Proyecto de ley firmado por el Gobernador permite equipar a víctimas con la tecnología necesaria para conocer si sus agresores se les acercan

Entre los múltiples proyectos de ley firmados en estos días por el gobernador Pedro Pierluisi figura una medida que dejaría en manos de víctimas de violencia de género la capacidad tecnológica de identificar la cercanía de sus agresores si tienen órdenes de protección vigentes en su contra o tienen grilletes electrónicos.

El Proyecto de la Cámara 731 (PC 731) forma parte de un paquete de 11 proyectos de ley y dos resoluciones conjuntas a las que Pierluisi les estampó su firma. En este primer grupo de medidas anunciadas hoy por La Fortaleza solo hay una del Senado.

No se informaron vetos.

El PC 731 enmienda la Ley para Crear el Programa de Vigilancia, Protección y Prevención de Violencia Doméstica para que se le provea a la víctima una aplicación de detección electrónica del agresor que opere a través del Sistema de Posicionamiento Global o cualquier otra tecnología que cumpla con estos fines para ser usada en teléfonos, relojes inteligentes, o cualquier otro aparato tecnológico similar.

La intención es que una vez la víctima se percate de la cercanía de su agresor pueda notificar a los agentes del orden público.

La única medida convertida en ley de la Cámara Alta, el Proyecto del Senado 1197, le otorga inmunidad a los estudiantes, médicos residentes, médicos en programa de internados y en adiestramiento postgraduado en instituciones médico-hospitalarias públicas y privadas mientras realizan sus residencias o prácticas.

Según La Fortaleza, la nueva ley fue endosada por el Departamento de Salud, el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, la Oficina del Comisionado de Seguros y el Centro de Diabetes para Puerto Rico.

Pierluisi argumentó que la ley busca detener el éxodo de médicos y procura retener los profesionales de la salud que estudian en la Isla.

Regresando al tema de violencia doméstica, Pierluisi convirtió en ley un proyecto que autoriza a que durante la misma vista de causa para arresto en que se procese a alguien por violar la Ley de Violencia Doméstica, se expida también una orden de protección cuya vigencia no será menor de un año en los casos de reincidencia y seis meses en los primeros casos, y que en ambas instancias podrá ser extendida a discreción del tribunal y con la anuencia de la víctima.

Igualmente, el primer ejecutivo estampó su firma un proyecto que permite que organizaciones sin fines de lucro, dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres, puedan, bajo la reglamentación aprobada por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, tener la facultad legal de certificar a las intercesoras e intercesores legales que asisten a las víctimas de violencia doméstica durante los procedimientos judiciales instados al amparo de la Ley 54.

Pierluisi también dio paso a una medida que crea el Código Militar de Puerto Rico del siglo XXI, con el fin de equiparar a la Guardia Nacional de Puerto Rico con las demás jurisdicciones de los estados y territorios que componen Estados Unidos.

En síntesis, el nuevo Código Militar crea en el ámbito local una serie de protecciones similares a las provistas por las leyes federales de protección de empleo y reempleo, así como otras protecciones relacionadas con las activaciones al servicio militar y añade protecciones a aquellos ciudadanos-soldados que estén prestando servicio militar activo.

Asimismo, el primer ejecutivo dio paso a una medida que regula los métodos, procedimientos e instrumentos científicos utilizados para la toma y análisis de muestras de sangre, orina o cualquier otra sustancia del cuerpo para la determinación de concentración de alcohol, incluyendo la prueba inicial de aliento y la detección e identificación de sustancias controladas en los operadores de embarcaciones.

El Gobernador también avaló un proyecto que enmienda la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo para que la Corporación del Fondo del Seguro del Estado otorgue una tasa de reducción fija para primas de seguros de obreros de un 5% adicional. Esto aplicará, como bonificación especial para patronos del sector privado que, durante los dos años previos a la revisión, no hayan sido objeto de reclamaciones de accidentes o enfermedad ocupacional.