Log In


Reset Password
SAN JUAN WEATHER
Ahora

Pequeñas hospederías apoyan ordenanza en SJ para regular alquileres a corto plazo

Se estiman sobre 4,600 alojamientos independientes de corta duración en la ciudad capital y entre 25,000 y 30,000 en toda la Isla

Durante los años 2019 al 2022 los ingresos de alquileres a corto plazo sobrepasaron los $1,400 millones, y la pérdida de impuestos y cargos reglamentarios excedió los $300 millones, según indicaron.
Foto: Archivo/NotiCel

Varios líderes turísticos y empresarios en pequeñas hospederías, Bed & Breakfasts, y paradores, expresaron su apoyo a la propuesta de una Ordenanza Municipal en San Juan para registrar y reglamentar a los sobre 4,600 alojamientos independientes de alquiler a corto plazo (ACP) establecidos en la ciudad.

“Estudiamos el Proyecto de Ordenanza Núm. 26, y está bastante completo. Finalmente los municipios de alta actividad turística han reconocido que la gran mayoría de estos ACP son actividades comerciales, con ventas significativas; y deben estar sujetos a los mismos requisitos, permisos, licencias, patentes, seguros, contribución sobre la propiedad, y los estándares mínimos de seguridad, y sana convivencia comunitaria requeridos de toda empresa, incluyendo a los negocios rodantes y microempresas”, reveló Xavier A. Ramírez, presidente de la Asociación de Dueños de Paradores y Pequeñas Hospederías Puertorriqueñas (ADPPHP).

Según indicó Ramírez, el Código Municipal (Ley 107-2020) faculta a los municipios para tomar las medidas más apropiadas para reglamentar a todos los negocios en su jurisdicción, mientras aseguran que todos contribuyan equitativamente para mantener la infraestructura y los servicios públicos que proveen a sus constituyentes, y son utilizados para la actividad comercial.

“Definitivamente, apoyamos la aprobación de esta Ordenanza Municipal, la cual complementará la reglamentación vigente, mientras atiende las brechas más importantes creadas por estos negocios de ACP, y ayudará a controlar el desplazamiento acelerado de viviendas familiares que vivimos en San Juan; al establecer un registro obligatorio, junto a otros requisitos implantados exitosamente en las principales ciudades de Estados Unidos”, añadió Eddie Ramírez, presidente de la Asociación de Bed & Breakfasts.

Señalan que han estudiado el desarrollo de los ACP por diez años, y favorecen la economía compartida y colaborativa; mientras reconocen que los inversionistas comerciales se han expandido descontroladamente, causando serias dificultades para las comunidades residenciales y los Municipios; y anticipan que eventualmente, los departamentos de Hacienda, Bomberos, y el CRIM intervendrán con este segmento, como ha sucedido en cientos de ciudades del mundo.

“Estimados conservadores reflejan que, en la Isla, el inventario de ACP oscila entre 25,000 y 30,000 llaves; y el 85% son alojamientos completos, dedicados 100% del tiempo como ACP; sobre el 70% son administrados por anfitriones profesionales; y muchos constituyen hoteles ilegales”, señaló Tomás Ramírez, tesorero de la ADPPHP.

Mencionó, además, que durante los años 2019 al 2022 los ingresos de estos ACP sobrepasaron los $1,400 millones, y la pérdida de impuestos y cargos reglamentarios excedió los $300 millones; por lo que consistentemente han recomendado su registro obligatorio con la Compañía de Turismo y el Municipio donde se encuentran, como primer paso hacia una fiscalización y mitigación efectiva de las brechas de calidad, salud, y seguridad ya conocidas.

Estos empresarios turísticos reconocen que los ACP facilitan la dispersión del turismo hacia los 78 municipios y llegaron para quedarse; mientras afirman que durante los pasados ocho años la legislatura ha ignorado los reclamos de las comunidades residenciales y las recomendaciones que se le han hecho para causar el cumplimiento de los ACP con el ordenamiento reglamentario vigente.

Expresaron, además, que los ACP se mercadean simultáneamente por siete (7) mecanismos, entrelos que se encuentran las plataformas digitales como Airbnb, Vrbo y Join a Join, entre otros.

“Ciertamente, los acuerdos colaborativos con las plataformas digitales han probado ser muy importantes, pero excluye a sobre 35% de los ingresos de alquiler. A través de la nación estadounidense, se ha demostrado que la clave para asegurar el cumplimiento son el registro por sus propietarios, y la fiscalización por los ayuntamientos donde están localizados”, aseguró Ramírez.