Aunque aprobó la consolidación, la Comisión Marítima Federal (CMF), y particularmente el comisionado Daniel B. Maffei, consignaron su preocupación de que la unión de las empresas Luis Ayala Colón (LAC) y Puerto Rico Terminals (PRT), una afiliada de Tote Maritime, ponen a la Isla en peligro de menos alternativas y costos mayores en el transporte marítimo.

Esto, a su vez, tiene el potencial de impactar notablemente el costo de la vida en la Isla ya que la mayoría de la mercancía, alimentos y hasta medicinas nos llega por mar.

De la unión entre las compañías, que entró en vigor el 29 de agosto pasado, sale la empresa Puerto Nuevo Terminals (PNuevoT), a la cual LAC le cederá todos sus contratos vigentes y la cual queda habilitada mediante el acuerdo para realizar todas las actividades de manejo de carga y servicios relacionados que se permiten en el puerto de San Juan. Siendo subsidiaria de Tote y con la desaparición de LAC, realmente es Tote el que tiene control final de PNuevoT.

El compromiso de mantener las tarifas actuales con la nueva empresa solo cubre hasta el 2020. Pero desde ya pueden ocurrir cambios en acuerdos laborales, cargos por seguros atribuibles a desastres naturales y un ajuste por costo de energía.

Según una de las opositoras del acuerdo, la senadora Rossana López León, el acuerdo le da a Tote/PNuevoT el control del 90% del negocio de la carga marítima en la Isla, con el restante yendo a Crowley Maritime. Tote y Crowley ya han tenido casos federales donde ejecutivos han sido condenados por ponerse de acuerdo para aumentar precios en sus servicios en San Juan.

La aprobación que la FMC extendió al acuerdo no fue unánime y no debe acabar el tema todavía porque, según el mismo ente regulador, están dejando abierta la posibilidad de ir al tribunal en contra del acuerdo dependiendo de la información que reciban de cómo la nueva entidad afecta el mercado y las operaciones de carga.

'La Comisión está preocupada de que, una vez el acuerdo entre en vigor y la nueva PNuevoT comience operaciones, la resultante reducción en competencia puede producir una reducción irrazonable en los servicios de transportación o un aumento irrazonable en el costo de transportación (de carga)', dijo la CFM el jueves pasado.

Añadieron que, aunque van a permitir que el acuerdo entre en vigor, tiene la intención de 'examinar todas las opciones posibles', para regular el mismo y va a ordenar un 'régimen reforzado de monitoreo' para la nueva empresa.

La aprobación no fue unánime ya que el comisionado Maffei emitió un voto disidente por su convencimiento de que el acuerdo reduce la competencia de una manera perjudicial para la Isla.

El disidente no estuvo conforme con las presunciones que usó la Comisión en su decisión mayoritaria porque, por ejemplo, asumieron que no se daría un aumento en precios porque el aumento provocaría que algunos acarreadores de carga simplemente no llegaran a la Isla, pero no se tomó en cuenta que, estando Tote detrás del acuerdo, realmente hay un incentivo para que no haya más compañías dando servicio a la Isla, de manera que Tote pueda acaparar aún más. La decisión de no dar servicio a Puerto Rico puede no tener un gran impacto en las empresas de carga porque el mercado local es pequeño comparado con otros a los que les sirven, pero puede llevar a 'una irrazonable reducción en servicio al pueblo de Puerto Rico'. argumentó.

Durante el fin de semana, el representante novoprogresista, José Aponte Hernández, solicitó a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, una reunión de emergencia sobre este tema y pidió a la CFM que reconsidere su decisión.

'El resultado práctico es un monopolio de los servicios portuarios en el Puerto de San Juan con sus consabidas barreras y nocivos efectos al comercio y consumidor, en grave perjuicio de la economía de Puerto Rico, que por años permanece en un estado frágil', dijo​​​​​​ quien también fue autor de la resolución 1371 mediante la cual la Cámara expresó su rechazo a la transacción.

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