Según el secretario Domingo Emanuelli Hernández, han realizado “prácticas comerciales injustas y engañosas”, elevado el precio del medicamento durante pasada década en 1,200% y afectado al 30% de la población en Puerto Rico.

La situación es la siguiente: un usuario puertorriqueño de insulina de la marca Humalog paga $300 dólares por el medicamento, pero esa misma medicina, en Canadá, cuesta $30, una diferencia que llamó la atención de Justicia, agencia que sometió una demanda contra tres manufactureras e igual número de Administradores de Beneficios de Farmacia (PBM, siglas en inglés) por “prácticas comerciales injustas y engañosas”.

Tras una práctica que comenzó en 2012, el secretario Domingo Emanuelli Hernández señaló que tanto las manufactureras como los PBM involucrados “han elevado el precio de este medicamento ilegalmente durante la pasada década hasta un 1,200%”.

Según el secretario auxiliar de la División de Asuntos Monopolísticas de Justicia, Guarionex Díaz Martínez, “los pacientes están pagando más caro este medicamento, por lo que estamos pidiendo multas, reembolso del dinero cese y el desista de la conducta”.

Las manufactureras demandadas son Eli Lilly, Novo Nordiks y Sanofi Aventis, mientras que las PBM que serán llevadas a tribunales son Express Scripts, Caremark PCS Health, Caremark PCS Health, Caremark PR, OptumRx.

Todas estas compañías controlan la mayor parte del mercado en Estados Unidos.

El secretario insistió en que “estas compañías han creado un esquema de aumentos excesivos e injustificados en el precio de la insulina para su propio lucro y en detrimento de la comunidad de ciudadanos diabéticos en Puerto Rico. Nos parece un abuso hacia la población vulnerable de la Isla, por lo que el Departamento de Justicia peleará por los pacientes para defender sus derechos, su bolsillo y el acceso a la salud”.

En tanto, Díaz Martinez detalló que los PBM (empresas subcontratadas por las aseguradoras de salud para manejar las compras y autorizaciones de medicamentos recetados a pacientes) “comenzaron a implementar la táctica de requerir que los fabricantes de insulina les ofrecieran ‘rebates’ o reembolsos, y de amenazar a los fabricantes con la posible exclusión de su producto de insulina del formulario de medicamentos”.

Agregó que “los fabricantes aumentaron sus precios para mantener su margen de ganancia, brindándoles a los PBM reembolsos cada vez mayores, con el fin de que estos incluyeran su producto o les otorgaran preferencia. Mediante este esquema se creó un incentivo enorme para que los fabricantes inflaran el precio artificialmente”.

Al final, el paciente es el que se afecta directamente, quienes “han tenido que costear el creciente aumento en los precios, ya sea a través de copagos, porque exceden el límite de sus cubiertas, o porque simplemente no cuentan con un plan médico”.

El funcionario puso un ejemplo: “Si el precio de la insulina se fijaba en $100, y un PBM quería un reembolso de $40, el fabricante aumentaba el precio de lista a $140 para poder otorgarle el ‘rebate’ de $40 al PBM y mantener la ganancia que generaría dejar el costo en $100".