La Oficina del Inspector General realizó una investigación sobre el asunto que reveló que, al 31 de mayo del 2021, la AEE tenía cuentas por cobrar de al menos $22.6 millones y $147.1 millones entre 16 corporaciones públicas.

La Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG), realizó una evaluación de cumplimiento en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en la que identificó deficiencias en las gestiones de cobro de los balances millonarios adeudados por diversas agencias gubernamentales.

Para el examen se evaluó una muestra de 23 cuentas incluidas en el informe de envejecimiento de cuentas por cobrar de la AEE. Según la información provista por la propia entidad y recopilada durante la intervención, al 31 de mayo de 2021, siete agencias adeudaban en conjunto $22,618,759 y 16 corporaciones públicas adeudaban $147,132,994.

Existían balances históricos en las cuentas de estas entidades previo a finalizar el año fiscal 2020, demostrando que las gestiones que realizaba la AEE para recobrar los balances de pago, fueron infructuosas. La AEE legitimó que realizaba gestiones de cobro mediante diálogo con las entidades, el envío de información física detallada y notificaciones de cobro.

No obstante, según certificado por la AEE, la evidencia de dichas gestiones de cobro no pudo ser presentada, toda vez que alegaron permanecía bajo la custodia del Operador Privado que tomó el control de las operaciones en 2021. Por lo que a su vez, informaron no tener acceso al sistema de servicio al cliente, Customer Care and Billing (CC&B, por sus siglas en inglés), desde el 1 de junio de 2021.

En entrevista durante el mes de enero de 2023, personal de la AEE indicó que se realizaban gestiones adicionales para poder conciliar la deuda con las entidades gubernamentales y lograr el cobro de estas. Entre otras cosas, tenían programado realizar visitas a las agencias y reuniones con funcionarios principales del gobierno.

De la información recopilada por los auditores se encontró que, el 23 de junio de 2022, la AEE emitió cartas a las entidades con cuentas por cobrar expresando que, a partir del 1 de junio de 2021, el Operador había asumido el control de la operación y mantenimiento del Sistema de Transmisión y Distribución de energía eléctrica, incluyendo servicio al cliente y las gestiones de facturación y cobro por el servicio eléctrico. En dicha carta la AEE expresa que como parte de los trabajos de integración entre el Operador y la AEE, en lo sucesivo, será la AEE la encargada de las gestiones de cobro de las deudas acumuladas previo al 1 de junio de 2021. Asimismo, en dichas cartas le proponen a las entidades iniciar un proceso de diálogo colaborativo para atender y resolver las deudas pendientes de pago y proponen enviarle el estado de cuenta del balance en la brevedad posible.

A la fecha de la intervención la AEE, informó que había establecido un plan de pago con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado por $42,501,661 y un acuerdo de transacción para recibir de la Oficina de Gerencia y Presupuesto $50,627,126 para finiquitar la deuda por servicio de energía eléctrica de 43 entidades gubernamentales.

Se solicitó a cada una de las entidades gubernamentales que formaron pare de la evaluación, una confirmación sobre el balance de la deuda por concepto del servicio de energía eléctrica al 31 de mayo de 2021. La información recibida del 91% de las entidades muestreadas, evidenciaron la falta de conciliación, debido a que resultaron con diferencias de más o de menos, respecto a los balances ofrecidos por la AEE.

Otras deficiencias inciden sobre la conciliación de las cuentas, falta de acceso a las aplicaciones ya la información sobre los pagos recibidos y deudas acumuladas por el servicio de energía eléctrica, incumplimiento con el registro de los planes de pago en el registro de contratos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico y ausencia de revisión a la reglamentación de procedimientos adjudicativos.

El examen cubrió el período de 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2022. Se efectuaron las pruebas que se consideraron necesarias de acuerdo con las circunstancias. La muestra se basó en la evaluación a 23 entidades gubernamentales que mantenían balances adeudados mayores de $50,000 al 31 de mayo de 2021 (fecha previa a transición al Operador Privado).

El Informe de Examen es público y está disponible en la página oficial www.oig.pr.gov. En el mismo se incorporó la respuesta de la AEE a cada uno de los hallazgos identificados.

La Oficina del Inspector General fue creada en virtud de la Ley Núm. 15-2017, antes citada. Entre sus funciones tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las mejores prácticas de administración pública en todas sus facetas.

Reacciona el director ejecutivo de la AEE

“En la Autoridad de Energía Eléctrica tomamos con mucha seriedad los informes de la Oficina del Inspector General y sus recomendaciones, así como de todas las entidades que nos fiscalizan. En esta ocasión, nos referimos al informe relacionado a las gestiones de cobro de balances adeudados por diversas agencias gubernamentales a la corporación pública, durante el período del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2022. Aclaramos que este informe se refiere a las deudas acumuladas hasta mayo de 2021, y que luego de nuestro nombramiento para dirigir la Autoridad, realizamos múltiples reuniones con las agencias y corporaciones que reflejaban deudas por concepto del servicio de electricidad; y con la ayuda del señor Gobernador, Pedro Pierluisi; de la Secretaria de la Gobernación; del Secretario de Estado; y de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), logramos acuerdos con las agencias del gobierno central, con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, y con otras corporaciones públicas, que nos permitieron poner punto final a años de disputas y de controversias sobre las deudas gubernamentales sin pagar", expresó el Director Ejecutivo de la AEE, el ingeniero Josué A. Colón Ortiz sobre el informe.

"Estas gestiones de recobro de millones de dólares también contribuyeron a aliviar la situación fiscal actual que enfrenta la Autoridad. Continuaremos con nuestras gestiones para asegurar el fiel cumplimiento de las recomendaciones que presenta la Oficina del Inspector General para mantener una sana administración. Desde el 1 de junio de 2021, la responsabilidad del cobro por el servicio de energía eléctrica que reciben las agencias del gobierno, las corporaciones públicas y demás clientes es del operador privado Luma Energy”. agregó.