A pesar de la preocupación que despierta un relevo de responsabilidad y permiso de entrada requerido a mujeres embarazadas en comunidades de escasos recursos y residenciales públicos para fumigar sus residencias con el pesticida deltametrina, el Gobierno insiste en que la firma del documento es totalmente voluntaria y no constituye un intento de las autoridades por lavarse las manos en caso de que el uso de la sustancia química resulte nociva para la mujer y su feto.

El renglón número seis de las condiciones del relevo estipula que 'la participante acepta que ni el Estado Libre Asociado (ELA), ni sus representantes serán responsables de su condición de salud ni de la condición de salud de su feto durante el embarazo ni durante o posterior al parto sea antes o después de firmado el relevo'.

El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, aseguró que no se trata de relevar de responsabilidad al Gobierno ni al contratista privado que realizará las fumigaciones, sino de evitar falsas expectativas.

'De lo que se trata es de darle información a la persona porque el que se fumigue no impide el 100% que se contagie, entonces hay que darles información igual que con los ‘escrines'. Nosotros los instalamos gratuitamente en los residenciales, pero la persona tiene que aceptarlo. Obviamente como se trata de fumigar se tiene que estar seguro de que la persona está de acuerdo y que no piense que eso quiere decir que no va a estar en riesgo. Esa persona va a salir de la casa, y va a ir a otros lugares donde se puede contagiar. La fumigación reduce muchísimo la presencia de la larva pero no al 100% necesariamente, así que lo que se le está dando es información y requiriéndole su consentimiento', explicó el Primer Ejecutivo.

Por su parte, la secretaria de la gobernación, Grace Santana, aseguró que el lenguaje del texto ha causado confusión entre la población pero recalcó que no es el propósito eximir de responsabilidad ni al Gobierno estatal ni al federal.

'Sobre ese plaguicida no ha habido controversia, es el que se utiliza de forma terrestre y dentro de las residencias. El propósito de esa mención, de lo que se ha interpretado como un relevo al Gobierno de Puerto Rico no tiene que ver con la fumigación en sí, tiene que ver con la expectativa que se le pueda crear a la mujer embarazada de que la fumigación en su unidad la libera de todo riesgo para contraer la enfermedad ella y su feto. No tiene un propósito de liberar al Gobierno de Puerto Rico o al Gobierno federal de responsabilidades', aseguró la Secretaria de la Gobernación a la vez que indicó que no se descarta la revisión del lenguaje en ese renglón específico.

Sin embargo, el director ejecutivo del capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), William Ramírez, aseguró que el relevo no es totalmente voluntario, sino que tiene en sí una connotación implícita que afecta directamente a las mujeres embarazadas en desventaja socio económica.

Ramírez fue más allá y aseguró que este documento podría victimizar a las mujeres embarazadas de comunidades pobres en la Isla al estas temer perder sus beneficios del programa federal de nutrición suplementaria (WIC) si no firman el documento contractual.

'Tenemos un programa como el WIC, que es un programa de nutrición para estas personas, le dicen fírmame este documento y, aunque ellos dicen que es voluntario, hay cierta presión, muchas de las mujeres nos lo han comunicado. Aquí han llegado bastantes consultas de mujeres embarazadas que recibieron el documento que aseguran que el problema es que no les quieren decir el producto que van a utilizar, que ayer nosotros nos enteramos que era deltametrina y lo hicimos público', aseguró el Director Ejecutivo de la ACLU.

'El programa WIC es un programa para personas necesitadas de una nutrición saludable. Un programa federal que usualmente va dirigido a personas no pudientes y aquí tenemos una situación donde una mujer pobre tiene que ceder sus derechos para que hagan esa fumigación que dicen que es voluntaria pero hay un temor, una amenaza implícita de que si no firman ese documento se le pueden cancelar esos beneficios', dijo.

Ramírez señaló que la presunta seguridad del producto es relativa al existir pruebas que indican que el químico podría causar daño al feto.

'El Instituto Nacional de la Salud (NHI, por sus siglas en inglés) publicó un artículo sobre ese producto en particular tomando ‘issue' con la Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés) porque esta última lo endosó para uso contra malaria en ciertos países como en México. El NIH dice que durante pruebas que se hicieron ha causado daños en los cromosomas, que eso es precisamente lo que se está tratando de evitar con el zika. A su vez es un precursor al cáncer. Además se ha hecho mención de que esta sustancia es neurotóxica para los seres humanos, o sea, que afecta el sistema nervioso y causa convulsiones', indicó el licenciado.

'El problema aquí es que como no te proveen esa información, cómo puedes consentir a no responsabilizar al causante de ese daño si en efecto lo causa. Distinto es el caso cuando a la persona se le informa de todas las posibilidades que existen con el uso de ese producto y si aun así, la persona asumió el riesgo', añadió.

Ramírez indicó que la ACLU exhorta a las mujeres embarazadas en residenciales públicos y comunidades de escasos recursos a no firmar ningún documento sin que se le provea toda la información necesaria.

'Aun así usted no tiene que relevar al Gobierno y mucho menos a una compañía privada de responsabilidad por cualquier daño que ocurra. Si usted quiere firmarlo, hágalo, pero asegúrese de tachar la cláusula seis', insistió.