseguró el Primer Ejecutivo.
Aunque el Gobernador se marchó luego de ofrecer su mensaje a los presentes, integrantes de ASORE cuestionaron luego al economista Gustavo Vélez sobre el efecto de aumentar el salario mínimo de $7.25 a $15.
En el 2016, el entonces presidente de ASORE, Ramón Leal, se opuso a un proyecto del Senado que proponía aumentar el salario de los empleados cuya base fueran las propinas, como los meseros. De acuerdo a Leal, la medida era una carga adicional para los restaurantes.
En el 2019, el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Joel Franqui Atiles presentó un proyecto de ley para aumentar el salario mínimo a $8.50, propuesta que no contó con el aval del sector privado. El legislador radicó la medida nuevamente el pasado lunes, 25 de enero.
“El tema es cómo se hace. Yo me uno a lo que dijo ayer [el lunes] Manuel Cidre [secretario de Desarrollo Económico y Comercio] de que hay que hacerlo escalonado y con cuidado. Tiene que venir mitigado de un crédito. Si lo suben a 15 dólares sin ninguna mitigación, se pueden perder miles de empleos en Puerto Rico. Van a haber efectos devastadores”, exclamó el economista Vélez a preguntas de ASORE.
De acuerdo al economista, los salarios están atados a la productividad del empleado. Añadió que la media salarial en la Isla ha estado estancada en $13 desde hace una década, en gran medida porque “la economía ha estado estancada en dos décadas”.
Escucha su mensaje:
Incentivos y flexibilización por la pandemia
Por otra parte, Pierluisi Urrutia repitió su interés por el eliminar el toque de queda que continúa vigente en la OE contra el COVID-19 y modificar las restricciones de atención a clientes que los restaurantes deben seguir.
“Si fuera por mí, aquí no hubiera toque de queda. El toque de queda es una medida extrema que restringe, pero todavía estamos en una pandemia y tiene una función. El toque de queda busca que después de cierta hora, la gente se recoja a buen vivir y que no haya aglomeraciones en la calle que propicien más contagios”, expresó Pierluisi Urrutia.
El Gobernador añadió que, a su juicio, los restaurantes no son focos de contagio de COVID-19 y, si los datos se lo permiten, aumentaría el nivel de ocupación —que actualmente se encuentra en un 30%— y el horario de operación, pero que los restaurantes mantengan las mesas a seis pies de distancia entre cada una, por recomendación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).
“Si puedo flexiblizar un poco más, lo voy a hacer. No esperen cambios dramáticos, pero sí que si la data científica lo permite, voy a flexibilizar”, le reiteró a los empresarios.
También adelantó que próximamente develará un nuevo incentivo para pequeños y medianos comerciantes, así como un nuevo sistema de permisos y modificará la estructura del Programa de Protección de Nóminas local, conocido como el “PPP Criollo”, para que más empresas lo soliciten.
Pierluisi Urrutia estuvo acompañado de su hermana menor, Caridad “Cary” Pierluisi Urrutia, quien fue presentada como la directora en propiedad de la Oficina del Gobernador. El Primer Ejecutivo anunció a principios de su año que su hermana ocuparía un puesto en esa oficina y trabajaría “ad honorem”, o sea, gratis.
El efecto de la pandemia
El evento “Proyecciones 2021” de ASORE presentó un estudio de situación de los restaurantes del país por la pandemia del COVID-19 y los estimados el año en curso.
El análisis, que incluía una encuesta a 1,593 establecimientos, indicó que un 65% de los participantes tardaría entre uno y dos años en retornar al nivel de ventas en que se encontraban antes de la emergencia salubrista.
Si la situación no mejora, un 56% de los encuestados podría despedir empleados o reducir sus horarios de operación para continuar abiertos, según la encuesta, liderada por el economista Vélez.
“Todo esto nos conduce a que tenemos que hacer un plan de acción con el gobierno. Amerita un espacio nuevo para que trabajemos juntos la recuperación de lo que ha sido uno de los sectores más golpeados”, concluyó Vélez en su presentación.
El economista enumeró que los integrantes de la cadena de alimentos debían procurar ubicarse entre los sectores prioritarios del plan de vacunación del gobierno, a toda vez que el Gobernador debía revisar las disposiciones en la Orden Ejecutiva que fija un límite de clientes por establecimiento.
De acuerdo a Vélez, los restaurantes deben recibir algún tipo de ayuda adicional para subvencionar el pago de nómina y los gastos operacionales, a toda vez que debe eliminarse el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU).
En declaraciones a la prensa posterior a su mensaje, Pierluisi Urrutia descartó eliminar el IVU porque ese dinero se utiliza para el repago de la deuda de Puerto Rico.
“Definitivamente, necesitamos alivios económicos para nuestra clase empresarial con los que podamos balancear los gastos y las pérdidas que hemos tenido hasta el momento”, exclamó, por su parte, José Vázquez Barquet, nuevo presidente de la Junta de Directores de ASORE.
Entre los demás resultados de la encuesta se destaca que el 86% de los participantes se han movido a tomar órdenes por teléfono y solo un cinco por ciento ha aumentado sus ventas durante la pandemia.