La organización Entidad Mujeres de Islas destacó que el proyecto necesitaría un proceso de recolección de datos, y un estudio de impacto para medir los efectos en las comunidades

La portavoz de la entidad Mujeres de Islas, Nathania Martínez González, recomendó, en vista pública de la Cámara de Representantes, a que se amplifique la medida que pretende crear una ley para reglamentar y fiscalizar los arrendamientos a corto plazo en la isla, ya que no atiende las preocupaciones principales de las comunidades.

Las expresiones surgieron en la vista de la Comisión de Turismo, presidida por el representante José Rivera Madera, quien también es autor del Proyecto de la Cámara 1557 (P. de la C. 1557) que pretende reglamentar y fiscalizar los arrendamientos a corto plazo en la isla.

La organización de Mujeres de Islas, que sirve al municipio de Culebra, aseguró que el P. de la C. 1557 no responde a las preocupaciones que presentan las asociaciones de vecinos. Según Martínez González, la medida necesitaría un proceso de recolección de datos; un estudio de impacto para medir los efectos del arrendamiento a corto plazo en las comunidades; medidas para proteger la vivienda asequible en las comunidades y zonas residenciales; y mayores provisiones para la participación ciudadana en el proceso regulatorio. Asimismo, indicó que la ley debería establecer procesos eficaces para ejecutar las regulaciones de alquileres a corto plazo, y que podría incluir la creación de un organismo especializado encargado del cumplimiento y la fiscalización.

“Con esto dejamos decir que aprobar una ley no será suficiente para asegurar que mantengamos en balance una economía saludable con bienestar social y ambiental para todos, no para pocos. Este proyecto se queda corto ante la aspiración de producir política pública comprensiva en la regulación de los arrendamientos a corto plazo en el archipiélago. El proyecto de ley no brinda mecanismo de respaldo o de recaudo para sostener actividades de fiscalización, las que podríamos proyectar que no se llevarán a cabo sin una asignación de recursos e infraestructura adecuada”, explicó Martínez González, quien reside en Culebra desde hace dos años.

La portavoz destacó la necesidad de que las regulaciones incluyan una asignación de recursos recurrentes, tanto económicos como humanos, para la fiscalización verdadera de los alquileres a corto plazo. Según lo explicado en la vista, la pieza legislativa responsabiliza, mayormente, a los municipios y ciudadanía como instrumentos de fiscalización.

“En Culebra hemos presenciado también el aumento en violaciones ambientales e invasiones en las zonas marítimo-terrestres relacionadas directamente a la transición de propiedades originalmente destinadas a vivienda a mediano y largo plazo hacia negocios turísticos a través de alquileres a corto plazo”, aseguró Martínez González.

Mientras que, la Alianza Nacional contra el Desplazamiento Poblacional rechazó la legislación y se opuso a que se legalice el establecimiento de negocios de alquileres a corto plazo en zonas residenciales. El portavoz de la organización, Miguel Reyes de Jesús, afirmó que esta actividad es fuente de desplazamiento y desintegración comunitaria.

“Es fundamental para un país como el nuestro, donde la inseguridad en todos los niveles de nuestra vida es el pan nuestro de cada día, que haya un lugar al que las personas, ya sean solas o con familia, puedan llamar hogar y a su entorno comunidad. El desplazamiento poblacional en nuestro archipiélago es una realidad innegable, y la Ley 60 ha venido a acelerar este proceso. Ahora los ‘Airbnbs’, y otras plataformas están haciendo su agosto con los alquileres a corto plazo continuando con el desplazamiento de nuestra población”, sostuvo Reyes de Jesús.