El alcalde ponceño enfrenta multas y devoluciones por $159,944.24

El alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón y la tesorera de dos comités de campaña relacionadas a su figura, Damaris Suliveres Cruz, enfrentan desde hoy multas y devoluciones ascendentes a $159,944.24 como resultado de una investigación que hiciera la Oficina del Contralor Electoral (OCE) sobre las operaciones del Comité Municipal del Partido Popular Democrático (PPD) en Ponce y del Comité Amigos Dr. Luis Irizarry Pabón.

Ambas entidades son presididas por el actual alcalde del Municipio de Ponce.

En concreto, la OCE impuso una multa de $86,767.063 al Comité Municipal del PPD en Ponce y al Comité Amigos Dr. Luis Irizarry Pabón, por las cuales responden solidariamente. Además, se determinó imponer un total de $36,114.204 en multas adicionales al Comité Amigos Dr. Luis Irizarry Pabón y un total de $5,650.005 en multas a la tesorera de ambos comités, Suliveres Cruz.

El pasado 20 de mayo el Departamento de Justicia anunció que estaba refiriendo a Irizarry Pabón a la Oficina Panel del Fiscal Especial independiente ya que existía prueba de que el funcionario había cometido los delitos de extorsión y enriquecimiento injustificado.

Entre los hallazgos de la OCE se confirma que la campaña del Alcalde recaudó fondos para el pago de un préstamo sin informarlo a la OCE, no identificó a los donantes que aportaron al repago de dicho préstamo, dejó de depositar dichas contribuciones recibidas en las cuentas oficiales de los comités y por consiguiente dejó de realizar los desembolsos desde la cuenta depositaria oficial para el repago del préstamo, todo ello en violación a las disposiciones de la Ley 222.

En un comunicado de prensa de la OCE, se explicó que la pesquisa indagó sobre alegados donativos en exceso recibidos de parte del convicto federal Oscar Santamaría Torres y sobre alegados requerimientos realizados a empleados municipales por Irizarry Pabón, para el repagó de un préstamo personal de $50,000 que utilizó para financiar parte de su campaña política, entre otras alegaciones, en contravención a las disposiciones de la Ley sobre la Fiscalización del financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico (Ley 222-2011).

La OCE identificó a ocho personas que aportaron $5,810.70 para repagar deudas de campaña. Estos pagos no fueron reportados.

Las personas que hicieron los pagos son: Alberto Negrón, Director de los Ayudantes del Alcalde; Edgard Avilés, Secretario Municipal; Marlese Sifre, Vicealcaldesa; Waldemar Rivera, Director de Ayuda al Ciudadano; Luis Velázquez, Chofer del Alcalde; Pedro Quiles Torres, Comisionado de la Policía Municipal; Francisco Rodríguez, Administrador de la Ciudad de Ponce y Jorge Luis Mercado Santiago, Director de Manejo de Emergencias de Ponce.

Según la OCE, Irizarry Pabón hizo un donativo de $30,000 a su propia campaña y que ese dinero salió de un préstamo personal.

“Igualmente, de la investigación realizada se desprende que el candidato Irizarry Pabón tenía la expectativa de recobrar el dinero que aportó a su campaña, razón por la cual solicitó y obtuvo de varias personas donativos a tales fines”, lee el informe de la OCE, en que se concluye que se debió haber registrado una deuda a pagar del comité de $30,000 a favor de Irizarry Pabón.

“Se evaluaron y analizaron confidencias recibidas, testimonios ofrecidos bajo juramento ante la OCE de personas con conocimiento de las alegadas irregularidades, requerimientos de información cursados, la posición oficial de las partes así como las transacciones de ingresos y gastos reportadas por ambos comités a los fines de determinar si las actividades financieras, administrativas y operacionales se efectuaron conforme a las disposiciones de la Ley y el ordenamiento aplicable.”, indicó el Contralor Electoral Walter Vélez Martínez.

Sobre el tema del préstamo, el comité de campaña indicó a la OCE sostuvo que los candidatos no tienen límites en cuanto a lo que puede aportar a sus campañas y que el préstamo no tuvo nada que ver con la campaña.

“No existe razón alguna para reconocer los $30,000 como una cuenta a pagar al candidato, porque si fuera así, tendríamos que registrar todas y cada una de sus aportaciones como cuentas por pagar y así la de todos los candidatos de posiciones políticas en Puerto Rico. Los documentos justificantes referente a la aportación en efectivo del candidato de los $30,000 fue el recibo de la hoja de depósito que se envió junto con el informe de ingresos y gastos que se presentó ante la OCE para el periodo trimestral de octubre a diciembre 2019”, lee la respuesta de comité.

Según la campaña, la conclusión de que Irizarry Pabón recibiría un repago por ese dinero es una inferencia que le falta a la verdad.

“El Comité de ninguna manera debe de registrar una cuenta por pagar de $30,000 ya que las aportaciones de un candidato a su comité de campaña no representan deudas contraídas. Ante la no existencia de pruebas fehacientes para sustentar que se recibieron donativos para el alegado repago del préstamo personal que tomó el candidato, y al no ser una gestión con inherencia al comité de campaña, mantenemos la posición de no reconocer deuda alguna y mucho menos registrar donativos que no hayan sido depositados en la cuenta de banco del comité de campaña”, reza la repuesta.

Entre los hallazgos principales figura que el Comité Municipal no identificó personas que realizaron donativos, no reportó a la OCE ni depositó en las cuentas oficiales de los comités alrededor de $30,000, desembolsó en efectivo alrededor de $30,000 en contravención a las disposiciones de la Ley y recibió donativos en efectivo de Santamaría por, al menos, $19,000 en exceso de los límites establecidos.

Irizarry Pabón, si se sostiene el informe de la OCE, tendrá que devolver esos $19,000 al Departamento de Hacienda.

Igualmente, la OCE encontró que personal de finanzas de los comités incumplió sus deberes al no mantener récords de la totalidad de las transacciones y dejar de mantener una contabilidad completa y detallada, según requerido por el ordenamiento.

“En la Oficina del Contralor Electoral seguiremos vigilantes y atentos a que se obedezcan todas las disposiciones establecidas por la Ley y el ordenamiento aplicable en cuanto a cómo se debe llevar el financiamiento de campañas políticas en Puerto Rico, con este fin continuaremos agotando los esfuerzos para hacer cumplir el mandato legislativo y de encontrar fallas o incumplimientos se impondrán las multas o penalidades que apliquen,” finalizó diciendo Vélez Martínez.