Hay auditorías críticas contra otras cuatro agencias del Gobierno de Puerto Rico.

La Oficina del Inspector General (OIG, por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) emitió lo que hasta ahora es la única pesquisa oficial hecha sobre el controvertible contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con la empresa Whitefish Energy Holdings, LLC tras el huracán María y encontró que, aunque estuvo correcto el proceso de otorgación del acuerdo, la corporación pública pagó de más y no sería elegible para que esos pagos sean reembolsados con fondos federales.

La auditoría abarca también el contra de la AEE con Cobra Acquisitions, LLC, una relación que ya produjo una acusación criminal federal contra el principal ejecutivo de la empresa privada y dos funcionarias de la Agencia Federal para el Manejo de Desastres (FEMA), una de las cuales ya se declaró culpable.

En conjunto, las fallas en el manejo de los contratos son: autorizar tarifas más altas que las que el propio contratista propuso, falta de supervisión y dejar que el contratista acumule costos de más para entonces autorizarle pagos que no se debieron autorizar.

El análisis del OIG contiene señalamientos también contra la propia FEMA porque desembolsó “$852 millones para gastos bajo el contrato de Cobra sin confirmar primero si la AEE había supervisado adecuadamente el contrato”. Añade que FEMA no determinó si eran razonables los gastos en los que Conra incurrió bajo el contrato y porque pudo haber reembolsado fondos por gastos que son inelegibles bajo el Programa de Asistencia (PA) de FEMA.

La determinación de los auditores federales viene casi dos años después de que, en septiembre de 2018, la Oficina de la Contralora dijera que había concluido una investigación sobre el contrato de Whitefish sin encontrar irregularidades. Esa decisión de la Contraloría permitió que el entonces gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, decretara la controversia resuelta, dejando atrás las dudas sobre el desempeño de la AEE en ese trámite.

Vea: FEMA contradice a la Gobernadora sobre preparación para la temporada de huracanes

La auditoría de los contratos de Whitefish y Cobra es la más reciente de una serie de la OIG que tocan sobre los fondos federales otorgados después de los huracanes Irma y María y que recientemente incluyó también señalamientos contra el Departamento de la Vivienda (DV), el Departamento de Educación (DE), el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Algunos de estos señalamientos son en la misma línea de la carta que FEMA sometió a la Gobernadora el 14 de julio denunciando que el Gobierno de Puerto Rico no estaba listo para enfrentar otro desastre mayor por deficiencias administrativas.

Whitefish y Cobra

Los contratos de la AEE con Whitefish y Cobra son de los que en la industria se conoce como de “time and materials (T&M)”, se refieren a respuesta rápida después del desastre que se supone la corporación pública pueda suplir con sus propios recursos o con acuerdos de movilización hechos con otras empresas o utilidades públicas antes de la emergencia y se pagan con parte de los $2,000 millones de fondos del programa de Asistencia Pública (AP) de FEMA que habían sido asignados a la AEE hasta noviembre de 2019.

El contrato de $300 millones con Whitefish, una empresa de Montana con solo dos ejecutivos, se otorgó el 26 de septiembre de 2017, seis días después del paso del huracán María y con el país todavía totalmente a oscuras por la caída general de la red eléctrica. El 17 de octubre fue enmendado para atemperarlo a regulaciones federales y aumentar las tarifas de la empresa y el 30 de noviembre de 2017 el gobernador Ricardo Rosselló Nevares ordenó su cancelación por la controversia pública. Andy Techmasnki, presidente de Whitefish, dijo que contactó a la AEE por LinkedIn.

La deuda final que reclama Whitefish es $160 millones, de los cuales la AEE le ha pagado unos $36 millones. Con esta auditoría, la OIG advierte que FEMA no podría reembolsarle ese dinero a la AEE, mientras que la AEE reclama que no tiene recursos para pagar, por lo cual Whitefish se activó en el caso de quiebras de la AEE y es uno de los acreedores que actualmente cuestionan los pagos que se harían al consorcio LUMA mediante el recién anunciado acuerdo para que ese consorcio controle el sistema de transmisión y distribución de la corporación pública.

Sobre la forma en que se otorgó el contrato, la OIG no tuvo señalamiento porque lo que piden las regulaciones federales es que se cumpla con las leyes de contratación estatales y la Administración Rosselló Nevares había emitido órdenes que relevaban del cumplimiento de ciertos procesos de contratación y compra debido a la emergencia.

Los inspectores encontraron que, a pesar de que oficiales de la AEE aseguraron que habían evaluado los costos, Whitefish le presentó a la AEE sus nuevas tarifas la misma tarde en que se firmó la enmienda al contrato, por lo que no es posible que hubiera una evaluación adecuada de la razonabilidad de esas tarifas. La AEE hizo el primer contrato con Whitefish aceptando pagar por encima de la propuesta original de Whitefish y, además, enmendó el contrato aceptando pagar aún más en tarifas. Y los aumentos de tarifa fueron considerables, por ejemplo: paar un celador, Whitefish propuso $113.57 la hora y la AEE primero le contrató $178.46 la hora (aumento de 57%) y luego le enmendó para $227.88 la hora (28% de aumento); en cuanto a equipo, Whitefish propuso $24 la hora por un arrastre que carga grandes rollos de cable, la AEE le firmó $25.68 (7% de aumento) y se lo enmendó por $168.11 (555% de aumento); en cuanto a la tarifa que Whitefish pagaría a subcontratistas, mientras que para un celador regular la tarifa propuesta fue $113.57, para un celador subcontratado, la AEE le aceptó tarifa de $319.04 la hora (181% más).

Las tarifas de subcontratistas fueron una categoría nueva que Whitefish introdujo en el contrato enmendado y que la AEE le aceptó. El informe resalta que esas tarifas hasta 217% más altas que las tarifas del personal de Whitefish, las tarifas por hora para equipos eran de hasta 881% más altas y se añadía una capa nueva de gerentes cuyas tarifas por hora iban desde $140 para un administrador de oficina de campo hasta $616 para un contable ‘senior’.

Recientemente, el presidente de Whitefish, Andy Techmanski, reapareció con otra compañía, Merrow-FORLOH Medical, que se llevó un contrato de $4 millones sin subasta para proveer 100,000 batas reusables en cuatro meses a la Administración federal de Asuntos del Veterano.

En cuanto a Cobra, el contrato fue firmado el 19 de octubre de 2017. El 28 de enero de 2018 fue enmendado para aumentarlo de $200 a $445 millones y el 27 de febrero fue enmendado para llevar el tope a $945 millones. Los señalamientos de la OIG sobre este contrato acusan una incapacidad, o falta de voluntad, de la AEE para supervisar adecuadamente al contratista, conllevando ahora gastos cuestionados.

La AEE no usó adecuadamente las autorizaciones y cambios de órdenes en el contrato para supervisar y controlar el trabajo, no estableció términos y condiciones para los proyectos que Cobra trabajaría, no documentó ni aprobó estimados de costo y tiempo de trabajo con antelación y pagó más de lo que se había acordado por los proyectos. Por ejemplo, la AEE emitió la primera autorización bajo el contrato el 21 de diciembre de 2017, 35 días después de que Cobra había comenzado el trabajo y cuando ya acumulaba costos por $9.5 millones. En 15 proyectos que los auditores revisaron, Cobra había acumulado costos por $117 millones antes de que la AEE los autorizara.

Esto se combina con otra deficiencia administrativa, aprobarle cambios de órdenes al contratista meses después de que el trabajo ya se había cambiado y se había hecho. En los 15 proyectos que los auditores examinaron, la AEE emitió 41 cambios de órdenes que aumentaron los costos de $164 a $555 millones, con proporciones de aumento en cada proyecto que van del 49% al 4,700%. Peor aún, la AEE tiene un sistema que no le permite pagar a los contratistas más de la cantidad aprobada en las autorizaciones de trabajos, pero la AEE lo obvió e implantó un sistema alterno que le permitió pagar a Cobra facturas que se pasaban de la cantidad autorizada, y sin que el contratista ni siquiera contara con un cambio de orden para ese aumento de costos.

El informe responsabiliza tanto a FEMA como a la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, por sus siglas en inglés) por dejar que este contrato corriera sin la fiscalización debida y, a FEMA, reiteró su advertencia general sobre los problemas que traen los contratos T&M para el manejo de desastres. FEMA contestó que no será hasta agosto de este año que complete su análisis del contrato de Cobra y hasta febrero de 2021 que pueda determinar no pagar los costos inelegibles.

Cuatro agencias vitales que no saben cómo manejar los fondos federales

Además de esta auditoría relativa a los contratos con la AEE, la OIG ha emitido múltiples auditorías relativas al uso de fondos de emergencia en Puerto Rico. Específicamente, del 26 de marzo al 9 de abril han emitido cuatro auditorías que cuestionan las capacidades de agencias del Gobierno de Puerto Rico para manejar fondos federales. Las auditorías ya están levantando la posibilidad de que se aumente el nivel de “riesgo” de las agencias como recipientes de fondos federales, lo cual implica mayores restricciones y tardanzas en la accesibilidad de fondos y trae un eco de otros periodos históricos en los que las cuatro agencias han sido calificadas como de “alto riesgo” en el uso de fondos federales.

Esto se suma a los señalamientos que hizo FEMA a la gobernadora Wanda Vázquez Garced en una carta del 14 de julio, pero divulgada ayer, que conluye que la administración no está lista para enfrentar otro desastre mayor debido en parte a que no se respeta a la estructura gerencial de las agencias que se supone tengan los conocimientos técnicos y la experiencia para responder a un desastre e interactuar con las agencias y fondos federales.

En marzo, la OIG del Departamento de Vivienda federal (HUD) criticó la incapacidad del DV para registrar correctamente las horas regulares y extras que sus empleados trabajaron durante la emergencia, encontrando que fluctuaciones de cientos y hasta miles de dólares en pagos por debajo o por encima de las horas correctas, lo que aduce, según los auditores, fallas en controles que aumentan “el riesgo de que ocurran actividades fraudulentas sin que sean detectadas”.

Luego, el 9 de abril emitieron tres auditorías que atienden deficiencias alarmantes en el DE, DTOP y la AAA.

En el DE, concluyeron tardanzas a nivel que todavía en 2019 no se había completado trabajo de “emergencia” para reparar escuelas y “los estudiantes todavía estaban recibiendo clases en escuelas que no habían sido reparadas completamente, lo cual puede ser potencialmente dañino o una amenaza a la vida”. Incluso, apenas en 2019 el DE estableció por primera vez su Oficina de Gerencia de Proyectos (OGP) para atender los trabajos de reparación y reconstrucción tras el paso del huracán María en 2017.

“El DE no tiene la capacidad para gerenciar efectivamente los fondos del PA de acuerdo a reglas federales y guías de FEMA… no tenía pericia adecuada para completar el trabajo de emergencia y someter a tiempo solicitudes de reembolso. El DE necesita asistencia técnica adicional y monitoreo para asegurar cumplimiento con las reglas federales de contratación”, indicó la OIG.

En el DTOP, los auditores señalan el incidente bochornoso de que, cuando le pidieron a la agencia la documentación de su proceso para manejar las asignaciones federales, “proveyeron un flujograma dibujado a mano… y reconocieron que no tienen políticas y procedimientos escritos para sostener algunas de las actividades consignadas en el flujograma”.

“Sus empleados no tenían el adiestramiento de compras requerido y no entendían los requisitos de FEMA para solicitar reembolsos en el área de tiempo compensatorio”, dijeron en otra instancia a la vez que notaron que no había un funcionario asignado a atender el proceso de asignaciones federales sino que se les refirió al jefe de la agencia.

En la AAA, notaron que “no siguieron las políticas y procedimientos para registrar adecuadamente el uso de generadores ni para asegurarse de que tuvieran suficientes controles sobre la elegibilidad de los suplidores.