Entre ellas: que la AAA no tiene un reglamento establecido para suministrar fluoruro al agua, que hay posible aumento en la factura del agua, así como había un contrato en Corrección para custodiar reclusos en una cárcel que ya no opera.

El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), fueron cuestionados hoy en vista ejecutiva por el componente del comité de transición entrante, tras existir información a medias de varias ejecuciones realizadas en este cuatrienio.

La licenciada Verónica Ferraiouli, mencionó en conferencia de prensa, que convocaron a las agencias antes mencionadas tras cortes de prensa e información que llegaron después de la vista de transición, percatándose así que las agencias no habían expuesto el 100% de la realidad y las carencias que tiene cada una de las agencias.

Malentendidos con información proporcionada por el DCR

La primera controversia que se discutió fue con el DCR, tras la secretaria, Ana Escobar Pabón, haber alegado en la vista de transición gubernamental que los encargados de realizar el informe sobre el caso de Hermes Ávila Vázquez no estaban licenciados para ejercer su práctica en la isla.

“Nos llegó una carta del licenciado Galva y la corporación Uticorp que fueron los que hicieron el informe de Hermes Ávila Vázquez que durante la vista se informó que el licenciado Jorge Galva no era abogado y que los médicos que habían hecho el informe no eran licenciados en Puerto Rico”, explicó Ferraiouli.

“Tanto el licenciado como la corporación nos informó que eso era incorrecto y dado la importancia de poner en duda los títulos de estas personas, solicitamos a la secretaria (del DCR) que regresara y rectificó su testimonio bajo juramento y nos informó que había sido por desconocimiento de ella que había hecho esas aseveraciones y que estaba aclarando que el licenciado Galva está admitido a práctica en Puerto Rico y que los médicos que rindieron el informe también estaban autorizados a ejercer la medicina en Puerto Rico”, añadió.

Esto a pesar de que Escobar Pabón tiene ocho empleados de confianza y cinco ayudante especiales.

Luego de aclarar el malentendido, Escobar Pabón, también comunicó que el contrato de seguridad que estaba vigente en el municipio de Salinas para vigilar la cárcel que está deshabilitada, ya fue desestimado.

“Fue un contrato que habíamos cuestionado dado que era una cárcel en donde no había nadie y se estaban pagando por estos servicios de seguridad interna de la institución. Nos informó que ya se notificó la cancelación, esa cláusula de cancelación es de 30 días, así que, después de esos 30 días, ese contrato queda cancelado”, sostuvo Ferraiouli.

El licenciado César Alvarado añadió que el contrato de seguridad interna que está registrado como: 2025- 047, había sido firmado por la cantidad de $1.1 millones.

“Eran $1.1 millones del total…fue curioso porque en el testimonio anterior se nos dijo qa preguntas mías de si estaba firmado el memorando de entendimiento entre el US Marshalls y el DCR, en aquel momento me dijo que no, pero hoy nos dijo que sí que existía y que continuaba con otras instalaciones”, indicó Alvarado.

“Particularmente... el contrato era para tener determinado número de guardias privados que se iban a encargar de custodiar a este personal a estos reclusos federales que iban en tránsito hacia otras instituciones correccionales”, apuntó.

Desde el 23 de julio de 2024 según Alvarado, se removieron los últimos reclusos federales que estaban en esa institución, pero el contrato de seguridad seguía vigente.

“El contrato se firma en agosto y el 23 de septiembre un personal que estaba en el puesto informa que ya esos puestos de la compañía privada no son necesarios porque no tiene a nadie a quien custodiar y dos meses más tarde y a cuatro meses desde la firma y hasta el día de la vista que tuvimos a preguntas de este servidor, ya contrato fue cancelado”, dijo.

En síntesis, según se estimó, los cuatro meses de contratación implica un gasto aproximado de sobre medio millón de dólares gastados “por no rendir un servicio al pueblo de Puerto Rico”, criticó Alvarado.

AAA desconoce cuánto fluoruro hay que depositarle al agua

Otro asunto que desconcertó al comité de transición entrante, fue al enterarse que la AAA no tiene un reglamento para saber cuánto fluoruro hay que depositar en el agua y que están ahora esperando las indicaciones por parte del Departamento de Salud.

“Lo que la presidenta (de la AAA, Doriel Pagán) nos dijo fue que el Departamento de Salud tenía que decir cuánto se tenía que echar de fluoruro, cuál eran la dosis indicada y que el proceso estaba corriendo ahora mismo. Una vez Salud le indicará, se añadiría el fluoruro, pero que no era un asunto de falta de fondos, sino de que no se había reglamentado”, indicó Ferraiouli.

“A diciembre del 2024 aparentemente en Puerto Rico no se ha reglamentado cuánto fluoruro hay que echar en el agua…”, añadió incómoda la licenciada.

La instalación de los contadores inteligentes que lleva evaluándose desde el 2017, también fue un tema de discusión en la vista ejecutiva, tras el comité de transición entrante preocuparle el impacto fiscal que pueda conllevar y con él, un aumento en la factura del cliente.

“Lo que nos dicen es que los contadores actuales no son eficientes, por lo tanto, no están facturando el consumo real. El plan fiscal incluye una cantidad de cuánto va a aumentar la factura y varía desde el año 2030 al 2038 de $92 a $96 millones. Será el aumento que representaría utilizar este tipo de contadores”, explicó el licenciado Oriol Campos.

“Es importante que se sepa que muy probable tenga un impacto en la factura que se paga todos los meses…Estos contadores tienen sus cosas positivas, pero van a representar un aumento. Es importante que se comunicara esa información”, comentó el licenciado.

A pesar de la insatisfacción del comité de transición entrante ante el disloque de información en las pasadas vistas, el secretario del Departamento de Estado, Omar Marrero, defendió la gobernanza de Pedro Pierluisi y aseguró que todo lo que se le ha solicitado a las agencias, se le ha entregado a la nueva administración con total transparencia.

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