El pago de la deuda pública de Puerto Rico, una que sobrepasa los $70,000 millones, es insostenible bajo cualquier escenario que se aborde y, aunque el Plan Fiscal de la isla contempla su reestructuración, los supuestos en los que se basa son irreales y los efectos adversos en la economía del país son mayores a los inicialmente proyectados.

Esta premisa, en la que se impulsan múltiples grupos opositores a la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en ingles), y la implementación de la Junta de Control Fiscal (JCF), esta vez fue establecida por el economista de Columbia University, el doctor Martín Guzmán.

En el recayó la tarea de completar un estudio sobre la sostenibilidad de la deuda, comisionado por Espacios Abiertos y el Centro para una Nueva Economía de Puerto Rico. Junto a el, laboraron el Nobel de Economía Joseph Stiglitz y Pablo Gluzmann, de la Universidad de la Plata.

En resumidas cuentas, si la deuda --antes de los huracanes Irma y María-- consistía de $72,200 millones, entre $50.5 y $65 billones deberían ser perdonados, junto a los intereses no contemplados por el Plan Fiscal.

'Bajo cualquiera de los escenarios, aún con una hipótesis optimista, es insostenible y debe ser reestructurada. Aún antes del huracán María, estos son rangos conservadores. No hay forma de llegar a pagarla toda. Simplemente la deuda no se puede pagar', sostuvo Guzmán durante una presentación de sus hallazgos.

Guzmán es investigador de la División de Economía y Finanzas de la Escuela de Negocios de Columbia University en Nueva York y profesor de economía de la Universidad de Buenos Aires.

Para completar el análisis, realizado en un año, los economistas utilizaron el Plan Fiscal certificado en marzo de 2017, el cual abordaba el panorama presupuestario de la isla hasta el 2027, y estudió 192 escenarios diferentes.

De sus notas, sobresale que el Plan Fiscal aprobado por la JCF contiene fallas en su diseño que lo alejan de las dinámicas macroeconómicas que repercutirán tras su implementación. Es decir, promulgar la contracción económica, o políticas de austeridad, solo provocará un encogimiento económico mayor, una reducción en los recaudos y la migración de talentos.

Esas prácticas, a juicio de Guzmán, no toman en consideración la evolución del producto nacional bruto (GNP, por sus siglas en ingles).

'El Plan Fiscal lo que está es asumiendo que una contracción fiscal de un dólar refleja una contracción en el GNP de 1.34 dólares. No se hace ningún análisis de sensibilización. Nuestra revisión arroja que el valor promedio estimado para la contracción de un dólar, implica una contracción del producto de entre 1.09 y 3.05 dólares', aseveró el economista.

Con los parámetros del Plan Fiscal y esos números, Puerto Rico tendría que recaudar superávits primarios, o sea, sobrantes, de entre 3.5% y 7.4% del GNP durante todos los años luego del 2026.

Como punto de comparación, Guzmán y el economista Sergio Marxuach, del Centro para la Nueva Economía, mencionaron que a Grecia se le solicitaba un GNP de 3%.

'Ya se están advirtiendo las consecuencias de este Plan Fiscal. En ninguno de esos otros años, el GNP pasa del 2 por ciento. El más alto es 1.7 por ciento', mostró Guzmán.

El economista añadió que 'para llegar a esos niveles, tienes que eliminar financiación a la Universidad [de Puerto Rico], o sea ahorros en conocimiento y en todo aquello con la capacidad de producir y traer ingresos al país. Al ahorrar en conocimiento, se entraría en una trampa de la austeridad en donde los incentivos para permanecer en el territorio son menores. Tendría efectos sociales muy negativos'.

En esa línea, el Plan Fiscal asume, según Guzmán, que el crecimiento llegará de las manos de reformas estructurales en su totalidad, y que los flujos migratorios serán menores en un contexto en que la economía estará más contraída, cosa que 'no puede tener sentido'.

Entretanto, Guzmán subrayó que las cantidades en el estudio reflejan cifras conservadoras, pues se fundamentan en los 'supuestos irreales de la JCF'. Por eso, podrían ser más dramáticas.

Con este panorama, Puerto Rico se enfrenta a una dicotomía peligrosa: si no se paga la deuda, la isla perdería su reputación y no podría acceder a los mercados de credito, mientras que si emite los pagos requeridos, la economía se contraerá aún más.

Por eso insistió en la necesidad de la reestructuración de la deuda como 'condición necesaria' para aplazar los pagos e incentivar el crecimiento.

'La reestructuración de la deuda no garantizará la recuperación de Puerto Rico. Es simplemente una condición necesaria. Si no se hace, la recuperación no va a ocurrir. No es un indicador seguro, pero es para que no limite su crecimiento y le de las oportunidades de crecimiento a su población', explicó.

Con la ayuda de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, el estudio de Guzmán será entregado a la jueza Laura Taylor Swain, quien lidera el caso de quiebras bajo el Título III a nivel federal, a modo de 'alegato como amigo de la corte' para proveer más información sobre los efectos del pago inmediato de la deuda.

Empero, las variables que rodean esta situación son impredecibles, dado que es un suceso distinto al ejecutado en otras jurisdicciones. Entiendase, Puerto Rico no es un territorio soberano, y encima de todo es comandado por la Ley Promesa, estatuto federal único en su clase.

A eso se añade el efecto de dos huracanes sobre la ya lacerada economía, lo cual conforma un contexto particular que otras jurisdicciones no han enfrentado.

Ante esto, Guzmán ve con buenos ojos que la JCF haya solicitado una revisión de los planes fiscales del Gobierno pensados a cinco años, ya que la incertidumbre rodea la economía de la isla.

Los hallazgos del estudio fueron enviados a la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, en como parte de los esfuerzos de revisión del Plan Fiscal, pero el doctor Guzmán aún no ha recibido respuesta.