La Industria Lechera de Puerto Rico (INDULAC) busca paralizar en el Tribunal de Primera Instancia un aumento a la leche UHT propuesto por la Oficina de Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) adscrita al Departamento de Agricultura por considerarlo ilegal.

La Orden Administrativa 2017-06 emitida por la ORIL el 31 de mayo que impone un aumento de tres centavos a la leche ultra pasterizada o aséptica (UHT) debió entrar en vigor al día siguiente de la Orden, el pasado 1 de junio.

El presidente de la Junta de Directores de INDULAC, agrónomo Juan Carlos Rivera, explicó que acudieron al Tribunal para que detenga la implantación de este aumento que consideran ilegal por no haber seguido el debido proceso de ley.

'Para que una Orden de Precios entre en vigor hay un procedimiento establecido en la ley 34 de 1957 que se obvió por completo. Este aumento no responde al debido proceso de evaluación y análisis de la industria y a la condición del mercado actual de leche exigido por la propia Ley de la ORIL. Se supone que se hagan vistas públicas, que se hayan publicado una serie de edictos, que se haya contado con la comparecencia y opinión del secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) sobre dicho aumento y su efecto sobre los consumidores. Nada de esto se hizo', explicó en declaraciones escritas.

INDULAC está solicitando al tribunal no solo que se paralice la orden de precios, sino que el aumento se deje sin efecto ante el daño que le causará a la industria lechera en general, a los consumidores de leche UHT y a la propia INDULAC.

El precio fijo a ser pagado por el consumidor por el cuartillo de leche por el que hoy se paga 1.92 dólares sería 1.95 dólares. Dicho aumento tendrá un impacto en el consumidor de un millón de dólares anuales.

'Este aumento se ha diseñado para pagarles a Suiza y Tres Monjitas el acuerdo a que se llegó en el Tribunal Federal la pasada administración. Esto fue una deuda auto infligida que ahora el Secretario pretende que Indulac pague, escondiéndose y amparándose en el Tribunal Federal en vez de luchar y retar el acuerdo que ha sido malo para los agricultores, el gobierno y el pueblo que son los que han tenido que pagarlo. Por esto, están dispuestos a meterle la mano en el bolsillo al consumidor ahora,' explicó el agrónomo.

Mediante el acuerdo transado por la pasada Secretaria de Agricultura en el 2013 en la Corte federal, se acordó pagarles a las dos elaboradoras de leche $95 millones de los cuales le llegaron a pagar 21 millones de dólares. El presupuesto actual del Departamento de Agricultura ha reservado unos 15 millones de dólares para este pago.

'Le hacemos un llamado al Secretario de Agricultura para que cuestione esta transacción que se llevó a cabo de manera irregular y rete el acuerdo y la supuesta deuda que no está asegurada en esta situación de quiebra de las agencias del gobierno central, incluyendo el Departamento de Agricultura,' insistió Rivera Serrano.

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