El 2020 tampoco pinta bien para las operaciones de Microsoft en Puerto Rico, luego de que un juez federal ordenara a la corporación multinacional divulgar un centenar de documentos sobre sus operaciones en la Isla y relacionados con una contenciosa auditoría que el Servicio de Rentas Internas federal (IRS) emprendió hace 12 años.

Con la divulgación de estos documentos, el IRS está en posición para culminar dicha auditoría, la cual busca precisar si Microsoft cometió un acto de evasión de impuestos al transferir casi $39,000 millones en ingresos a su filial en Puerto Rico para pagar menos impuestos federales. El resultado de esa auditoría podría darse a conocer en este año y revelaría la cuantía total de impuestos debidos por Microsoft por concepto de transferencia de precios.

Se trata de una lucha que emprendió el gobierno federal contra la evasión contributiva de las empresas norteamericanas multinacionales que usan subsidiarias internacionales para transferir ganancias a un tratamiento contributivo más favorable del que obtendrían si tributaran los ingresos en Estados Unidos. Se ha estimado que el porciento de ganancias que las corporaciones estadounidenses transfieren a jurisdicciones internacionales aumentó de 4.6% en 1996 a 19% en 2017.

No hay un cálculo de cuánto el fisco federal deja de recibir por esta medida pero un estudio de economistas estimó que, tan solo en 2016, los impuestos dejados de cobrar en Estados Unidos por esta práctica suman al menos $61,000 millones. Para comparar, el presupuesto de Puerto Rico por ingresos propios es de unos $9,000 millones y el presupuesto consolidado, que incluye transferencias federales, suma poco más de $20,000 millones, por lo que, hablando puramente de estimados, Estados Unidos podría sufragar completo a Puerto Rico tres veces con los impuestos que dejan de cobrar en tan solo ese mecanismo contable de las empresas internacionales.

Para colocar la controversia más específicamente al presente, la Ley 154, que es el mecanismo contributivo puertorriqueño que actualmente le permite a Microsoft reducir su carga contributiva en Estados Unidos por sus operaciones en Puerto Rico, le dejó a la Isla en el año fiscal 2019 $2,082.9 millones, o el 22% aproximado de sus ingresos propios. Esta ley está bajo fuego de parte del Departamento del Tesoro federal, que ha exigido a la gobernadora Wanda Vázquez Garced un plan para elinimarlo. Tan reciente como ayer, el secretario de Hacienda, Francisco Parés, fue ambiguo y poco claro en exactamente cuál es el plan de salida del Gobierno de Puerto Rico para este impuesto.

Pese a que el arbitrio de la Ley 154 suponía vencer en el 2017, una de las primeras medidas legislativas aprobadas por el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares al comienzo de su mandato fue una extensión a ese arbitrio hasta el 2021. El exdirector de campaña del mandatario, Elías Sánchez Sifonte, fue tanto representante del Gobernador ante la Junta de Control Fiscal, como cabildero de Microsoft Puerto Rico.

Pero el caso que mantiene a Microsoft y al IRS en los tribunales no fue bajo esta Ley 154, sino bajo el sistema de decretos contributivos que el Gobierno de Puerto Rico ha utilizado por décadas para mantener en secreto sus negociaciones con ciertos contribuyentes individuales y corporativos. Fue el mismo mecanismo bajo el cual la Administración Fortuño reconoció un reintegro de $200 millones al Doral Bank. En el caso de Microsoft, el decreto es de 2005, bajo la gobernación de Aníbal Acevedo Vilá, con Juan Carlos Méndez en la secretaría de Hacienda y Marisara Pont en la secretaría de Estado, como lo evidencia un correo electrónico que está en el caso como evidencia y que puede ver aquí:

El supuesto esquema fue delineado recientemente en un reportaje de ProPublica, publicado poco antes de que el juez federal Ricardo Martínez emitiera una orden favorable al IRS con respecto a los documentos que persiguen – orden que estuvo pendiente ante su consideración por casi tres años. Según la publicación, Microsoft logró acogerse a una tasa contributiva de casi 0% al traspasar su activo más valioso, su propiedad intelectual, a una filial suya establecida en Humacao que se dedica a la fabricación de discos compactos para sus productos. 'El Negocio del Siglo en Retorno de Inversión', lo catalogó Eli Hoory, abogado del equipo del IRS en una presentación a ejecutivos de la propia Microsoft en 2014.

'Este tribunal se encuentra incapaz de escapar la conclusión de que buena parte del propósito, sino todo el propósito, de las transacciones de Microsoft (en Puerto Rico) era evadir los impuestos federales sobre ingresos', dijo el juez Martínez del Tribunal Federal en Seattle.

Mire la decisión aquí:

Microsoft se limitó a responder a algunos medios que 'sigue la ley y siempre ha pagado todos los impuestos que debe'.

En este memo de 2003, Microsoft discute su estrategia en Puerto Rico:

Desde el 2006, Microsoft ha movido el monto de sus ganancias a la Isla con el fin de pagar una tasa contributiva de entre 0% y 2%. Este fue el resultado de una negociación exitosa entre los asesores contributivos de Microsoft de la firma KPMG y el Departamento de Estado de Acevedo Vilá. KPMG tiene una larga historia con el Gobierno de Puerto Rico que llegó a niveles de tirantez durante el periodo de producción de los estados financieros del país para los años previos a la declaración de quiebra del gobierno.

La auditoria del IRS contra Microsoft también resulto en cambios a su ley orgánica impulsado por grupos cabilderos que representaron los intereses de otras multinacionales como Google, Facebook y Amazon ante el Congreso, preocupados por la manera en que la agencia manejó la auditoria. Los esfuerzos del IRS incluyeron la contratación del bufete Quinn Emanuel para apoyo con la auditoría, la ejecución de poderes de citación y el traspaso del caso directamente a un tribunal en lugar de pasar por un foro intermedio dentro la agencia que maneja apelaciones.

Los esfuerzos de cabildeo, encabezados por el Coalition for Effective and Efficient Tax Admisnitration (CEETA), rindieron frutos con la aprobación de la Ley Taxpayers First en el 2019. Con esa medida, el Congreso limitó los poderes que el IRS empleó para llevar a cabo la auditoría contra Microsoft.