La Administración García Padilla presentó esta mañana el proyecto para que las corporaciones públicas puedan entablar un proceso de reestructuración de su deuda, y la intención del Senado es aprobar hoy mismo el proyecto de casi 150 páginas.

La medida propone la creación de la 'Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas' con el propósito principal de crear un marco legal para que las corporaciones públicas que están experimentando dificultades financieras superen las mismas a través de un proceso estatutario ordenado que les permita atender de manera justa y equitativa sus deudas, al mismo tiempo que garantizan la continuidad de los servicios esenciales a los ciudadanos y continúan renovando su infraestructura.

'La ley federal provee una estructura legal que permite a las compañías privadas y a las entidades municipales de los Estados Unidos restructurarse para atender sus desafíos financieros y continuar ofreciendo sus servicios. Sin embargo, las corporaciones públicas de Puerto Rico que proveen servicios públicos esenciales a la ciudadanía no pueden acogerse a estas leyes. Por eso, se crea la Ley de Recuperación de las Corporaciones Públicas, para proveer una base legal que les permita atender una posible insolvencia sin poner en peligro los servicios esenciales que estas proveen. Es importante aclarar que esta ley no incluirá la deuda del Estado Libre Asociado (ELA) ni otras entidades gubernamentales expresamente excluidas en el proyecto', expresó el gobernador.

Los funcionarios explicaron que la ley propuesta dispone un proceso ordenando mediante el cual una corporación pública puede alcanzar la autosuficiencia financiera con el fin de garantizar su capacidad de proveer servicios esenciales al pueblo de Puerto Rico, de manera continua y a largo plazo. El proyecto de ley provee dos posibles mecanismos para lograr un ajuste financiero exitoso de las deudas de una corporación. Ambos están diseñados para garantizar un trato justo y equitativo para todos las partes afectadas, así como un nivel constante de servicio a los consumidores

Por otro lado, la secretaria de Hacienda indicó que el Capítulo 2 del proyecto específicamente dispone un mecanismo voluntario diseñado para devolverle a las corporaciones públicas su solvencia y capacidad crediticia mediante el aplazamiento o la reducción del servicio a la deuda con el consentimiento de una súper mayoría de sus acreedores como parte de un programa de recuperación aprobado por las partes. Además, si el mecanismo voluntario fracasara el Capítulo 3 dispone un proceso mediante una solución judicial.

'El propósito principal de la ley es proteger los intereses del pueblo de Puerto Rico y asegurar que el vacío existente en las leyes federales no ponga en peligro los servicios públicos esenciales. Además, busca proteger la deuda de obligación general (GOs, por sus siglas en inglés) y ciertos créditos relacionados, como COFINA. Esto es posible pues se otorgaría a ciertas corporaciones públicas la oportunidad de atender sus retos financieros de una vez por todas, liberando así al Fondo General. Así también protege los intereses de todas las partes afectadas, ya que brinda a las corporaciones públicas un mecanismo para negociar con sus acreedores, lo que permite una distribución justa y equitativa de los recursos y crea un futuro más prometedor para sus negocios', añadieron.

Según se explica en el proyecto, no todas las corporaciones públicas serán elegibles para acogerse a la Ley de Recuperación. Entre las entidades expresamente excluidas están el Estado Libre Asociado, los 78 municipios, el BGF, sus subsidiarias, afiliadas y entidades adscritas, el Fideicomiso de los Niños, la Administración de los Sistemas de Retiro, el Sistema de Retiro de la Judicatura, la Agencia de Financiamiento Municipal, la Corporación de Financiamiento Municipal, la Compañía de Fomento Industrial, la Autoridad de Puerto Rico para el Financiamiento de Facilidades Industriales, Turísticas, Educativas, Médicas y de Control Ambiental (AFICA), la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), el Sistema de Retiro para Maestros y la Universidad de Puerto Rico.

Además, aquellas entidades gubernamentales que no estén excluidas solamente podrán acogerse a la ley propuesta si al momento de solicitar la protección no pueden pagar deudas válidas a su vencimiento, sin ayuda de acciones legislativas adicionales o sin asistencia financiera adicional del ELA o del BGF, mientras continúan desempeñando sus funciones públicas.

'Creo que la situación de las corporaciones requiere acción. Yo no estaría hablando de privatización. Estaría hablando de una reestructuración donde se evite que empleados de las corporaciones queden fuera', comentó esta mañana el portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático en el Senado, Aníbal José Torres.

Mientras tanto, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, alertó la radicación y aprobación del mencionado proyecto el miércoles, mientras dijo el mismo debe ser analizado profundamente.

El líder sindical dijo que hay que evaluar detenidamente los alcances de la propuesta que viene del ejecutivo y que también fue avalada por el presidente del Senado, Eduardo Bhatia. Además, aseguró que la discusión pública de la medida destruyó la posibilidad de que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) lograra un acuerdo de una línea de crédito que estaba negociando hace una semana.

'La Autoridad estaba a punto de arreglar entre el viernes y el lunes, las líneas de créditos que se dejaron sin efecto, con un acuerdo positivo para Puerto Rico. De momento el lunes sale la noticia del proyecto de la quiebra. Tú crees que la banca, después que llevan cinco o seis días negociando, con esa noticia del gobierno, va a autorizar una línea de crédito', expresó.

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