El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia dijo además que aún con esta determinación "se puede cancelar el contrato si incumple con sus obligaciones".

El gobernador Pedro R. Pierluisi Urrutia informó hoy, al límite del plazo establecido para el vencimiento del contrato de LUMA Energy, que la privatizadora continuará bajo el vínculo suplementario hasta que se culmine el proceso de la quiebra y desestimó que pudiera prosperar un litigio en tribunales por el caso.

Además, informó que después de que este año la empresa cobrará $115 millones de dólares, para el próximo hay un “ajuste”, estipulado en el contrato, que aumenta a $122 millones el dinero que recibirá el consorcio, que en declaraciones escritas indicó que en 18 meses de gestión había tenido “logros históricos”.

El primer ejecutivo del país aseguró asimismo que “los términos del acuerdo y compensación se mantendrán igual que al presente” y opinó que "los hechos están ahí", en referencia a los logros que LUMA Energy califica de "históricos", pese a los apagones y las alzas en la factura de la luz y que se reportaron en lo que lleva la empresa de gestión.

"Para fijar responsabilidades no es justo estar generalizando. Hablan de alzas, pero la última fue a la baja. La octava fue a la baja. Y tiene que ver directamente con el costo de combutible, decir otra cosa es mentir", acotó.

También consignó que la posibilidad de cancelar el contrato de LUMA Energy “si incumple” es una opción del gobierno, aún con la extensión del contrato suplementario que entrará en vigor mañana, “y si tiene que acudir al tribunal, lo va a hacer. Pero es un escenario que queremos evitar, porque no le conviene a nadie. Pero no está descartado. Y les recuerdo que el Negociado (de Energía) tiene la facultad de establecer métricas e imponer multas”.

Sobre la posibilidad de una cancelación, alertó sobre el alto costo de la medida, que “sería entre $300 y $600 millones de dólares”.

En cuanto al nuevo escenario -depender del fin de la quiebra para comenzar con el contrato definitivo- el mandatario señaló que, en un futuro, “si el tribunal confirma un plan de ajuste para la Autoridad (de Energía Eléctrica), entra en vigor la disposición del contrato de 15 años, firmado a mediados del 2020. En ese momento cambia la cuantía del pago a la empresa”.

Agregó que, “si por el contrario, el tribunal desestima la petición de quiebra, LUMA tendrá que seguir rindiendo sus servicios. Este último posible escenario tiene grandes riesgos para Puerto Rico y pudiera conllevar la imposición de un síndico, para asegurar los pagos a los bonistas de la Autoridad. Por eso todos queremos la transformación del sistema eléctrico a uno moderno”.

Insistió en que el futuro del contrato tiene dos caminos: “El tribunal aprueba el plan de ajuste, como ha pasado con el gobierno de Puerto Rico, o se desestima la petición de quiebra y esa es bien riesgosa, ya que pudiera conllevar el nombramiento de un síndico”.

En cuanto a los cambios que exigió a LUMA Energy -como la salida de la alta gerencia-, comentó que “eso es un asunto interno de la empresa, viene bien ese cambio. Hemos tenido quejas en el pasado, hice reclamos, hubo cierta mejora… Y elogié en su momento el trabajo que hizo Daniel Hernández como portavoz, en el paso de Fiona y hasta acá. Lo vi con buenos ojos, es conocedor del sistema eléctrico, profesional”.

Asimismo, declaró que quienes buscan la cancelación del contrato responden a la “política chiquita” y expresan “planteamientos ideológicos”, tras lo cual reiteró que esa posibilidad “es un absurdo, una pesadilla”,

Igualmente, sostuvo que esa posibilidad “resiente cualquier contratación de una entidad privada, pero aquí no hay cabida para eso. Nosotros queremos que mejore el sistema, no queremos regresar al pasado”.

Pierluisi Urrutia, en compañía del presidente de la junta de directores de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), Omar Marrero; el director ejecutivo de esa dependencia pública, Fermín Fontánez; y el secretario auxiliar de Energía de La Fortaleza, Francisco Berríos Portela, también se refirió a lo que fue la votación en esta agencia para establecer la extensión del contrato y en la que se abstuvieron los representantes del interés público (y de la Cámara y Senado).

Para el mandatario, se debía aplicar la Ley 29, ya que “no se está creando una alianza pública privada, solo se está extendiendo un acuerdo suplementario. Ese voto afirmativo no es ni era requerido” por parte de Liza Ortiz Camacho y Eduardo Ferrer Ríos, quienes se abstuvieron, pidieron la aplicación de la Ley 120 y no descartaron acudir a tribunales.

Ante esa posibilidad, Pierluisi Urrutia expresó que “siempre los tribunales estaban abiertos al pueblo. Estoy plenamente convencido de que nos asiste la razón. La postura de los miembros del interés público fue que se cancelara el contrato de LUMA y que LUMA entrara en un periodo de transición de 18 meses en el cual la AAPP tendría que comenzar todo un proceso de APP para sustituir a LUMA; ese es el escenario que yo dije que sería una locura y una pesadilla”.

El primer ejecutivo del país también reveló que “LUMA no aceptó que aplicará a partir de mañana el contrato de 15 años (que permite un sistema de bonificaciones y penalidades), ya que tenía que renunciar a los derechos que tiene bajo el contrato supletorio de no rendir servicio bajo el contrato de 15 años mientras esté la quiebra. No estuvo en posición de hacerlo”.

Para el gobernador tampoco fue aceptable “establecer un término de seis meses. No es aceptable para mí porque no hay ningún tipo de garantía que en seis meses el proceso de quiebra esté finiquitado. Es mejor atarlo al proceso de la quiebra para la reestructuración de la deuda, que es clave que se culmine. Mi visión en todo momento fue que se extendiera hasta que culmine el proceso”.

En una conferencia de prensa en el Centro de Convenciones exclusivamente para abordar el contrato de LUMA, el mandatario manifestó que “la extensión obliga a LUMA a seguir administrando (el sistema de transmisión y distribución), hasta tanto la AEE complete su proceso de reestructuración de deuda ante el tribunal federal”.

Pierluisi Urrutia descartó así comenzar “un nuevo un proceso competitivo” que para él sería “la paralización de la transformación de red eléctrica. Además, cualquier otra empresa va a querer cobrar mucho más por el mismo servicio, pues no tendría certeza de un contrato a largo plazo y podría tener serias implicaciones de la reestructuración de la deuda de la Autoridad. Esto no le conviene a nuestra gente”.