WASHINGTON D.C. — La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (JSAF) es responsable de certificar los planes fiscales para la Isla, así como de reestructurar la deuda, aprobar presupuestos y contratos gubernamentales, financiar servicios públicos esenciales y revisar legislaciones para el cumplimiento fiscal.

Desafortunadamente, la falta de políticas necesarias de conflicto de intereses ha resultado en que compañías, como McKinsey & Company, puedan beneficiarse de ambas partes al asesorar a la JSAF de Puerto Rico y también al organismo beneficiario, al mismo tiempo.

Ante este escenario, los senadores estadounidenses Marco Rubio (R-FL) y Rick Scott (R-FL) presentaron la Ley de Integridad de la Junta de Administración y Supervisión Financiera para prohibir que cualquier firma de asesoría o consultoría de terceros asesore a la JSAF de la isla durante el período en que la firma también le esté brindando servicios de consultoría a un cliente que está compitiendo o realizando un contrato que es adjudicado por el gobierno de Puerto Rico y que está bajo la supervisión de la JSAF para revisión y aprobación.

“La corrupción gubernamental y la mala supervisión fiscal están perjudicando al pueblo de Puerto Rico. No podemos permitir que empresas como McKinsey exploten esta situación", expresó Rubio. "Esto es algo de sentido común: ninguna empresa debería poder asesorar a la junta de administración y supervisión financiera de la isla mientras activamente asesoran a los mismos clientes que se beneficiarán monetariamente de la concesión de grandes contratos por parte del gobierno de Puerto Rico”.

En tanto Scott, indicó que "la Ley de Integridad de la Junta de Supervisión y Administración Financiera ayudará a mejorar la transparencia y responsabilidad de la Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico. Estoy orgulloso de unirme al Senador Rubio y a nuestros colegas en la Cámara de Representantes mientras luchamos por un futuro mejor y más próspero para Puerto Rico y una mayor supervisión del dinero de los contribuyentes”.

Mientras, los representantes Jenniffer González Colón, Darren Soto y Ritchie Torres presentaron legislación complementaria en la Cámara de Representantes: H.R. 1702

“Al igual que hicimos en el último Congreso con la legislación PRRADA, seguimos buscando una mayor transparencia y confianza en el trabajo de la Junta de Supervisión y Administración Financiera", comento González Colón.

"Si Puerto Rico se va a someter a este proceso, necesitamos estar seguros de que las decisiones que tome la Junta y el asesoramiento que se brinde a sus miembros esté dirigido al mejor interés del pueblo de Puerto Rico y de una resolución justa a la liquidación de deudas, para lo cual es importante saber que los consultores que asesoran a la Junta si un contrato del gobierno cumple con el plan fiscal, no son los mismos que tenían como cliente al contratista cuando redactaban su propuesta o negociaban el contrato”, añadió.

Finalmente, Soto sostuvo que “debemos asegurarnos de que las decisiones que tome la Junta de Supervisión y Administración Financiera sean en el mejor interés de Puerto Rico y no estén influenciadas por intereses externos. También es nuestra responsabilidad velar por la integridad y transparencia de las instituciones gubernamentales, incluida la junta. Esta ley es un paso importante para lograr estos objetivos al prohibir que las firmas consultoras o asesoras de terceros tengan conflictos de intereses al asesorar a la junta. Este proyecto de ley es una medida necesaria para asegurar la integridad de nuestro gobierno y proteger los intereses de nuestros hermanos y hermanas en la isla", finalizó.