Demandantes alegan junte de manufactureras y PBM para inflar el precio.

El fiscal general del estado de Kansas presentó la pasada semana una demanda contra los principales fabricantes de insulina y administradores de beneficios farmacéuticos (conocidas por sus siglas en inglés como “PBM”) por presuntas violaciones de la Ley de Protección al Consumidor. La demanda alega que los demandados mantuvieron un esquema de precios que infló el costo de producir insulina, lo que obligó a los pacientes con diabetes a elegir entre racionar sus medicamentos para estirar sus dólares de atención médica o prescindir de la insulina y correr el riesgo de complicaciones potencialmente mortales.

Las empresas nombradas en la demanda incluyen Eli Lilly and Company, Sanofi-Aventis U.S. LLC cuyas subsidiarias manufacturan insulina en Puerto Rico y Novo Nordisk Inc. que opera una planta en Carolina del Norte. Estas tres empresas representan el 99% de la insulina que actualmente se vende en el mercado estadounidense y Puerto Rico. La demanda apunta a que la competencia entre las marcas y el interés de generar grandes ganancias, provocan negociaciones que van en contra de los pacientes.

También se nombran en la demanda a varios PBM que tienen o intentan tener relaciones comerciales en la isla, como CVS Health Corporation, CVS Pharmacy, Inc., Caremark Rx, LLC, Caremark, LLC, CaremarkPCS Health, LLC, Medco Health Solutions, Inc., y OptumRx, Inc. entre otras. Los PBM se comportan como intermediarios entre los fabricantes de medicamentos y las farmacias para negociar los precios de sus productos. Esos fabricantes buscan que sus productos estén incluidos en los listados de drogas preferidas y los formularios que controla el PBM, por lo que ofrecen reembolsos a los PBM que pueden retener o transferir a sus clientes. Esta táctica propende a negociaciones que están más a favor de generar mayores ganancias de reembolso, que a la búsqueda de un costo neto más bajo para los pacientes. Sepa usted también, que este modelo de pagar reembolsos a los PBM viene operando en Puerto Rico en el programa Vital por más de 10 años. Principalmente con fondos públicos, se devuelven millones de dólares al PBM que administra la cubierta de farmacia para los beneficiarios suscritos en la Administración de Seguros de Salud (ASES).

La demanda alega que el esquema de fijación de precios de la insulina por parte de los fabricantes demandados perseguía lograr acceso al listado de drogas preferidas de los PBM para tratamientos a pacientes diabéticos solamente cambio del pago y no a la calidad del producto. Según la oficina del fiscal general “los demandados aumentaron sus precios de manera artificial y voluntaria y luego pagaron en secreto una parte significativa de ese aumento artificial a los PBM”. Una vez en el listado, los médicos tendrían acceso a recetarlos y el paciente a recibirlos pagando unos copagos exorbitantes.

Expertos en la industria apuntan a que estos esquemas son comunes en la industria y que posiblemente otras jurisdicciones radicaran demandas similares. Las prácticas de reembolsos y formularios manipulados contribuyen a la opinión pública negativa de los PBM y los intentos infructuosos de regular esta industria.

La insulina puede ser conseguida en el mercado principalmente como un producto de marca. El alto costo de la insulina de marca hace que sea cada vez más difícil utilizarlos para el creciente número de pacientes diabéticos que dependen de este medicamento para salvar sus vidas. Por años, los pacientes han solicitado sustituir sus medicamentos de marcas por opciones bioequivalentes o por otros tratamientos, lo que ha motivado a las manufactureras a idearse estrategias para mantener su flujo de ventas. Como parte de estos esquemas, las manufactureras ofrecen descuentos al paciente y los pagos de reembolsos a las aseguradoras y los PBM que motivaron la demanda.

El efecto de estos trucos comerciales es obvio. Entre los años 2014 a 2019, el precio promedio de las insulinas aumentó sustancialmente. El precio promedio por unidad de insulina aumentó un 54%, de $0.22 a $0.34 y con los efectos de la inflación se espera que continúe en aumento hasta finales el año 2023.

En Puerto Rico, la diabetes es la tercera causa de muerte. Hace unas semanas la empresa de tecnología de salud Abartys Health y la Asociación Puertorriqueña de la Diabetes publicaron un estudio sobre la prevalencia de diabetes en Puerto Rico. Según los resultados obtenidos, para el año 2021, Puerto Rico tuvo una prevalencia estimada de diabetes de sobre el 19.3% de los adultos de más de 20 años. Se informó también que la prevalencia estimada para el año 2022 hasta el mes de septiembre ya alcanzaba el 20% lo que supera la prevalencia de la condición en los Estados Unidos.

Así pues, mientras más puertorriqueños son diagnosticados con esta enfermedad, más las empresas que manufacturan y aquellas que gerencian el despacho de la insulina buscan allegarse mayores ganancias.