El gobernador firmó una medida que da el beneficio a esos funcionarios, así como otra para que la UPR pueda realizar compras y subastas de bienes y servicios no profesionales sin la mediación de la ASG.

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia firmó el proyecto de la Cámara 1343, para autorizar aumentos salariales a los fiscales, procuradores de asuntos de menores y de familia, así como a registradores de la propiedad y procurador general adscritos al Departamento de Justicia (DJ).

Actualmente, y por disposición de la ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico (Ley 8 de 2017), los puestos de fiscales, procuradores de menores y de familia no son considerados como de carrera y sus nombramientos tienen un término de 12 años.

Por lo tanto, existe una disparidad entre estos profesionales del derecho y los restantes abogados que ejercen funciones en otras áreas del gobierno.

“Conozco de primera mano la encomiable labor que realizan nuestros fiscales, procuradores y registradores del Departamento de Justicia. Desde mis tiempos como secretario de esta agencia hasta el presente he visto como estos profesionales del derecho dan lo mejor de ellos para defender las víctimas y para asegurar que se haga justicia. Es necesario que estos trabajadores estén bien compensados para garantizar que mantenemos un equipo de trabajo robusto y comprometido con la verdad y la justicia”, sostuvo Pierluisi Urrutia.

Por otro lado, el mandatario convirtió en ley el proyecto de la Cámara 1281, para que la Universidad de Puerto Rico (UPR) pueda, de manera inmediata, realizar compras y subastas de bienes y servicios no profesionales sin la mediación de la Administración de Servicios Generales (ASG).

En un memorando, la UPR expuso su aval a esta pieza legislativa porque con la nueva ley no se duplicarán procesos administrativos redundantes que incidan en aumentar los costos de su operación, dilaten los procesos y le deje sin acceso a fondos externos incluyendo los de investigación y recuperación.

Asimismo, Pierluisi firmó el proyecto de la Cámara 1203, para respaldar, mediante ley, que el Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR), sus federaciones afiliadas, las organizaciones bajo su jurisdicción, así como las entidades receptoras publiquen anualmente, en la página de Internet del COPUR o en las propias, sus estados financieros auditados y planillas contributivas.

Además, los estados financieros, que se presentarán en o antes del 30 de junio del año siguiente al que corresponden, se deberán presentar al Departamento de Recreación y Deportes (DRD), la Asamblea Legislativa y a la Oficina del Contralor.

El primer ejecutivo del país también convirtió en ley el proyecto del Senado 1015, que crea la Ley de Antidopaje del Deporte Puertorriqueño, presentado por petición del COPUR y del DRD.

Ante esto, según la medida, se crea una organización antidopaje para que establezca un programa que proteja la salud de los deportistas y les ofrezca la oportunidad de que persigan la excelencia sin el empleo de sustancias y métodos prohibidos.