“Nos mantenemos en la posición de que ellos necesitan pagar su deuda y que la deuda nuestra es una deuda que tiene que estar en el primer orden de prelación en el tribunal”, dijo el presidente de la Junta de Gobierno del CRIM, Jesús Colón Berlingeri.

El presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM), Jesús Edgardo Colón Berlingeri dijo que los alcaldes rechazaron condonarle la deuda al Grupo HIMA.

Los representantes del consorcio hospitalario se reunieron con los directivos del CRIM.

“Ellos no presentaron un escenario nuevo y viable para los municipios, volvieron y recalcaron su posición de que los eximieran de prácticamente todas las contribuciones que le adeudan a cada uno de los municipios y ninguno de los alcaldes está de acuerdo con eso”, dijo Colón Berlingeri al culminar la reunión de la junta.

“Nos mantenemos en la posición de que ellos necesitan pagar su deuda y que la deuda nuestra es una deuda que tiene que estar en el primer orden de prelación en el tribunal”, añadió.

El también alcalde de Orocovis sostuvo que, si se venden los activos por concepto de la quiebra, los $12 millones que le adeudan al CRIM los tendrán que pagar.

Por su parte, el director ejecutivo de la entidad, Reinaldo Paniagua Látimer sostuvo que la propuesta que le presentaron fue reducirle los cargos por intereses y penalidades, pero tenían que presentar una garantía de que la deuda tiene prioridad y las operaciones de los hospitales continuarán.

“Eso no es negociable, y nos tienen que garantizar que van a seguir operando como hospital y de que esos empleos no se van a perder, porque de lo contrario no estamos dispuesto a dar ni un paso. Tampoco está sobre la mesa borrar la deuda de los libros del CRIM”, sostuvo.

En la reunión, se le presentó el estado de deuda a los municipios de Caguas, Bayamón, Humacao y Fajardo.

“Y como ellos no pudieron garantizar nada, les dijimos que nos quedamos donde estábamos”, concluyó.

El pasado 15 de agosto, el Grupo HIMA solicitó acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras. El conglomerado adeuda más de $400 millones a sus acreedores que incluye al Gobierno de Puerto Rico y los municipios donde tienen inmuebles.