La historia vivida por la ciudad de Detroit tras el estado de Michigan imponer en marzo de 2013 una Junta de Control Fiscal (JCF) para paliar la deuda de $18 mil millones parece repetirse con las propuestas que trae la JCF de Puerto Rico.

En esta línea, el director de investigación del Centro para la Nueva Economía, Deepak Lamba-Nieves dijo que existen muchas similitudes entre las políticas implantadas en Detroit y la hoja de ruta dibujada acá en Puerto Rico por la JCF.

Una política de austeridad, con recortes a las pensiones, reducción del gasto operacional del gobierno implantando, además, la privatización de servicios que actualmente ofrece el gobierno y la venta de activos públicos son algunos aspectos que se repiten en ambos escenarios, según se discutió.

'Esta historia se repite en muchos aspectos. Son narrativas comunes', dijo Deepak Lamba tras subrayar que Puerto Rico debe mirarse en el espejo de Detroit para poder hacerle frente a esas propuestas que somete el ente creado por la Ley Promesa.

Para que la ciudadanía se empodere y pueda hacer frente común a las políticas de austeridad que intenta implantar la JCF en Puerto Rico, de acuerdo con Cecille Blondet, directora ejecutiva de Espacios Abiertos, es necesario establecer alianzas con las comunidades, la academia y organizaciones no gubernamentales de forma que se puedan compartir datos y realizar estudios que sirvan para sustentar denuncias y propuestas.

'No se puede extrapolar con lo que pasó allá y pensar que va a funcionar aquí. Tenemos que mirar estos casos y en una forma más sistemática para ver las lecciones que podrían ser aplicables', dijo por su parte la Dra. María Enchautegui, catedrática de la UPR.

En el caso de Detroit hubo distintos grupos con distintas estrategias para la organización comunitaria. Por ejemplo, en el caso de la comunidad afroamericana en Detroit ya se estaba organizando para tener representatividad en la sociedad ya que siendo mayoría no estaban en ninguna de las organizaciones políticas, concilios especiales, escolares.

'Fueron muchos grupos que se organizaron por temas, por necesidades específicas además de la situación racial', explicó Lamba-Nieves.

Al igual que en Puerto Rico, en Detroit se cerraron 283 escuelas con propuestas para reorganizar el sistema con escuelas privatizadas y charters schools. Quienes tenía el poder de decidir qué escuelas cerraban eran personas que no habían sido electas, por lo que la comunidad se organizó para formular contrapuestas.

'Se estaban cerrando escuelas en lugares donde hacían falta escuelas, no había un racional, nadie le podía explicar a los residentes por qué se estaba cerrando la escuela del vecindario. Les suena eso?', indicó.

La Junta Fiscal de Detroit decidió privatizar algunos servicios como el recogida de basura, el alumbrado público, parques, la colección de arte de la ciudad y el servicio de agua potable. Las obras de arte se preservaron luego de un acuerdo en el que fundaciones estadounidenses aportaron recursos para atender parte del problema de las pensiones.

El caso de la privatización de escuelas con el Detroit Public Schools y la crisis del agua sumada a la tragedia de la ciudad de Flint fueron los casos más claros de efectos nocivos para la ciudad.

Por los graves problemas económicos de la ciudad de Detroit, la JCF de Detroit decidió privatizar el corte de agua por la cantidad de morosos. La ciudad dejó sin servicio por falta de pago a 30 mil familias, la mayoría de afroamericanos pobres.

En la ciudad de Flint, a 106 kilómetros al noroeste de la ciudad de Detroit, para ahorrarse dinero la junta de control fiscal canceló el contrato que tenía con la agencia que suministraba agua y alcantarillados y empezó a usar agua tratada del río Flint sin darle el tratamiento adecuado para el consumo humano.

'Volvemos a la austeridad. Para ahorrarse un dinero, desconectaron del sistema de agua para conectarse al Río Flint que estaba contaminado. Se estaban utilizando tuberías llenas de carcinógenos. Se desconectaron para bajar los costos con el efecto nefasto de envenenar a generaciones que sufrirán el efecto de ingerir cancerígenos', señaló Lamba-Nieves.

De igual modo, Lamba-Nieves opinó que hay áreas que no se deben privatizar porque son un bien público, como la red de transmisión de energía de la Autoridad de Energía Eléctrica, y el sistema de la Universidad de Puerto Rico. De acuerdo con Lamba, para que Puerto Rico tenga desarrollo económico el país necesita una mejor universidad, no menos universidad como propone el gobierno y la Junta.

'En realidad la privatización es un fin en sí mismo o qué es lo que busca? Quién se beneficia y quienes pierden? Esas son las preguntas empíricas que hay que hacer', añadió Lamba.

Dijo que las luchas, los temas y la efectividad ha variado. Aunque se ha creado una conciencia el caso de Puerto Rico se encuentra matizado por una historia de represión que puede explicar la ausencia o timidez en la respuesta de la sociedad civil a las medidas tomadas. Sostuvo que esa se añade la válvula de escape que representa comprar un pasaje y mudarse a EEUU en ciudades donde ya hay establecida una comunidad boricua que facilita su inserción.

Ni la ley del Emergency Manager en Detroit ni la ley PROMESA definen el término 'servicios esenciales'. Según Espacios Abiertos, que junto a otras organizaciones visitaron en septiembre pasado Detroit para estudiar las experiencias de la ciudad con la quiebra, 'la definición de servicios esenciales responde a los intereses particulares de ciertos grupos. En nuestro caso, la definición de este término clave reflejará los intereses e ideologías de los miembros de la Junta Fiscal'.