Los líderes creen en trabajar como agencia pública e implementar las energía renovable para disminuir el daño ambiental.

La Coalición Ecuménica e Interreligiosa exige, a través de una Carta Abierta y en conferencia de prensa, que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia cancele el contrato de LUMA Energy.

La Coalición planteó que el servicio de energía eléctrica es uno esencial, y constantemente se ve interrumpido por la inestabilidad en el sistema. Asimismo, el grupo religioso afirmó que Puerto Rico cuenta con el personal capacitado para trabajar en la industria eléctrica.

“Este contrato nunca debió ser otorgado por el peligro que significa un monopolio en manos privadas. Esta solicitud la hacemos conscientes de nuestra responsabilidad, y movidos por el sufrimiento que representa la ausencia y las constantes interrupciones del servicio para las personas más vulnerables de la sociedad”, expresó la reverenda Eunice Santana.

Como parte de las sugerencias para trabajar los planteamientos, el grupo religioso le recomendó al gobernador que convoque un diálogo “mesurado y transparente” con todos los sectores sociales interesados en resolver las interrupciones de LUMA. Asimismo, en la conferencia los líderes religiosos sugirieron que se implemente un sistema de energía renovable para evitar el mal servicio con LUMA, y mejorar la calidad ambiental del país.

La obispa Idalia Negrón de la Iglesia Luterana señaló que desde los desastres naturales han colaborado con personas que perdieron todo lo eléctrico, y van buscando ayuda para poder comprar enseres. No obstante, la obispa resaltó que, hasta cierto punto, es entendible que la luz se vaya durante el huracán, pero el problema es que se va constantemente y las personas pierden sus equipos eléctricos. Por esta razón, plantearon que el contrato de LUMA fue mal negociado, ya que las personas no tienen la oportunidad de reclamar sus pérdidas.

“Estamos conscientes de las implicaciones adversas que tiene esta negociación, pero de una cosa estamos seguros, que no podemos hipotecar el presente ni el futuro de las próximas generaciones. Este contrato amenaza la salud y el bienestar integral de nuestro pueblo, por un servicio deficiente, con tarifas altamente onerosas e incertidumbre social, en aras de beneficiar una compañía foránea en detrimento de toda la sociedad”, planteó la Carta Abierta.