Alegan que el referido no se sostiene en derecho y responde a su activismo en favor de múltiples causas

Varios representantes populares cerraron filas esta mañana en favor de su correligionario José “Cheíto” Rivera Madera y argumentaron que el referido que hiciera el Departamento de Justicia de su persona a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) no se sostiene en derecho y responde a su activismo en favor de múltiples causas.

“No existe la prueba mínima requerida para superar una vista de causa para arresto, mucho menos alcanza el estándar más allá de duda razonable en una etapa de juicio. Por tal razón, para que conste en el récord, como institución la Cámara de Representantes estamos con nuestro compañero José Rivera Madera”, dijo el presidente cameral Rafael “Tatito” Hernández Montañez en una conferencia de prensa en compañía de sus compañeros de delegación Jesús Manuel Ortiz, Ángel “Tito” Fourquet, Gretchen Hay y Héctor Ferrer Santiago.

El Departamento de Justicia anunció ayer que concluyó que Rivera Madera había violado el artículo 200 del Código Penal conocido como obstrucción o paralización de obras al participar de una protesta el 10 de mayo pasado en el barrio Indios, de Guayanilla, donde la empresa Elite Tower estaba construyendo una torre de telecomunicaciones.

Según Hernández Montañez, la obra se estaba realizando entre 3:00 a.m. y 4:00 a.m.

El 11 de mayo se celebraría una vista ocular de la Cámara en el lugar.

Rivera Madera no estuvo presente en la conferencia de prensa de hoy.

Hernández Montañez sostuvo que Rivera Madera ejerció su derecho a la libre expresión y sus facultades como legislador, no cometió delito, no entró a propiedad privada, no violentó un perímetro, no impidió la entrada de vehículos al lugar y que fue la empresa constructora la que supuestamente llamó a la Policía para que le dieran seguridad durante la madrugada en que Rivera Madera fue arrestado. El legislador se enteró de las obras de construcción gracias a residentes del lugar.

Hernández Montañez sostuvo que la empresa hizo trabajos en un horario “ilegal” y aseguró que Elite Tower no tenía permisos o endosos para realizar trabajos de construcción entre 10:00 p.m. y 7:00 a.m. En una vista pública posterior a los eventos nadie pudo proveer copia de los permisos de la empresa.

“No hay un cordón, no hay un perímetro, no hay una intervención en una propiedad privada. Por parte del legislador no hay ninguno de los elementos de incumplimiento a la ley (Código Penal) que causarían que se diera un referido”, dijo Hernández Montañez al recordar que el legislador de primer turno ha sido vocal y ha levantado su voz en su rol fiscalizador, particularmente en lo que concierne al tema de las escuelas en el suroeste.

Hernández Montañez argumentó que el Departamento de Seguridad Pública (DSP) permitió que funcionarios mintieran y realizaron una pesquisa arbitraria “para proteger a sus propios funcionarios y empleados”. Cuestionó también por qué se movilizaron “cientos” de efectivos para asegurar que continuara una obra de construcción que supuestamente no tenía los permisos requeridos.

Durante la conferencia, Hernández Montañez cuestionó por qué Rivera Madera no fue citado por Justicia para ofrecer su versión de los hechos. Alegó que había prueba exculpatoria, específicamente un teniente de apellido Irizarry que supuestamente le confirmó a Rivera Madera que la empresa no tenía permisos para realizar la construcción a la hora de la protesta.

“No hay duda de que la Cámara de Representantes ha sido vocal, ha sido disciplinada, ha sido responsable en levantar la voz en nombre de los ciudadanos de Puerto Rico y uno de esos funcionarios que ha hecho un trabajo extraordinario en este cuatrienio ha sido José Rivera Madera, que fue a hacer sus funciones como la hacemos nosotros y lo quieren callar con el peso de la ley y nosotros no lo vamos a permitir”, dijo el presidente cameral al contestar la pregunta de si el referido era motivado por persecución política.

De otra parte, el representante Ángel “Tito” Fourquet, presidente de la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Suroeste, sostuvo que, a finales de abril, por solicitud de Rivera Madera, hizo un requerimiento de información sobre la construcción de la torre en Guayanilla. Específicamente, solicitó información al Negociado de Telecomunicaciones, a la Oficina de Gerencia de Permisos, a la Junta de Planificación y al Municipio de Guayanilla.

El 9 mayo la comisión cameral citó a una vista ocular para el 11 de mayo. La vista ocular fue cancelada y se celebró una vista pública el 22 de mayo en que, según Fourquet, nadie pudo proveer un permiso que autorizara a Elite Tower a trabajar en horas de la madrugada.

“No quiero pensar que están tomando acción sobre un legislador, miembro de la comisión, también para menoscabar una investigación legislativa”, sostuvo Fourquet al argumentar que no se le quiere entregar información a la comisión debido a que hay una pesquisa penal en curso.

Ferrer Santiago, por su parte, insistió en el argumento de que la empresa no tenía permisos para trabajar de madrugada y acusó al gobierno de utilizar “el instrumento de fiscalización para perseguir funcionarios electos que están haciendo el trabajo”.

Ortiz, entretanto, describió el arresto del legislador y el referido de ayer como “la utilización del aparato del estado para perseguir a aquellos que hacen su trabajo y denuncian acciones irregulares de quien sea… es inaceptable”.

Esta fue la conferencia de prensa de hoy de los legisladores: